Columna de opinión | Senadores: Dejen pasar al histórico royalty minero

Impulsada por el gobierno actual, este martes 18 se votará la Ley de Royalty a la Minería en la Comisión de Hacienda del Senado. Actores como el Banco Mundial, parlamentarios y académicas/os han mostrado un apoyo transversal a esta urgente medida. También se ha escuchado a las grandes mineras repetir sus descargos. Sin embargo, la importancia histórica de lo que podría ocurrir durante la semana debe ser socializada, celebrada y entendida por todas y todos quienes habitamos este país minero.

Desde el siglo XIV y XV, la palabra royalty nace de las palabras inglesas royal (real) y right (derecho), haciendo referencia al derecho de la realeza sobre los minerales de sus tierras. Luego, durante el siglo XIX, la palabra amplía su uso para referirse a los pagos realizados por un productor al dueño del sitio, así como también para el pago del uso de patentes o publicaciones.

Hoy, el royalty es el pago que las empresas mineras hacen en todo el mundo a los y las dueñas de los minerales, es decir, a los habitantes del país, por el uso de bienes públicos que no son renovables. Sin embargo, las mismas empresas mineras que pagan esos royalties en Australia y Canadá (por ejemplo), no lo pagan en Chile (a excepción del litio).

Por tanto, la aprobación del royalty es fundamental para lo que realmente importa a las regiones mineras: capturar el valor producido dentro de tales territorios. Usualmente la discusión política gira en torno a la creación de valor (nuevas minas) o valor agregado (transformar cobre en alambres), pero de nada sirven tales esfuerzos si la mayoría de las ganancias se van al extranjero, mientras que las pocas ganancias que quedan en Chile se concentran en Santiago.

De aprobarse, el royalty implica la creación de tres fondos de libre disposición para las comunas y regiones del país, con aportes anuales de alrededor de $360.000 millones de pesos: un Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo; un Fondo para las Comunas Mineras; y un Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial. Es decir, las regiones mineras y sus comunas al fin tendrían recursos para avanzar en la mejora de su vida, en lugar de sólo estar obligadas a convivir con las consecuencias más dañinas de la minería. La posibilidad histórica del royalty llama a nuestra puerta. Esperemos que los senadores de la región respondan el llamado.