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La Intendencia no fue solo un centro de detención y tortura, sino uno de los enclaves de la represión en Antofagasta

Por Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta

El 12 de septiembre de 1973, Eugenio Ruiz-Tagle, gerente de la industria estatal Inacesa y militante del MAPU, se entregó voluntariamente en la Intendencia de Antofagasta, luego de ser requerido por las autoridades militares. Treinta y siete días más tarde se convirtió en una de las 14 personas ejecutadas por la “Caravana de la muerte” en la quebrada El Way.

Lo que ocurrió entre ese 12 de septiembre y el 18 de octubre de 1973 fue, sin lugar a dudas, tan terrible como lo que vino después. Ruiz-Tagle fue torturado durante 11 días en la Base Aérea Cerro Moreno y trasladado luego a la cárcel pública de Antofagasta, lugar desde donde fue secuestrado, junto a otras 13 personas, por la comitiva liderada por el general Sergio Arellano Stark.

Las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de Ruiz-Tagle no soportan ninguna descripción. Le faltaba el ojo izquierdo, los dientes; tenía quemaduras en el rostro y un tajo poco profundo que le recorría todo el cuello. En esas condiciones fue entregado a su madre, en un cajón sellado que dejaba ver su rostro irreconocible a través del vidrio. Quizá lo peor de todo fue reconocer, más allá de lo reconocible, el rostro de su hijo. Es difícil imaginarlo. Difícil escribirlo sin que te tiemblen las manos.

Sobre el caso de Ruiz-Tagle quizá haga falta subrayar algo: que su infierno, así como el de muchas otras personas, se inició en la Intendencia. El mismo edificio en donde fue ejecutado Joaquín Espinoza; y en donde hace 47 años exactos fueron torturados/as Elizabeth Cabrera, Nenad Teodorovic y Luis Muñoz, antes de ser asesinados camino a Cerro Moreno. El mismo edificio desde donde, en febrero de este año, se gestó la querella en contra del joven antofagastino, acusado injustamente por el incendio del ferrocarril perteneciente a uno de los empresarios dueños de nuestro país y causante de la muerte lenta de los pobladores de Antofagasta.

Respecto de esto último, hay un detalle que parece casi una curiosidad, una anécdota tan delirante como vivir en Chile: las palabras del Ministro del Interior Gonzalo Blumel, quien declaró, refiriéndose al caso, que la Intendencia se querelló contra el joven para que no hubiese impunidad. Parece una broma de mal gusto, pero así es la violencia. Mirada con atención, la anécdota se convierte en una racionalidad histórica, en la legitimación de un ejercicio tan fundacional como el estado mismo: la producción de una peligrosidad sobre la cual descansa la represión y la violencia de estado.

Desde un punto de vista histórico, la Intendencia de Antofagasta se ha constituido como uno de los enclaves más importantes de la represión a nivel regional, tanto en el pasado como en el presente. Su historia se enlaza con las más variadas formas de la violencia política, que van desde decisiones administrativas hasta la práctica de las detenciones ilegales, la tortura y el asesinato. Respecto de su calidad de centro de detención y tortura, el Informe de la Comisión Valech estableció, en el año 2004, que la Intendencia fue un recinto en donde las personas eran citadas para ser interrogadas y detenidas, para luego ser liberadas o trasladadas a otros centros de detención. En este sentido, no resulta desencaminado considerarla como uno de los centros articuladores de la represión a nivel local, además de uno de los primeros recintos de detención y tortura en la ciudad.

Hace unas semanas, la Agrupación recibió el testimonio de JPH, ex trabajador de Inacesa y preso político del periodo, quien relata que durante la mañana del 11 de septiembre de 1973, un helicóptero militar interrumpió una asamblea de trabajadores que se congregó en las instalaciones de la empresa. Luego de algunas horas, el Coronel Adrián Ortiz Gutmann organizó un desalojo masivo de los trabajadores hasta la explanada frente al Hotel Antofagasta, en donde les comunicaron que tenían diez minutos para llegar a sus casas o, de lo contrario, serían detenidos por infringir el toque de queda.

Esa fue la última vez que muchos de los trabajadores vieron a sus compañeros de trabajo con vida. Días después varios de ellos eran detenidos en la Intendencia y trasladados luego a otros recintos de detención. Un día después, Eugenio Ruiz-Tagle se entregaba voluntariamente en el mismo lugar donde se orquestó su final.

Como Agrupación, consideramos que el reconocimiento de la Intendencia como centro de detención y tortura, consignado por el Informe de la Comisión Valech, no es suficiente para los propósitos de reparación de los crímenes de lesa humanidad. Por ello, el año pasado presentamos una solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales, a fin de conseguir su declaratoria como Monumento Hístórico, además de la colocación de una placa conmemorativa que visibilice este lugar como uno de los sitios donde se ejerció el terrorismo de estado en la ciudad.

En un día como hoy, en el que, hace 47 años, se ejecutó a los/as militantes del MIR Elizabeth Cabrera, Nenad Teodorovic y Luis Muñoz, luego de haber sido torturados en este lugar, hacemos un llamado a la sociedad antofagastina a no olvidar y denunciar públicamente la violencia de estado que se ejerció y se sigue ejerciendo en el edificio del gobierno regional. En un día como hoy, en el que recordamos a nuestros/as compañeros/as ejecutados/as y denunciamos las arbitrariedades cometidas con los/as presos/as de la revuelta, decimos con más fuerza que nunca que nada ni nadie está olvidado.

Eugenio Ruiz-Tagle
Elizabeth Cabrera