«Hacemos presente que esto no es más que el resultado de un proceso, a través del cual se han vulnerado los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de forma continua y sistemática, en los últimos dos meses», indica la organización en un comunicado.
«Como Colegio de Periodistas rechazamos cualquier situación de acoso laboral, violencia de género, maltrato, descalificaciones injustificadas o vicios en los procesos de calificación funcionaria, en contra no sólo de nuestros asociados y asociadas; sino que también de cualquier funcionario y funcionaria de la administración del Estado», agregan.
Desde la organización lamentaron que en los últimos meses se hayan generado estas situaciones, «las que han ido en directo menoscabo de funcionarios y funcionarias de los SSPP, entre los que se cuentan nuestros y nuestras asociados y asociadas, quienes son profesionales que cuentan con la calidad de confianza legítima que le otorgan sus años de servicio y además desarrollan una labor fundamental para la difusión de las políticas públicas del Estado».
En ese sentido, manifestaron encontrarse en estado de alerta nacional, en atención a que ya se inició el proceso de notificación de despidos. Este estado incluye apoyo legal a quienes resulten afectados y afectadas, afirmaron.
Asimismo, indicaron que se encargarán de dejar en evidencia pública cualquier antecedente comprobable o a cualquier persona que haya incurrido en malas prácticas laborales con las que se esté buscando afectar de forma personal o profesional a los y las periodistas del gobierno a nivel nacional.
«Las y los periodistas que trabajan como encargados de comunicaciones no son necesariamente cargos de confianza política, muy por el contrario, siempre se ven enfrentados a este tipo de vaivenes e inseguridad laboral, desconociendo sus capacidades profesionales y su real aporte como trabajadores y trabajadoras del Estado al posicionamiento de las políticas públicas entre la comunidad», concluyeron.
