Por Catalina Pérez y Daniela Manuschevich *
La situación de crisis hídrica en el país no es un misterio para nadie. El diagnóstico acerca de la crítica situación que vive nuestro territorio en materia de aprovechamiento y uso de agua es compartida transversalmente en todos los sectores políticos. Este aparente consenso se genera en una situación de “nueva normalidad”, que incluye 179 comunas en situación de déficit hídrico, con muchas de ellas recibiendo agua en camiones aljibe a un costo promedio de 28 mil millones de pesos anuales para el fisco desde 2014 según ONEMI. Paralelamente, observamos una sucesión de denuncias en medios nacionales e internacionales contra el abuso de la industria agrícola en cuanto al acaparamiento del agua.
En este contexto, las declaraciones del Ministro de Agricultura, Antonio Walker, donde llama a realizar “una discusión técnica y no ideológica”, con el objeto de alcanzar un acuerdo nacional en la materia, nos deja perplejas. Nos causa asombro porque resulta difícil no concordar con el ministro en el fondo del asunto: la institucionalidad del agua nacional se diseñó y se ha manejado desde una ideología ortodoxa, ideología que busca ser mantenida frente a toda la evidencia técnica que demuestra sus fallas y que no entiende de los problemas que trae aparejados el cambio climático, ni tampoco del proceso de megasequía que hemos experimentado en los últimos años. Sólo amparados en una férrea convicción inmune a la evidencia empírica es que el Ministro y su sector se han negado rotundamente a modificar el Código de Aguas en sus principios básicos, los que son una causa fundamental de la actual crisis en el sector.
El exceso de ideología se ve cuando en los años 80 la Dictadura Militar entregó derechos de propiedad sobre el agua de forma gratuita a todo titular que la pidiera, sin siquiera realizar un estudio serio sobre la disponibilidad de ésta. Así se separó el agua del uso de la tierra, cuando el consenso científico y técnico, como lo muestra una revisión somera a cualquier libro de hidrología, plantea que ambos están profundamente vinculados. Sin embargo, la ceguera ideológica de asignación de derechos de propiedad y la transacción irrestricta de esta nueva “mercancía” en el mercado hace hoy imposible un manejo racional del vital recurso. De esta forma, se insiste en el eslogan de la seguridad jurídica, como si las leyes fueran capaces de generar agua por sí mismas. La seguridad jurídica no está dada por lo que se escriba o se deje de aprobar en una ley, sino que surge por la interacción entre las condiciones naturales del bien y la institucionalidad, como tan claramente lo indicó la Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom.
El mismo exceso de ideología se aprecia cuando, a pesar de ser el agua nominalmente un bien nacional de uso público, no se ha podido modificar el código de aguas alegando problemas de constitucionalidad. Lo que la ley escribe con la mano lo borra la Constitución con el codo mediante el polémico inciso final del N° 24 del Art 19, que entrega rango constitucional a los derechos de propiedad sobre el agua. Son los cambios a esos preceptos los que se defienden amparados en la ideología irreflexiva frente a la evidencia de la crisis hídrica.
El Ministro se esconde bajo los agricultores productores de alimentos para negar una reforma que no tiene por qué afectar a quienes los producen, pero si debe priorizar socialmente el uso del agua. Analizando la comentada situación de las paltas de exportación, en Petorca hay agua para su producción destinada mayoritariamente a mercados foráneos, pero no para sus habitantes, cuya necesidad de consumo riñe con la defensa irrestricta de la propiedad sobre el agua a todo costo. Los agricultores lo ven, lo saben, pues observan día a día como se trata a los exportadores y como se les trata a ellos. Ven las desigualdades de trato que nacen desde la Constitución y continúan en la postulación a proyectos de inversión. Este sistema, hoy le niega a muchos agricultores el sustento para sus actividades productivas.
En este mismo sentido estamos de acuerdo con el uso de tecnología, pero tecnología adecuada a las condiciones de Chile, con información actualizada disponible y transparente, pues es sabido que los organismos estatales no cuentan con los fondos suficientes para monitorear de manera adecuada la calidad y cantidad de recursos hídricos en Chile.
Esperamos que el Ministro Walker y su sector político dejen de simplificar la realidad, la modificación al código de agua no busca afectar a quienes efectivamente dependen del agua para vivir, si no a quienes abusan de ésta, mientras sus vecinos no tienen agua sus necesidades básicas. Frente a las declaraciones del ministro afirmamos la necesidad de que la prioridad del uso del agua sea para el consumo humano y que avancemos hacia una administración racional en la situación actual de este bien común esencial para la vida. Eso requiere de una evaluación del ajuste que existe hoy entre la institucionalidad y la realidad, considerando los altísimos costos sociales y económicos que pagamos los ciudadanos y el Estado para mantener posturas ideológicas ortodoxas. Les solicitamos ser responsables en este punto, evitando las simplificaciones ideológicas.
- Catalina Pérez, Diputada (RD) Distrito 3. Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
- Daniela Manuschevich, Profesora de pregrado de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; Licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, Doctora en Políticas Ambientales (SUNY- ESF) State University of New York College of Environmental Science and Forestry.
Valeria Ríos Guerrero