¿Te imaginas que te roben por décadas y que cuando la justicia finalmente haga su trabajo, todo un sistema busque salvar al ladrón, porque la cifra robada es tan alta que es imposible de devolver? Eso, a grandes rasgos, y de forma muy sencilla, es lo que ocurre hoy con las Isapres. Todo, en medio de una discusión que no hace más que demostrar las carencias de un engranaje deficiente, que permite que se abra la puerta para cambiar las reglas del juego establecidas por la justicia, y así, buscar una salida alternativa.
En sencillo, la Corte Suprema, a través de un fallo indicó que las Isapres deben devolver a sus usuarios la módica suma de 1.1 billones de pesos, todo debido a que por décadas y de forma arbitraria, armaron una tabla para cobrarles a sus clientes (principalmente mujeres y personas de la tercera edad) de manera inconstitucional, sin importar su contexto y, llamativamente, teniendo siempre números azules, pese a que estos perdían. El problema es que las empresas castigadas apuntan a que la devolución los llevará a la quiebra, dejando al ya deficiente sistema público de salud con la responsabilidad de acoger a todos quienes hoy se encuentran en el sistema privado.
El Gobierno ya jugó sus cartas y, por suerte, luego de meses enredado entre la migración y la delincuencia, apostó para que las Isapres hagan efectivo el pago o que, por lo menos, se mantenga la narrativa de que así será. Lo triste es que, pese a que el máximo estamento de justicia de nuestro país ya deliberó, el ciudadano no se sorprendería de algún salvataje político, el cual ya está en marcha implantando el concepto de que “el Gobierno de manera ideológica busca terminar con el sistema privado de Isapres”, simplemente por hacer cumplir con lo dictaminado.
Lo llamativo es lo que ocurre con la reforma constitucional presentada por la hoy “centro derecha”, a través de los “Demócratas” Ximena Rincón y Matías Walker, junto a los RN Rodrigo Galilea y Francisco Chahuán y el UDI, Javier Macaya. Si bien es cierto este proyecto no busca un “perdonazo” total de lo adeudado, cambia los factores para que este monto sea menor al establecido por la Corte Suprema y determina que los usuarios afectados no tengan una compensación con un pago de dinero, sino que a través de mecanismos como la emisión de bonos o cotizaciones.
La recordada frase “toma chocolate y paga lo que debes”, viene como anillo al dedo en todo este conflicto. Los dueños de las Isapres ya disfrutaron ese “chocolate” y posiblemente ya no esté, pero lo interesante es cómo, hasta el momento, estas mismas han sido incapaces de presentar propuestas a un problema mayúsculo que ellas mismos crearon, sencillamente “pataleando” y dejando la búsqueda de una solución beneficiosa para ellos, en las manos de quienes por décadas han representado sus intereses (guiño guiño). La interrogante sobre si realmente “pagarán lo que deben”, lo sabremos en 6 meses cuando se cumpla el plazo para la millonaria “devolución”.
Redacción 
Paula Corina Hernández