La semana pasada la ONU solicitó al país que detenga las expulsiones masivas de inmigrantes debido a que estas deportaciones no tienen en consideración casos individuales ni un estudio específico.

Según datos del Ministerio del Interior, hasta abril de 2021 ya se habían expulsado 200 migrantes a través de operativos que seguirán realizándose en paralelo al proceso de deportación. También señala que durante 2020 fueron expulsados 1.365 extranjeros.

Nueva Ley de Migraciones

El marco legal fue promulgado el 11 de abril y contempla un plazo de 180 días, es decir aproximadamente 5 meses, para que los inmigrantes puedan abandonar el país sin alguna sanción legal en caso de que hayan entrado al territorio nacional por un lugar no habilitado. No obstante, el gobierno no ha respetado este plazo, ya que se ha expulsado a cientos de personas, incluso después de dos semanas de la promulgación de esta ley.

El vicepresidente de la Asociación Venezuela Unida (AVEU), Franklin López Anato, manifestó que “no se puede tachar un grupo étnico o forzar a una diáspora solamente porque 5 o 6 hayan cometido una falta o un delito”. Dentro de este marco, “el ser humano tiene derecho a buscar mejores condiciones de vida para él y su familia”, afirmó.

Además, agregó que este derecho está establecido en una serie de regulaciones internacionales. “Hay acuerdos internacionales que Chile firmó. Por eso es necesario buscar una solución, ya que no se puede reducir este problema a solamente regresar esa gente a su país, estos mecanismos se deben buscar entre todos”, recalcó.

Deportaciones para “ordenar la casa”

En el segundo informe periódico que realiza la ONU, se detalló que Chile ha expulsado migrantes sin realizar una evaluación individual de la situación de cada persona que va a ser deportada, sin poder solicitar un recurso de protección y refugio a organismos que velan por los Derechos Humanos. La organización señala que los grupos al momento de ser deportados no tienen acceso a asesoramiento legal y permanecen incomunicados.

Pablo Rojas, quien pertenece a la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes en Chile, señaló que el argumento de “ordenar la casa” es un relato que se instala desde que llega el gobierno de Piñera en el 2018, “y que sus acciones que han producido más irregularidad migratoria, como ocurre con las visas consulares. Esto genera un descontrol migratorio que sirve para criminalización de la migración y darle puntos de aprobación a los argumentos del gobierno”, agregó.

Falta de filtros

Rojas sostiene que el gobierno no aplica un filtro a las personas que van a deportar y se les hace firmar un papel que significa no volver dentro de 10 años. La ONU lo reafirma al señalar que se requiere una determinación individual, caso por caso, de las necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta además las consideraciones humanitarias de arraigo, vínculos familiares u otras que puedan existir.

Inmigrantes que aportan al país

Según el informe anual «Migración en Chile: Medidas migratorias, Vulnerabilidad y Oportunidades en un Año de Pandemia», de la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, la población migrante tuvo comparativamente mayor participación laboral que la nacional en 2020, aunque presentó un porcentaje superior de desocupación en el segundo y tercer trimestre. Esto último se debe a que la población chilena que perdió su trabajo luego de marzo del 2020, se declaró como “inactiva”, es decir, no está trabajando ni buscando empleo. Mientras que en este intertanto las personas migrantes se declararon como población desocupada, pero buscaban un puesto laboral.

“Este gobierno no entiende que el Estado puede gestionar la migración de una manera que le permita enriquecerse con los profesionales que llegan al país. El estado chileno no pagó nada por su educación y estos profesionales terminan desempeñando labores de menor calificación y remuneración, perdiéndose la inversión que hizo otro país”, añadió Rojas.

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