Por medio de un comunicado público, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes denunció que la gestión del Gobierno Regional de Antofagasta y la del General de zona han sido deficientes, señalando que la autoridad local ha aplicado una política de desprotección, eludiendo su responsabilidad, pese a las solicitudes de los colectivos migrantes y la sociedad civil.
En el comunicado se señala la precaria situación que han vivido ciudadanos peruanos, bolivianos y colombianos que se encuentran varados en la región de Antofagasta esperando volver a su país de origen.
Macrocampamento Los Arenales
“Denunciamos que 65 ciudadanos/as de Perú fueron derivados/as informalmente por funcionarios de la propia Gobernación de Antofagasta para que busquen “cobijo” en una organización de la sociedad civil, siendo recibidos/as por el Macrocampamento Los Arenales”, se indica en el comunicado.
Frente a esta medida del Gobierno Regional, la presidenta de la Colectividad peruana y vocera del Macrocampamento Los Arenales, Elizabeth Andrade, manifestó su desconformidad: «El estado ha ordenado a los vecinos peruanos que vengan a nosotros que somos parte de una sociedad civil, no corresponde. No puede ser, es un derecho y se están desligando de las personas, porque son migrantes», indicó.
“El jefe de zona dice que se tiene que preocupar de los chilenos. ¿Qué le pasa? Estamos hablando de personas, porque este virus, esta pandemia no mira color ni raza, ataca y mata, entonces de qué estamos hablando”, agregó la dirigenta social.
En el mismo comunicado se indica que los habitantes de campamentos pueden correr un mayor riesgo con la pandemia, ya que hay más probabilidades de brotes de contagio, pues las autoridades de salud no han adoptado las medidas de prevención y sanitización en esta población.
Cuestionamientos al Plan de Repatriación
En el mismo comunicado se denuncia que el Plan de repatriación Ordenado y Seguro promovido por el Gobierno y lazado para ciudadanos colombianos esconde una cláusula que obliga a quienes se acojan a no regresar a Chile en 9 años. “No es una medida de protección, sino de expulsión y constituye una flagrante violación de derechos, dado que la mayor parte de las personas afectadas vio limitado su derecho de libre movilidad por circunstancias extraordinarias del cierre de fronteras por la pandemia”, indican.
A esta medida también se refirió la dirigenta del Macro campamento Los Arenales, considerándolo como una “expulsión” y señalando que a nadie se le puede negar el derecho a migrar: “Estamos viviendo una pandemia mundial, la gente cuando no tiene la seguridad de un trabajo, un hogar y una familia, lo que más quiere es acudir a los suyos, pero no por eso podemos comenzar a inventar leyes y negar el derecho a emigrar. A nadie se le puede negar el derecho a migrar, es un derecho universal”, expresó.
Frente a este comunicado, algunos parlamentarios se pronunciaron. Marcela Hernando, Diputada del Partido Radical, pidió al Gobierno Regional resolver la situación actual de los ciudadanos migrantes en la región: “Es urgente que el Gobierno Regional de Antofagasta resuelva la situación de decenas de personas latinoamericanas en Antofagasta, que en extrema vulnerabilidad esperan ser repatriados a sus países de origen. ¡No nos olvidemos!”, indicó.
La Diputada Catalina Pérez, de Revolución democrática (RD), manifestó su preocupación por la crisis humanitaria que están viviendo miles de extranjeros en Chile: “Se agrava la crisis humanitaria que mantiene varados a miles de extranjeros en Chile. En Antofagasta hablamos con el Cónsul, dirigentes, municipio y se consiguió un liceo como posible albergue, pero estas gestiones no bastan si el Gobierno no hace su parte”, advirtió.
En la misma línea, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, llamó al Gobierno Regional a actuar a la brevedad y disponer de albergues y la atención necesaria para las familias de migrantes: “Quiero hacer un llamado a la autoridad regional. Hoy hay un centenar de seres humanos, hermanos latinoamericanos que están en nuestra región, especialmente en la cuidad de Antofagasta y que requieren de un acto humanitario ante una situación tan difícil como es esta pandemia”, alertó.
Demandas urgentes
Desde la Colectividad de Colombianos Residentes en Antofagasta compartieron el comunicado de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile y exigieron al General de Zona que disponga de un albergue y deje de enviar personas al campamento mientras esperan ser repatriados a su país de origen.
Además, en el documento se pide que parlamentarios y parlamentarias de la región oficien y denuncien la cláusula de prohibición de 9 años de ingreso a las personas que se acojan a los vuelos de repatriación a sus países. Como también que las autoridades locales y regionales intercedan antes las autoridades consulares chilenas y de los países involucrados para agilizar el proceso de repatriación.
Redacción 
Paula Corina Hernández