El centro social «Hijos y Amigos de María Elena» denunció el incumplimiento de los acuerdos adoptados por el Concejo Municipal de Antofagasta, respecto al uso de la sede social que ocupaban desde el año 2010 en calle Colombia y que fue entregada en comodato a la Junta de Vecinos N°36 Salar del Carmen.
De acuerdo a lo señalado por la directiva, «en sesión de concejo del 10 de mayo de 2017 se determinó la entrega en comodato del segundo piso del inmueble donde se ubica la sede vecinal Salar del Carmen. Junto con esto, se estableció que nuestro Centro Social Hijos y Amigos de María Elena podría seguir utilizando las dependencias que ocupamos desde el año 2010, y para lo cual, el contrato de comodato, debía determinar los días y horas en que nuestra organización podría utilizar las instalaciones».
Sin embargo, la agrupación denuncia que «lamentablemente, se ha incurrido en una ilegalidad, toda vez que no se está respetando un acuerdo adoptado en una sesión ordinaria del Concejo Municipal de Antofagasta».
«En estos momentos existe una orden de desalojo por parte de la Municipalidad de Antofagasta. No obstante, desde el 15 de septiembre del año 2017 no podemos acceder a la que fue nuestra sede, ya que sin consulta previa la autoridad comunal en conjunto con la directiva vecinal, cambiaron las chapas de ingreso, sin poder retirar nuestros bienes».
Regionalista.cl accedió al documento donde se les ordena el desalojo a los pampinos, a pesar del acuerdo del concejo. El documento está firmado por el abogado Juan Enrique Jara, en representación de Organizaciones Comunitarias del Dideco de la Municipalidad de Antofagasta. Jara acaba de asumir como nuevo Seremi de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Regional.
«Hacemos públicos estos hechos, para denunciar el accionar ilegal de la directiva de la junta de vecinos N° 36 Salar del Carmen, en complicidad con la Municipalidad de Antofagasta, quienes no están respetando el acuerdo adoptado al momento de entregar en comodato el inmueble ubicado en calle Colombia, apropiándose indebidamente de las pertenencias del Centro Social Hijos y Amigos de María Elena», reclaman desde la agrupación.
La organización pampina emplazó a la alcaldesa Karen Rojo para que desista del desalojo y respete el comodato que fue entregado el año 2010, cumpliendo con lo establecido en la ley 19.418, que establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.
«También exigimos que se respete lo requerido por 2/3 de los concejales que consideran que se ha cometido un abuso y que se debe respetar el comodato, ya que somos una organización que ha demostrado con hechos concretos el trabajo realizado. Somos patrimonio viviente de la cultura pampina», concluyen.
Cabe señalar que la mayoría de los integrantes del «Centro Social Hijos y Amigos de María Elena» son adultos mayores, quienes esperan una respuesta de las autoridades.