Tal como lo anunciaron, un grupo de vecinos y dirigentes de Antofagasta, se manifestaron este mediodía en el frontis de la Superintendencia de Medio Ambiente, ocasión en que entregaron una carta exigiendo a la empresa ATI que cumpla con la limpieza que ratificó la Corte Suprema y que hasta la fecha no se ha cumplido.
Cabe recordar que la Superintendencia de Medio Ambiente emitió una resolución el 9 de julio pasado, confirmando que la limpieza que ATI informó haber realizado en enero de 2018 no fue efectiva, puesto que los índices de contaminación medidos en el sector son similares a los detectados el año 2015. Por lo anterior, ordenó aplicar la limpieza y exigió altos estándares para su cumplimiento.
Sin embargo, en una resolución del 24 de agosto, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) cambió de criterio y acogió la solicitud de la empresa Antofagasta Terminal Internacional (ATI), revocando la primera resolución.
El nuevo criterio de la Superintendencia mantiene la obligación de realizar una limpieza, pero esta vez en lugar de exigirse la disminución de las concentraciones de metales pesados, la empresa deberá acreditar una disminución de la cantidad de polvo presente en las calles y veredas.
Durante la entrega de la carta en las dependencias del organismo fiscalizador, los asistentes exigieron que la empresa cumpla con una limpieza total de la zona aledaña al puerto, incluyendo fachadas y techos de las viviendas y establecimientos.
«Si la empresa dice que no puede disminuir las concentraciones de metales pesados, entonces lo que corresponde es que no siga operando, porque no tiene cómo asegurar que sus operaciones no afectarán la salud de las personas. Si no puede cumplir, se deben retirar los acopios y embarques de concentrados», afirmó Ricardo Díaz, Consejero Regional y presidente de la Comisión de Medio Ambiente.
En la oportunidad se hicieron presentes numerosos vecinos, dirigentes sociales y autoridades electas, entre ellos los Consejeros Regionales Ricardo Díaz, María Ramírez y Sandra Pastenes, el concejal Camilo Kong y la diputada Catalina Pérez.
Los asistentes anunciaron que debido a este incumplimiento estarán en alerta y no se descartan nuevas acciones administrativas y judiciales, así como movilizaciones ciudadanas.
Paula Corina Hernández