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La Cámara Baja aprobó la propuesta de la diputada Marcela Hernando para crear una Comisión Investigadora por fraude y otras irregularidades en la División de Inversiones del Ministerio de Salud.

La proposición obtuvo una amplia mayoría dentro de la sala y solo hubo un diputado que estuvo en contra. En relación a este importante número de votos, la diputada Hernando declaró que «hubo 115 votos en favor, solamente un diputado se negó a esta Comisión y eso habla que es una visión transversal de los parlamentarios».

Además, emplazó al Ministerio de Salud, afirmando que «todo el mundo, desde la oposición hasta las bancadas oficialistas, están de acuerdo que hay que investigar respecto a cómo están funcionando las cosas en el Ministerio de Salud y en la división de inversiones, concretamente donde a mi juicio hay fraudes y también existe una red de corrupción».

Denuncias hacia el Minsal

Cabe recordar que fue en diciembre de 2018, cuando la parlamentaria del Partido Radical denunció ante la Fiscalía Nacional la contratación de 19 funcionarios que trabajarían en la construcción de Hospital de Buin, de quienes se duda si prestaron o no algún tipo de servicio, que además de ser cancelados por el MINSAL, entregaban parte de esos emolumentos a un funcionario del mismo ministerio.

Ante estas irregularidades la congresista señaló que «hay una serie de personeros, ex funcionarios y también algunos actuales funcionarios del Ministerio de Salud, que han hecho declaraciones tremendamente graves por la prensa y que hablan de redes que habrían funcionado antes y seguirían funcionando desde la División de Inversiones del Ministerio de Salud y que en atención a los cuantiosos presupuestos que se manejan hacen obligatorio que comencemos esta investigación».

Para finalizar, Hernando expresó que espera que la búsqueda y recopilación de la información en la comisión sea lo más amplia posible y que dé cuenta de la preocupante manera en que se están usando los recursos del Ministerio de Salud.

La iniciativa impulsada por 75 diputados tendrá que rendir su informe en un plazo de 120 días y podrá constituirse en cualquier territorio de nuestro país para su funcionamiento.

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