El pasado 17 de septiembre, y como es sabido por todo Chile, la corte de apelaciones de Antofagasta, a razón de un recurso de protección interpuesto por María Angélica Ojeda González, luego de la negativa de CUPRUM respecto a devolver sus fondos de pensiones, tomo una decisión relevante, solicitando de manera histórica al Tribunal Constitucional pronunciarse respecto a dos temas: El derecho a la seguridad social por un lado, y además el derecho a la propiedad de los ahorros, lo que se traduce concretamente en un cuestionamiento a la legalidad del decreto que crea las aseguradoras de fondos de pensiones (AFP).
A mi juicio, debemos tener claro que si bien es cierto este hito ha roto los esquemas más tradicionales en el funcionamiento del poder judicial en nuestro país, no podemos entenderlo solo desde la incertidumbre y el análisis del derecho, pues muchos hemos asumido que el Tribunal Constitucional (TC) -como instrumento político defensor de la constitución política de la república y con ello de intereses particulares de un sector político y económico de nuestro país- tomará la posición que en muchas ocasiones ha tomado, cumpliendo de esta manera con su rol político: Defender los intereses de los más poderosos, poniendo en cuestión cualquier intento que signifique avanzar en derechos sociales e incluso valóricos, pasando incluso por encima de instituciones que intentan ser una expresión de la democracia en Chile, como el congreso.
El hecho de que la profesora María no solo representa una estrategia política del Movimiento No + AFP que puso en contradicción a las propias instituciones del estado, si no que además una vida de lucha por la justicia social, debe hacernos necesariamente reflexionar sobre la batalla que debemos dar al calor de la efervescencia social que tiene en jaque a las AFP, sus dueños e incluso al propio gobierno, y que hoy lidera la dirigenta del Colegio de profesores de Antofagasta. En este sentido, es necesario que la definición que próximamente tomará el tribunal constitucional no sea el final de este episodio que tiene despierto a todo un país, si no que todo lo contrario: El comienzo de una de las batallas más importantes que tenemos pendiente en Chile.
Por esto es que la acción que se realizó en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y que hoy espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional debe hacernos poner en el centro e la discusión nacional dos cosas: Primero, entenderse completamente como una acción estratégica, pues el debate de fondo no debe centrarse en el retiro de los fondos de los pensionados, si no que en algo más estructural. Hablamos de un nuevo modelo de pensiones que sea justo, basado en la cooperación intergeneracional, tripartito y solidario, y que logre de manera efectiva asegurar el derecho a la seguridad social, consolidando todas las posibilidades de que los chilenos y chilenas logren vivir la vejez de una manera digna.
Pero además de todo esto y como segundo punto relevante, creo que es necesario profundizar la discusión sobre el problema de fondo a propósito de la barrera que significa el Tribunal Constitucional para los avances en relación a derechos sociales. Y en ese sentido es bueno tomar en cuenta que la problemática no nace solo en la existencia de un TC, si no que en los intereses que este defiende y a través de qué mecanismos. Por eso, hoy más que nunca debemos entender cual el problema real y cual es la lucha que nos queda, la más importante, la que debe incluir a todos y todas, la que debe unirnos: La lucha por un Chile con una Nueva Constitución.
Redacción 
Paula Corina Hernández