Imagen de archivo

Antofagasta es la segunda ciudad con más detenidos durante los meses del estallido social, pausado por la pandemia del COVID-19, pero que sigue latente en diversos sectores de la comuna y la región. De los presos, hay quienes están siendo investigados sin pruebas contundentes que los culpen.

Actualmente 19 personas se encuentran en prisión preventiva y dos condenados por la ley antibarricadas están privados de su libertad en la Cárcel del Nudo Uribe de Antofagasta. Además, dos menores de edad están en internación preventiva en recintos del Sename. Todos ellos fueron detenidos en el contexto de las movilizaciones sociales que comenzaron el 18 de octubre en el país.

La agrupación por la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta es una de las organizaciones de la región que ha estado preocupada de la condición de los detenidos, brindando apoyo a las familias de los presos y solicitando la intervención de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Hace una semana, Providencia sostuvo una reunión con el jefe regional del INDH, Paulo Palma, con quien acordaron realizar una visita a los detenidos en Nudo Uribe para constatar la condición en que se encuentran y elaborar una minuta de esta visita para enviarla a los Consejeros Nacionales del INDH y que se reconozca la condición de presos políticos como un hecho judicial y político. Además de la visita, se acordó elaborar un listado oficial de las personas que se encuentran en prisión preventiva y condenadas, en el contexto de la revuelta social en la región.

Regionalista.cl conversó con Camila Vargas, presidenta de la organización, quien relató que actualmente se encuentran “generando una lista única de los presos políticos, pues había una hecha por la Coodinadora Anticarcelaria Pampa Libre y otra por Gendarmería, para coordinar la reunión con cada preso”. Por otro lado, la visita a Nudo Uribe se ha cancelado, debido a que “se han confirmado casos positivos de COVID-19 en la cárcel, por lo que tendremos que hacer una videoconferencia con los imputados, que esperamos sea la próxima semana”.

Sobre la presencia de representantes regionales apoyando a las personas afectadas y sus familias, Camila Vargas confirmó que “no hay autoridades locales que se hayan hecho parte o que se hayan comunicado con nuestra organización para hablar sobre el tema de los presos políticos”.

Por otro lado, la dirigenta descata que desde la comunidad “han demostrado bastante apoyo a la demanda de la liberación de los presos políticos de la revuelta, y se está avanzando en concientizar a las personas de que en nuestro país hay presos políticos y es un hecho que no podemos negar, junto a que en Chile la prisión preventiva es un tipo de prisión política”.

La Presidenta de la Agrupación Providencia reflexiona sobre la persecución hacia quienes han participado en las movilizaciones sociales: “Hay que entender que como esto pasó recientemente y fue tan brutal, la represión sistemática se visibilizó más, pero no es algo nuevo del Estado de Chile, quien tiene grandes deudas en materias de Derechos Humanos”.

“Nosotros como organizaciones relacionadas al tema, como también hace la Coordinadora Pampa Libre que trabaja con las familias de los presos, y el resto de la comunidad, debemos visibilizar y denunciar estas situaciones para que no sigan ocurriendo nunca más, a nadie más”, concluye.

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