Los asesinatos de Daniel Palma, Axel Salazar y Rita Olivares, junto a la aprobación de la Ley Nain-Retamal, han encendido nuevamente el debate sobre la seguridad pública y la imagen de carabineros, que no solo ha sido salpicada de sangre por la delincuencia, sino que ha sido ensuciada con sus propias acciones.
En la madrugada del 14 septiembre del 2019, Juana Guerra acude a la tercera comisaría de Antofagasta para realizar una denuncia de violencia intrafamiliar. Por presiones de la victimaria, la carabinera que acogió la denuncia decide tomar a ambas detenidas, victimaria y víctima. a pesar de que esta última tan solo tuviera 16 años.
Toda persona detenida tiene derecho a hacer una llamada y a saber el motivo de la detención, pero ninguna de estas dos cosas ocurrió. Entre historias burlescas de “comunistas culiaos” (detenidos desaparecidos) por la reciente conmemoración del 11 de septiembre, llevan a Juana y su agresora en el mismo carro policial a constatar lesiones. Luego vuelven a la comisaría para llevarla al juzgado de garantía esposada junto a una drogadicta.
Las audiencias comienzan recién a partir de las 8 de la mañana. La espera es en una celda fría y sin luz, despojada de sus pertenencias, esperando que aparezca el abogado defensor a tomar la declaración.
En plena declaración, Juana pide ir al baño, necesita vomitar de los nervios. Al salir del baño la gendarme vuelve a encerrarla y el abogado la pide de vuelta para terminar la declaración. No es hasta que el abogado toma los datos, que solicitan liberar a Juana por haber sido detenida “erróneamente”.
Si bien hay un apoyo general a carabineros según la Cadem (79% de aprobación), algunos grupos no dejan de lado sus resquemores hacia la institución, por razones tremendamente válidas.
Un estudio realizado por La Red chilena contra la violencia hacia las Mujeres recogió qué más del 80% tiene una percepción negativa sobre su experiencia intentando denunciar o al realizar la denuncia efectiva.
Carabineros se ha resistido a actualizarse en materias de género y protocolos de denuncia, hecho que podemos evidenciar con las 1.654 denuncias de violencia intrafamiliar que involucran a funcionarios de carabineros, de los cuales hasta febrero de 2022 sólo habían sido desvinculados 132 por hechos de Violencia.
Lo que ha matado la imagen de la institución es el doble discurso y lo reacios que han sido a avanzar en temáticas relevantes para la sociedad actual. Una institución que debiese tener una imagen intachable no puede verse manchada por desfalcos, ventas de armas declaradas como robadas, telefonazos entre policías y pandillas, agresores de mujeres y de niños. Terminar con eso sería un verdadero golpe a la delincuencia.
Redacción 
Paula Corina Hernández