Columna: La violencia del Estado

Por María Angélica Ojeda Ago 5, 2020

La violencia de un grupo de personas que intencionalmente causa daños y agrede con palos y otros objetos a los comuneros mapuches que tenían tomadas varias municipalidades de Walmapu, es una grave muestra de la connivencia de un grupo racista y carabineros, en que las grabaciones evidencian cómo les permiten el ingreso a los recintos y se ponen de acuerdo para llevarlo a cabo. Se infringió el toque de queda, las normas sanitarias, la ley de control de armas y se vociferaron gritos racistas y discriminatorios contra el pueblo mapuche.

Lo que ha ocurrido la noche del 1 de agosto en Curacautín, Traiguén y Victoria, es una acción violenta completamente concertada y coordinada por la organización de ultra derecha denominada APRA (Asociación para la paz y la Reconciliación en la Araucanía). Un concepto de paz mal entendido por el grupo agresor. La paz no controla a los demás, se practica con tolerancia y solidaridad, considerando el concepto de reconciliación, que no es buscar la venganza, si no que generar lazos y encuentros en puntos que nos unan.

Llegar al extremo de querer ingresar al municipio con fardos encendidos para quemar a los comuneros, muestra la intolerancia y falta de respeto de otras expresiones de manifestaciones de los comuneros. Los agresores ingresan golpeando a los comuneros y quienes lograron salir fueron golpeados sin compasión. Walmapu nos debería preocupar a todas y todos, pero con consternación se comprueba la indiferencia ante los graves hechos ocurridos, sin ninguna declaración por parte del gobierno. Finalmente son las presiones de las organizaciones sociales y los videos los que los hacen reaccionar.

Nos llama la atención que los únicos detenidos son los comuneros mapuches que se manifestaban con las tomas de los municipios, en solidaridad con Celestino Córdova, con más de 90 días en huelga de hambre para exigir volver a su rewe y pidiendo real justicia para los presos políticos mapuches que han sido invisibilizados por los medios de comunicación tradicionales.

Debemos exigir que todo hecho de violencia sea investigado y perseguido penalmente, para sancionar a los verdaderos responsables de los graves hechos, a sus organizadores y a quienes participaron, con pleno resguardo a los derechos humanos de los involucrados. El Estado debe demostrar que respeta de manera irrestricta los derechos humanos de todas las personas, incluidos niños, niñas y adolescentes.

Lo más increíble es que la timonel de la UDI respalda la acción del gobierno y carabineros en los ataques que grupos civiles hicieron a comuneros mapuches. Por esta mirada de la derecha y del gobierno, que discrimina y criminaliza a los pueblos originarios, el ministro del interior debe renunciar. Es inaceptable que haya permitido estos hechos violentos estando en la zona, no interviniendo, en vez de buscar el diálogo.

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