Al cumplirse tres meses desde que comenzó el estallido social en la región de Antofagasta, Regionalista.cl conversó con la Defensora Regional, Loreto Flores, para conocer el balance de la institución, tras más de 90 días de movilizaciones.

«En un comienzo, desde el 19 de octubre, se produjeron detenciones todos los días. En un principio hubo criminalización de la protesta social. Teníamos muchas personas que eran manifestantes, la mayoría pacíficos, estudiantes, que nunca habían pasado por el proceso penal», indicó la profesional.

Tras esos primeros episodios, la Defensora Regional recuerda que posteriormente se produjeron «atentados, que se pueden decir incendiarios, a algunos inmuebles, lugares emblemáticos de la ciudad, donde claramente cambió el foco de las personas a las cuales atendíamos. También vimos casos de saqueos».

Desproporción y criminalización

Sin embargo, en las últimas semanas, se ha advertido nuevamente la detención de numerosos manifestantes y lo que la profesional califica como un «inicio de criminalización».

«Lo que hemos visto ahora es que ha existido, discontinuamente -porque no es todos los días-, nuevamente la detención de personas manifestantes, lo que no se había visto en el último tiempo. Eso nos preocupa, porque justamente esas personas son las que después no pasan por el proceso penal, porque quedan en libertad», advirtió Flores.

«Entonces, todo el trámite de estar detenidos en una comisaría, para luego quedar citados eventualmente por una falta penal, creemos nosotros que significa una desproporción en la persecución penal y el rol de los efectivos de Carabineros, respecto a hechos que desde nuestra óptica son mucho más graves», agregó.

Detenciones ilegales

La Defensora Regional comenta que «cuando las personas son detenidas por manifestaciones quedan en libertad y ahí es casi imposible determinar una ilegalidad, porque para que exista tiene que pasar por el Juez de Garantía. Y hay un porcentaje grueso de personas que no pasa por el Juez de Garantía».

«Hemos aumentado en más de un 300% el número de personas cuyas detenciones son declaradas ilegales ya en el proceso penal. Es decir, después de este filtro. Es un número altísimo, lo que quiere decir, claramente, que en algunos casos no existen los antecedentes fundados ni siquiera para llevarlos al Juez de Garantía», advirtió.

«Esto da cuenta de que detrás de esto lo que hay es un proceso social. Pero no estamos hablando de los destrozos, los saqueos o los incendios. Aquí estamos hablando de la manifestación propiamente tal y eso da cuenta de un inicio de criminalización de este proceso, lo cual no vemos con buenos ojos, porque las cifras nos dan cuenta, a través de las declaraciones de ilegalidad, que no son hechos ilegales», afirmó.

Cabe señalar que la Defensoría Penal Pública de la región de Antofagasta ha estado todos los días, desde que comenzaron las protestas, presente en las comisarías. «Y seguiremos estando», confirmó Loreto Flores.

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