Con la llegada del mes de marzo y la reactivación de las movilizaciones sociales en distintas comunas de la región de Antofagasta, ha quedado al descubierto el actuar represivo de Carabineros en contra de los manifestantes.
Calama, Antofagasta, Tocopilla y Mejillones han sido las comunas más golpeadas por el abuso policial en los últimos días.
En Mejillones un estudiante de 4° medio recibió un disparo de perdigones y perdió la visión en su ojo izquierdo. Una situación similar ocurrió en la población La Bonilla de Antofagasta, con una menor que resultó con trauma ocular y otro menor con un impacto en su cabeza.
A esto se suman numerosos detenidos en las 4 comunas que han realizado movilizaciones en los últimos días, en donde los estudiantes secundarios han sido uno de los grupos más agredidos por las fuerzas de orden.
Responsabilidad de mando
Pero, ¿quién es el responsable jerárquico de estos graves abusos y atropellos? Si bien cada Carabinero tiene una responsabilidad penal personal por el delito que comete, existe una responsabilidad de mando.
En el caso de nuestra región se trata del General de zona de Carabineros, Rodrigo Medina Silva, máximo responsable de la actuación de sus efectivos.
El «prontuario» de Rodrigo Medina
Rodrigo Medina Silva asumió su cargo el 20 de diciembre de 2019 y desde que ocupa el mando en la región han ocurrido múltiples violaciones a los Derechos Humanos: Una periodista recibió perdigones en su boca, fotógrafos y comunicadores han sido detenidos ilegalmente y agredidos, ha habido torturas y golpizas, interrogatorios a personas detenidas, personas baleadas, detenciones arbitrarias y montajes para justificarlas, etc.
Tal parece que el apoyo con que cuenta el General por parte del Intendente Edgar Blanco y la pasividad del Poder Judicial en la región, lo han envalentonado para continuar avalando el actuar abusivo e ilegal de sus Carabineros.
Sin embargo, desde distintos espacios se están haciendo esfuerzos por perseguir la responsabilidad política y legal de todos quienes han ejecutado, avalado o permitido que se cometan violaciones a los Derechos Humanos en la región de Antofagasta.