Este miércoles 24 de abril, la diputada por la región de Antofagasta y presidenta de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, junto a los diputados Jorge Brito, Gonzalo Winter, Tomas Hirsh, Raúl Soto, Andrea Parra, Esteban Velázquez, Daniela Cicardini, Marcelo Díaz y Marcela Hernando, presentó un proyecto de ley que busca elevar los estándares de transparencia en la gestión parlamentaria.

La iniciativa modifica el sistema de inhabilidades parlamentarias por conflicto de intereses e incorpora nuevas formas de recurrir ante la Comisión de Ética y Transparencia por personas que no sean parlamentarios; establece la obligación de transparentar las asesorías no remuneradas y crea la prohibición de ser lobbista o gestor de intereses hasta 12 meses luego de cesar en el cargo de diputado o senador.

“Desde Revolución Democrática, y en un esfuerzo transversal de las bancadas de oposición, creemos que la lucha contra la corrupción debe ser sin matices. Pese a que a algunos les incomode, decimos fuerte y claro que debe haber corrupción cero en los municipios, en el poder judicial, pero también en el Congreso”, aseguró la diputada Catalina Pérez.

En el Congreso Nacional aún existen grandes espacios de discrecionalidad donde la legislación actual no contempla normas explícitas sobre transparencia o probidad y en los casos en que sí las contempla, suelen quedar libre al cumplimiento voluntario del parlamentario.

Además, no existe transparencia en la forma en que los parlamentarios son asesorados de forma “extraoficial”, fuera de la asesoría de su personal parlamentario o de las asesorías externas que pueda contratar. Esto, en efecto, ha generado diversas polémicas en los últimos años respecto a parlamentarios recibiendo instrucciones sobre la forma de proceder en un determinado proyecto. Sin perjuicio de que aquellos casos puedan, eventualmente, constituir delitos de cohecho, soborno u otros delitos funcionarios, también existe la práctica de que académicos o fundaciones, asesoren a parlamentarios de forma ad honoren, y aquello no se encuentra cubierto por la legislación actual.

“Cuando en ese entonces el senador ocurrente Fulvio Rossi y el senador Orpis le pusieron indicación a la ley de pesca, y hoy, se desentienden de haberle rebajado impuestos en casi 5 mil millones de pesos a Corpesca porque dicen que los dirigentes de la pesca artesanal generaron esas indicaciones, si este proyecto se aprueba eso tiene que estar regulado. Aquí las personas son las que votan y debemos representar sus intereses, el día en que las empresas puedan votar, ellas tendrán sus propios parlamentarios, pero lo cierto acá es que la gente se ve traicionada cada vez que permitimos y normalizamos el lobby empresarial sin ninguna regulación”, aclaró el diputado Jorge Brito.

El proyecto también busca incorporar la posibilidad de que personas, que no sean parlamentarios, puedan recurrir ante la Comisión de Ética y Transparencia respectiva, con el fin de poner en su consideración conflictos de intereses que no hayan sido denunciados por parlamentarios, ya sea por su desconocimiento o por motivos de carácter político.

Esto y las diversas lagunas legislativas han dado lugar a amplios espacios para la corrupción, han incidido en la significativa pérdida de confianza de la ciudadanía hacia las labores parlamentarias y la imagen del Congreso Nacional en general. El estudio de opinión pública del Centro de Estudios Públicos (CEP) del año 2017, ubica al Congreso Nacional en el último lugar de su tabla de confiabilidad, con apenas un 6%. Sumado a esto, no resulta extraño que aquello se exprese en una baja participación electoral.

“Con este proyecto venimos a decir basta de la puerta giratoria entre el mundo público y la defensa de intereses corporativos, estableciendo la prohibición de ser lobbista o gestor de intereses privados, por un año después de haber concluido la gestión parlamentaria. Estamos aquí para legislar por los intereses de las chilenas y chilenos, no para asegurarnos la jubilación”, aclaró la Diputada Pérez.

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