Tras el derrame de hidrocarburos ocurrido en Playa Dos Quebradas (zona industrial) de Mejillones, que se produjo en el muelle de Copec, la diputada por nuestra región, Catalina Pérez, inició una serie de acciones como parte de su rol fiscalizador y de representación.
Este evento, el tercero de proporciones en poco más de un año en Mejillones, motivó a la parlamentaria a oficiar y solicitar reuniones con la Superintendencia de Medio Ambiente de Antofagasta y la Brigada de Delitos Medio Ambientales de la PDI, para conocer las causas del incidente y cuáles son los planes de contingencia ante este nuevo desastre.
“¿Qué está pasando en Mejillones? Por tercera vez en poco más de un año tenemos una grave situación que afecta directamente el medio ambiente y el ecosistema de esta localidad, con los consecuentes efectos para la salud de las personas y el fondo marino. Esto no puede seguir pasando. Sin importar las explicaciones que dé la empresa involucrada, es un hecho que las medidas de seguridad y mitigación son insuficientes y es responsabilidad directa del Estado aplicar justicia ambiental mediante las normas vigentes que, aunque escasas y débiles, sirven como única protección para los derechos de las personas a un medio ambiente limpio y a la salud”, afirmó.
Cabe recordar que no es el primer derrame ocurrido en Mejillones en los últimos meses. En junio de 2018 se denunció un hecho similar, sumado a otros episodios contaminantes, como el de septiembre de 2017 en Puerto Michilla, donde se produjo el vertimiento de ácido sulfúrico en el borde costero.
La Diputada Pérez fue enfática en señalar que apoyará “cualquier iniciativa de la comunidad, no solo para determinar responsabilidades, sino que por sobre todo para lograr justicia ambiental y que las actividades industriales sean debidamente controladas y en el futuro, salgan del radio urbano de la ciudad».
«Estuvimos hace poco tiempo junto a los pescadores de Mejillones y ellos mismos nos contaban del daño irreversible que ha sufrido el borde costero con estos episodios de contaminación. Si toda una comunidad se está dando cuenta de esta situación, ¿qué pasa con nuestras autoridades que parecen desviar la mirada a otra parte y permiten que esto siga ocurriendo?”, se preguntó la diputada.
La parlamentaria finalizó enfatizando que “reiteramos nuestro llamado al Gobierno a presentar un proyecto que reformule el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental pensando y priorizando a las comunidades de todo Chile que se han visto afectadas por estos episodios de contaminación, muchas de ellas convertidas en zonas de sacrificio».
«Debemos hacernos realmente responsables de estas situaciones y generar una normativa que permita el desarrollo industrial y empresarial de nuestro país, pero que esto no signifique sacrificar a comunidades enteras y el futuro de nuestro de país, de nuestros niños y niñas, por ganancias millonarias que no podrán nunca resarcir el daño provocado ni recuperar lo que hemos perdido por culpa de una mal concebido desarrollo”, concluyó.
Paula Corina Hernández