La acusación constitucional presentada esta semana en contra de los tres ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, por el otorgamiento de libertades condicionales a siete criminales de lesa humanidad, fue firmada por la diputada de la Región de Antofagasta, Marcela Hernando (PR), además de los diputados Jaime Naranjo (PS), Tomás Hirsch (PH), Ricardo Celis (PPD), Gabriel Boric (MA), Miguel Crispi (RD), Daniel Núñez (PC), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Carmen Hertz (PC) y Raúl Soto (DC).

La diputada Marcela Hernando (PR) señaló que la presentación es «tremendamente importante, porque si bien la oposición suele unirse para hacer acusaciones constitucionales, ha habido varias, es la primera vez que en representación de todas las bancadas de la oposición hemos concluido a decir no a la impunidad, precisamente eso es lo que queremos hacer».

«Esto no es una interferencia con algún poder del Estado, lo que pretende es hacer un juicio político de una actuación política, en la cual los jueces no oyeron los mandatos  internacionales al respecto y para mi es un orgullo estar en representación de la bancada radical y del radicalismo como vicepresidenta», agregó.

Detalle de la acusación

La diputada Carmen Hertz (PC) explicó que el libelo consta de dos capítulos: «Uno que apunta a la falta de convencionalidad que los magistrados están obligados en materia de DDHH y que un fallo contra el Estado de Chile, como lo es Almonacid Arellano contra el Estado de Chile, estableció como imperativo, que es el ajustar los fallos al orden internacional en materia de Derechos Humanos».

La parlamentaria agregó que el segundo capítulo de la acusación sostiene que al entregar las libertades condicionales sin concurrir los requisitos que el orden internacional impone, evidencia «una forma enmascarada de impunidad. La impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad y del genocidio, está prohibida por el orden internacional. Se están infringiendo con esto, elementos que son sustantivos de la función jurisdiccional», detalló.

Impunidad

Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, indicó que «nos parece realmente violento, cuando en este país se ha instalado la impunidad, porque hay jueces que se sabe que están pasando a llevar los convenios y tratados internacionales, porque los crímenes de nuestro familiares, las condenas que les han dado, son de crímenes comunes».

Finalmente, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, agradeció la determinación adoptada por la oposición para cursar en forma unitaria la acusación. «La impunidad tiene un gran riesgo, que es la repetición del genocidio. Cuando uno escucha opiniones de ministros, que dicen que esta es la intervención de un poder del estado en relación a la autonomía del otro… En esa lógica cuánto hubiésemos querido que en dictadura hubiese existido un parlamento para censurar los miles de recursos de amparo que nuca acogió el poder judicial. La autonomía de un poder del Estado tiene un límite y es cuando ese poder no cumple su función, que es lo que hizo la Sala Penal de la Corte Suprema».

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