Por Gisela Contreras, periodista
Una de mis primeras clases en la Escuela de Periodismo en la UCN fue la de Introducción al Derecho. Recuerdo una frase que me sigue sonando muy clara: “Lo legal no siempre es lo justo”. “Derecho Natural Básico -repetía el profesor sentado en su escritorio-, es aquel que habla de lo que realmente es justo, de la defensa de los derechos naturales del ser humano. La legislación no siempre cumple con el Derecho Natural Básico. De ahí a que algo puede ser legal, pero eso no significa que sea justo”.
Y esa es una frase que a muchos hoy nos hace sentido. Porque insertos en un sistema donde en los últimos 30 años nuestros legisladores se dedicaron a hacer leyes que benefician sólo a unos pocos, en vez de defender el Derecho Natural Básico, la disyuntiva de enfrentarnos a situaciones que son legales, pero tremendamente injustas, es el pan nuestro de cada día.
Y se trata de cosas muy cercanas. Sólo aquí, en el “Virreinato de Antofagasta”, somos constantes víctimas de injustas legalidades. Y en algunos casos se trata de situaciones tan perversas que podrían catalogarse de ataques directos a la democracia y al Estado de Derecho.
Sólo en la última semana fuimos testigos de lo que yo denomino la “dictadura de la democracia”. Cuando un personero público impuesto por el gobernante de turno, mediante resquicios legales, decide deliberadamente pasar por alto la decisión de un cuerpo colegiado de representantes electos en las urnas, nos encontramos frente a una inconsecuencia tan macabra que hasta duele.
Me refiero directamente a la decisión del intendente Marco Díaz, quien con el ardid legal de los plazos decidió obviar la decisión del Consejo Regional de rechazar los permisos a Minera Escondida para seguir explotando el Salar de Monturaqui.
Sin duda, la cuidada estrategia fue pensada así. Se cumple con la legalidad, pero le aseguro, señor intendente, que la acción se aleja de la ética. El pueblo, a través de los Consejeros Regionales, le dio el mandato de impedir que esa empresa siguiera asesinando lentamente nuestro medio ambiente y a nuestros pueblos originarios, mandato que usted decidió desobedecer, amparándose en una legalidad que nada tiene de justa.
Eso lo transforma en un “dictador democrático”. Más allá de cualquier conflicto de interés que sabemos usted tiene, lo suyo es más macabro aún. Irrespetar al Consejo Regional es irrespetar a los ciudadanos y con ellos, a la Democracia. Hoy más que nunca, en su persona se refleja esa frase de mi profesor de Derecho: “Los políticos no buscan defender el Derecho Natural, sólo administrar el poder de acuerdo a la ideología y el beneficio de su grupo”.
Esa es la dictadura de la democracia: Que la visión injusta y errada de un grupo se imponga a punta de legalidades acomodadizas al bien común. Y la lista de situaciones en las que la vivimos es innumerable. Pero qué podemos hacer, ya aprendimos a punta de golpes que la ley no siempre es justa.
Paula Corina Hernández