Por Dr Francisco Vergara Perucich *
La marcha por el derecho a la ciudad del sábado 24 de marzo es un anhelo histórico de muchos urbanistas que hemos visto desplazada la ciudad por otras demandas sociales. En Chile, generalmente, las protestas sociales tienden a luchar contra la desigualdad de derechos y acceso a ciertos beneficios relacionados con lo que se conoce como la vida urbana.
A los especialistas en urbanismo, nos ha costado transmitir a una audiencia más amplia que problemas como la salud y la educación necesitan de nuevas formas de hacer ciudad, que sin dudas obligan a pensar una nueva organización (física y social) de la ciudad. Sin ir más lejos, la forma en que la ciudad se hace en Chile ha sido uno de las principales causas para perpetuar la desigualdad social, diferenciando entre propietarios y no propietarios, entre endeudados y no endeudados, entre centrales y periféricos, por mencionar algunas diferencias que se hacen explícitas en nuestras ciudades.
Lamentablemente, hemos avanzado muy rápido y ya el 90% de las personas en Chile vive en ciudades que fueron formadas bajo una lógica crematística, esperando extraer la mayor cantidad de ganancias monetarias posibles, dándole mayor importancia al libre mercado que a la búsqueda de justicia espacial. Esto, en un contexto que históricamente ha sido brutalmente desigual en materia de riqueza, ingresos y acceso al poder. Esto último es importante, dado que uno de los principales preceptos del derecho a la ciudad es entregarle a las personas el poder de hacer y rehacer las ciudades. En la actualidad, es muy difícil rehacer totalmente nuestras urbanidades, más aún cuando un modelo de hacer ciudad (neoliberal) ya está tan avanzado. Tampoco eso significa que no se pueda hacer nada al respecto. Sin duda, la importante convocatoria de la marcha del sábado a nivel nacional, permite creer que existen esperanzas de generar cambios profundos y necesarios.
En concreto, existen una serie de mecanismos de gestión urbana heredados de la administración anterior que apuntan, precisamente, a hacer posible el futuro utópico que planteara Henri Lefebvre en 1968, cuando se crea la idea de derecho a la ciudad. Sin ir mas lejos, en 2016 las Naciones Unidas promulga la Nueva Agenda Urbana, documento que establece las prioridades para el desarrollo urbano en los próximos 20 años. Chile no solo ha suscrito esta agenda, sino además ha sido redactor de la misma. Producto de este compromiso y de una nueva política nacional de desarrollo urbano que se viene elaborando desde 2012, nuevas leyes y ordenanzas han sido creadas hacia hacer que nuestras ciudades sean más justas.
Quisiera destacar algunos de esos avances, como por ejemplo, la ley de aportes al espacio público (Ley 20.958), que define un conjunto de mecanismos para determinar como deben aportar los proyectos inmobiliarios a la ciudad. Esto va desde mejoramiento de espacios públicos hasta construcción de calles. Es decir, ya no podrá hacerse un proyecto inmobiliario sin aportar algo significativo a la ciudad, en un giro hacia hacer que el negocio inmobiliario sea mas generoso con su entorno. Esto pudo ser muy útil durante el boom inmobiliario en Antofagasta, donde muchas nuevas torres de alta densidad de vivienda aparecieron, pero los espacios públicos no fueron mejorados. Hoy Antofagasta cuenta con los departamentos mas grandes del país (en promedio) pero con espacios públicos de escasa calidad.
También, se ha creado la ley de aguas grises, que busca captar las aguas que se usan en lavamanos, duchas y en algunas cocinas para que sean reutilizadas en el riego y creación de áreas verdes. Antofagasta es una de las metrópolis nacionales con mayor escasez de áreas verde per capita y esta ley, de seguro, podría traer un mejoramiento profundo en la calidad de vida ¿Se imagina una Antofagasta con calles arborizadas? Esto, gracias a esta ley, es más factible.
Finalmente, destaco lo importante que puede resultar la ley de transparencia sobre el mercado de suelos, que crea un impuesto para captar los recursos generados por inversiones públicas en terrenos privados. Este impuesto captura el valor generado en terrenos que pasan de ser rurales a urbanos por cambios en el plan regulador comunal, paliando así la especulación con el suelo (ejemplo: caso Caval). Esto es un primer y pequeño paso hacia crear un mecanismo de urbanización sin fines de lucro. He mencionado sólo tres, pero existen más iniciativas tendientes a implementar el clamado derecho a la ciudad. El Estado de Chile, a través de su Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ha suscrito los acuerdos internacionales hacia implementar este derecho, y es deber de la ciudadanía empujar dicha agenda.
El derecho a la ciudad es muy relevante para la región de Antofagasta en particular, dado que no hay que ser muy entendido para ver la precaria calidad de nuestros espacios colectivos, algo fundamental para mejorar la vida urbana de quienes habitamos en medio del desierto mas seco del mundo. A diferencia de otras políticas sociales, el derecho a la ciudad no se podrá resolver con vouchers ni fomento privado únicamente, se requiere de otro enfoque, más solidario e informado que se sustente en evidencia internacional. Para lograr el anhelado derecho a la ciudad se necesitan nuevas transformaciones en los instrumentos de planificación urbana y la creación de nuevas políticas públicas, cambios constitucionales (idealmente una nueva constitución) y romper ciertas tendencias históricas de coerción y especulación en la producción de la ciudad.
Es de esperar que los asistentes a la marcha del sábado, y los de las marchas que vendrán, dominen estos mecanismos, conozcan la evidencia internacional sobre modos de hacer ciudad inclusiva y participativa, además de abrazar la idea que el derecho a la ciudad no es una quimera, sino un compromiso del Estado Chileno, tan importante como los derechos humanos o los acuerdos de comercio bilateral. Por parte de los urbanistas, nos toca informar e invitar a reflexionar sobre los caminos hacia la realización de mejores ciudades para todos.
* Director Magister en Gerencia Pública y Desarrollo Regional, UCN, Antofagasta.
Paula Corina Hernández