Mediante un comunicado, la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile y la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta, reiteraron su respaldo al proyecto de ley de Royalty Minero e hicieron un llamado a la pronta implementación de esta iniciativa.
Esto, tras la aprobación en el Senado de la propuesta, restando solo la aprobación de la Cámara de Diputados y Diputadas para que comience a regir.
«Ante la aprobación del proyecto del royalty minero por parte de la Comisión de Hacienda del Senado, la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile, AMUNOCHI, que reúne a 22 comunas de la macrozona norte y la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta, AMRA, que agrupa a la totalidad de las comunas de la Región, espera que no se modifique el texto legislativo en el marco del último o tercer trámite al que será sometido en la cámara de diputados y diputadas. Al mismo tiempo nos interesa que el reglamento salga lo más rápido posible con el propósito de viabilizar la ley», indicaron.
«Desde un primer momento las comunas de la Macrozona Norte, que concentra a los principales yacimientos mineros y su cadena productiva que desemboca en los puertos, estuvieron expectantes de los avances del proyecto de royalty minero, considerando los beneficios directos que traerá para las comunas y sus habitantes», agregaron.
Al mismo tiempo, advirtieron que han visto con preocupación que, en el marco de las negociaciones, se redujo en tres oportunidades la carga tributaria que pagarán las grandes mineras: «La propuesta del Ejecutivo fue de una carga máxima de 50%. Luego fue reducida a 48% y después de negociaciones a 47%, hasta a alcanzar el 46,5% actual», precisaron.
Desde las organizaciones que agrupan a los municipios del norte de Chile recalcaron que el royalty minero entregará a las regiones y comunas mineras US$ 450 millones de dólares aproximadamente, recaudados por este tributo.
«Este monto se descompone en el Fondo Regional para la Productividad Regional, US$ 225 millones; Fondo para las comunas mineras, US$ 55 millones y para el Fondo de Apoyo para la Equidad Regional, US$ 170 millones», explicaron.
«Hacemos un llamado a legislar poniendo como centro de las decisiones, los intereses del país y su gente, por sobre cualquier otra consideración. No corresponde continuar dilatando beneficios tan trascendentes para las comunas y el país», concluyeron.
Paula Corina Hernández