Este martes 1 de octubre al mediodía, la comunidad atacameña Lickan Antay de Toconao (CAT) llegó hasta las dependencias del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta para presentar un recurso de nulidad contra las decisiones de la Comisión de Evaluación Ambiental que consideran «arbitrarias e ilegales».
En concreto, la comunidad acusa que las resoluciones dictadas por el organismo modificaron la línea de base de los proyectos «Estudio de Impacto Ambiental Continuidad Operacional de Compañía Minera Zaldívar» y el «Proyecto Monturaqui» de Minera Escondida, algo que, aseguran, se ha hecho de manera unilateral y que no está permitido, puesto que las evaluaciones de impacto ambiental aún siguen en curso.
Por otro lado, la agrupación solicita el inicio de un nuevo proceso de participación ciudadana, ya que estiman que hay una modificación sustantiva, por lo que es necesario un espacio para que los afectados puedan emitir su opinión.
Cuestionamientos
Felipe Lerzundi, coordinador de medio ambiente de la comunidad de Toconao, explicó que la Comisión de Evaluación Ambiental está tomando decisiones para las que no tiene atribuciones.
«Lo que está haciendo básicamente a través de la renuncia parcial -muy distinto a lo que ha manifestado la compañía- es disminuir el área de influencia, cambiar la línea base del proyecto, de esa forma conteniendo el área de influencia, disminuyendo los impactos que están siendo evaluados en el Salar de Atacama, cosa que curiosamente también buscaba el EIA que hoy sigue en evaluación», explicó.
Yermín Básques, presidente de la CAT, sostuvo que las veces que como comunidad han solicitado que se apliquen las normativas de la Ley Indígena, en el marco de los procedimientos ambientales, los han declarado «no a lugar». Sin embargo, aceptan que la Minera Zaldívar integre normas del Código Civil, lo que vulnera los derechos de los pueblos ancestrales.
«Nos parece grave que hoy día se hagan estos tratamientos, más aún cuando este servicio ya tiene cuestionamientos. Hacemos un llamado para que las autoridades, inclusive al señor Intendente que formó parte de la comisión, hagan su trabajo como corresponde. Pero lo más importante es que no violenten la institucionalidad de los procesos medioambientales», sostuvo el dirigente, advirtiendo, además, que seguirán haciendo las denuncias que correspondan.
Contraloría
El presidente del CAT manifestó que también recurrirán a la Contraloría General de la República, porque estiman que el SEA no está cumpliendo con su rol. Por su parte, Felipe Lerzundi explicó que al organismo contralor se le solicitará un pronunciamiento respecto a la actuación de la Comisión de Evaluación, ya que según sostiene, se ha tomado atribuciones que no están contempladas en la legislación vigente.
Redacción 
Valeria Ríos Guerrero