Los Consejeros Regionales (Cores) Ricardo Díaz, Sandra Pastenes y Andrea Merino, presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República, solicitando al órgano fiscalizador que investigue si las acciones del Intendente Marco Díaz en favor de la empresa Santa Marta constituyen una infracción al principio de probidad administrativa.
Lo anterior, en relación a los antecedentes que mencionan al Jefe Regional en una serie de correos que intercambió el ex ministro Pablo Longueira y el Gerente del Consorcio mencionado, en donde se da cuenta de las acciones de lobby para apurar la puesta en marcha del relleno sanitario Chaqueta Blanca en Antofagasta.
En este sentido, los Consejeros solicitaron a la Contraloría General de la República que fiscalice e investigue las comunicaciones oficiales, así como también los actos administrativos dictados por el Intendente o por los funcionarios sometidos a su control jerárquico y que tengan relación con el consorcio Santa Marta, el proyecto del relleno sanitario Chaqueta Blanca y el vertedero de La Chimba.
El escrito presentado hace alusión al reportaje del portal El Mostrador titulado “Longueira con las manos en la basura: acusado por cohecho en caso SQM regresa como lobista de Santa Marta”.
«En dicha nota, se hacen menciones a una serie de correos electrónicos, comunicaciones y lobby realizado por Pablo Longueira –como lobista del consorcio Santa Marta- ante el Ministerio del Interior y la Intendencia de Antofagasta, en específico, respecto del Intendente Marco Antonio Díaz, con el fin de favorecer el cierre del vertedero de La Chimba y la entrada en funcionamiento del relleno sanitario Santa Marta», señalan.
En el escrito los Cores dan cuenta de la serie de correos electrónicos en donde se menciona al Intendente Díaz. Uno de ellos, con fecha 7 de agosto de 2018, enviado por el gerente general del consorcio Santa Marta, Rodolfo Bernstein, al lobista Pablo Longueira, indica: “Me está llamando el intendente (Marco Antonio Díaz), debe ser por el cierre de La Chimba de hoy… en espera de la comunicación. Rodolfo”.
Se agrega otro correo, de fecha 19 de octubre de 2018, en donde Rodolfo Bernstein le indica a Pablo Longueira: “Adjunto resolución de Seremi de Salud donde confirma permiso de funcionamiento y la construcción de la piscina (de lixiviados) en un plazo de 60 días. Veremos la bajada de la noticia del intendente la próxima semana”.
Según la denuncia, en este caso se podría estar ante una infracción del principio de probidad administrativa que señala como obligaciones de los funcionarios mantener «una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado», lo que es refrendado en diversos artículos de la Ley 18.575 (Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado) y la Ley 20.880 (Sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés).