Este miércoles 18 de octubre se cumplirán 4 años desde que Chile vivió un estallido social sin precedentes, con masivas movilizaciones, seguidas de una brutal y sistemática represión policial y militar ordenada por el gobierno de Piñera. Miles de detenidos, heridos, mutilados oculares y fallecidos, fue el saldo de aquella explosión colectiva de rabia contenida, tras años de abusos e injusticias.
A pesar del tiempo transcurrido, las causas que motivaron el despertar de la comunidad, siguen vigentes y sin resolverse. La propuesta de nueva Constitución que buscaba -en parte- atender los cambios más urgentes, emanada de una Convención elegida democráticamente, fue rechazada en septiembre de 2022, en medio de una campaña de mentiras y manipulación de información liderada por sectores de ultraderecha.
Solo si analizamos las motivaciones que dieron lugar al estallido social desde nuestra región, podemos afirmar con certeza que las desigualdades siguen presentes. Hoy el déficit habitacional que se estimaba en alrededor de 22 mil viviendas ha aumentado a 36 mil en nuestra zona.
La contaminación industrial nos sigue recordando que somos una zona de sacrificio, con graves impactos en los ecosistemas y en la salud de las personas en Tocopilla, Calama, María Elena, Mejillones, Antofagasta, Taltal, Sierra Gorda, San Pedro de Atacama y otros rincones de nuestra región.
La minería, una de las principales fuentes de impacto ambiental de manera directa e indirecta, mantiene una deuda con la región y hasta la fecha no se ha hecho cargo de sus impactos negativos en la calidad de vida de los habitantes y en el tejido social. Tal parece que solo nos encontramos con lavados de imagen a través de «aportes» y «donaciones», además de supuestos pactos sociales mediante estrategias lideradas por interesados organismos internacionales y sin considerar la participación vinculante de las organizaciones sociales del territorio.
Para qué hablar de las brechas en educación, salud y pensiones. Tanto es así, que los resultados de la última encuesta Casen revelaron que la región de Antofagasta mostró un aumento en los indicadores de pobreza multidimensional.
En relación al proceso de descentralización, el inescrupuloso actuar de un grupo de autoridades en el llamado «caso convenios», se convirtió en la excusa perfecta para imponer nuevas restricciones a la autonomía de las regiones, lo que se está convirtiendo en un lamentable retroceso.
A 4 años del estallido social también han quedado en evidencia las desigualdades a la hora de aplicar la justicia. Mientras los jóvenes acusados de diversos delitos en el contexto de las movilizaciones debieron someterse a extensas prisiones preventivas, con una fiscalía «ágil» y «eficiente» a la hora de perseguir estos casos; los agentes del Estado acusados de violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo golpizas, torturas y otro tipo de vejámenes, se encuentran gozando de una total impunidad.
A esto hay que sumar las irregularidades que han rodeado muchos de estos casos, con policías infiltrados, interrogatorios mediante coerción, montajes y sesgos en el actuar de fiscales, policías y jueces, lo que ha demostrado que en Chile y en nuestra región tenemos una justicia para los poderosos y otra para los ciudadanos de a pie.
Ya quisiéramos ver actuar al aparto policial y judicial con la misma agilidad con que persiguieron a quienes se manifestaron, pero para perseguir a los narcotraficantes, a los corruptos o a los depredadores sexuales.
A 4 años del estallido social, debemos preguntarnos: ¿Cuándo se atenderán las profundas injusticias y desigualdades que vive nuestra sociedad?
Redacción 
Paula Corina Hernández