Este jueves 13 de agosto, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y la empresa SQM, desistieron del recurso de casación en la forma y el fondo que se interpuso en contra de la sentencia del 26 de diciembre de 2019 del Tribunal Ambiental de Antofagasta, la cual deja sin efecto el Plan de Cumplimiento (PDC) presentado por SQM Salar en el proceso sancionatorio que se viene tramitando desde el año 2016.
Tras esta decisión, hoy la Corte Suprema confirmó el fallo del Primer Tribunal Ambiental, el que deja sin efecto el plan de cumplimiento de SQM, al considerar que este no cumplía con los estándares establecidos en la ley.
El Consejo de Pueblos Atacameños explicó que tras este fallo, se confirma que el Plan de Cumplimiento (PDC) presentado por SQM queda sin efecto y lo que corresponde es que se reabra el proceso sancionatorio.
Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños señaló su conformidad con esta decisión, ya que en su opinión «se refrenda lo que hemos venido planteando desde hace ya varios años sobre el estado de salud del Salar de Atacama. En cuanto al proceso sancionatorio, pondremos los esfuerzos en ir por la revocación de la RCA de SQM, ya que los daños cometidos por esta empresa son invaluables y deben asumir su responsabilidad en aquello».
«Así también, vemos positivamente la decisión de la Superintendencia de Medio Ambiente de ir en una fiscalización exhaustiva hacia las otras empresas que se encuentran en el salar, puesto que permitirá conocer los daños y los impactos significativos que cada una ha cometido dentro de nuestro territorio», agregó el representante.
Por su parte, el abogado del Consejo de Pueblos Atacameños, Juan Carlos Cayo, afirmó que «esta determinación nos deja tranquilos y conformes, porque se ratifica el criterio de la poca certeza científica en el Salar de Atacama y a la vez esta incerteza demuestra que se hace necesaria una revisión completa de lo que está sucediendo en el salar con relación a los procesos extractivos».
Desde el Consejo de Pueblos Atacameños ratificaron que la defensa del territorio y los ecosistemas son materias irrenunciables para las comunidades y el CPA, «porque no solo se trata de nuestra propia vida, sino de la de los hermanos menores que habitamos en el territorio Lickanantay».
«Como Unidad jurídica del Consejo de Pueblos señalamos que desde ya vamos a buscar las sanciones que en derecho correspondan en contra de la empresa SQM Salar”, ratificó Cayo.
Paula Corina Hernández