Castro es abogada de la Universidad Pedro de Valdivia, con un máster en Derecho Medioambiental y Sostenibilidad, y es considerada una figura cercana a la senadora Paulina Núñez (RN). Esta cercanía política ha sido interpretada por diversos sectores como un factor determinante en su llegada al gabinete, especialmente considerando que no logró ser electa diputada por Antofagasta en las últimas elecciones.

En su trayectoria profesional figuran cargos como asesora jurídica del gabinete del alcalde de Santiago, abogada en Carabineros de Chile y en el Ministerio de Minería, además de haber sido jefa de gabinete y encargada del Departamento Jurídico de la Intendencia Regional de Antofagasta durante 2020, bajo la administración del entonces intendente Edgar Blanco. Este último rol la vincula con el denominado caso “Empresas Exprés”, investigación por eventuales delitos de fraude al fisco y negociación incompatible en millonarias compras realizadas durante la pandemia, causa que a más de cinco años de iniciada continúa sin formalizados.

Según informó el medio Timeline en octubre de 2024, el sumario de Contraloría por este caso estableció que Daniela Castro Araya tuvo responsabilidad acreditada en la tramitación y visación de diversos actos administrativos cuestionados, incluyendo la aprobación de adquisiciones por trato directo de canastas de alimentos, la contratación de servicios de traslado, la autorización de modificaciones contractuales sin respaldo formal, la rebaja improcedente de multas y la regularización de servicios adicionales, además de omitir el debido control y supervisión sobre funcionarios bajo su dependencia. Sin embargo, la Contraloría determinó que no era posible hacer efectiva la responsabilidad administrativa, ya que Castro había cesado en sus funciones el 24 de enero de 2021, antes del inicio formal del sumario.

La lentitud de la investigación penal ha sido duramente criticada por expertos y exfiscales, quienes han advertido que el paso del tiempo debilita la posibilidad de esclarecer responsabilidades. Un hecho ilustrativo es que recién cuatro años después de presentada la denuncia se incautó el teléfono celular del exintendente Edgar Blanco.

A este historial se suma su rol en una dura disputa interna dentro de Chile Vamos en Antofagasta. Durante su campaña parlamentaria, Castro denunció ante Contraloría a la entonces candidata de Evópoli, Yantiel Calderón, por presuntas faltas a la probidad administrativa en el municipio como Directora de Dideco de la administración del alcalde Sacha Razmilic. Lo anterior derivó en acusaciones cruzadas, denuncias por espionaje político y una crisis pública entre Renovación Nacional y Evópoli, evidenciando la fractura de la derecha tradicional en la región.

Así, el nombramiento de Daniela Castro como subsecretaria de la Mujer no solo marca un nuevo capítulo en su carrera política, sino que también instala un debate de fondo sobre los criterios de idoneidad, probidad y coherencia en las designaciones de las futuras autoridades del gobierno de José Antonio Kast.

Administradora pública, de perfil conservador y reconocida opositora a la ley de aborto en tres causales, López fue electa consejera regional en 2017 con un respaldo limitado: obtuvo 2.819 votos, equivalentes al 2,7% de los sufragios, siendo la menos votada entre quienes resultaron electos en la provincia. Sin embargo, en mayo de 2018 renunció anticipadamente al cargo para asumir como gobernadora provincial, decisión que generó críticas por abandonar un rol de representación popular a pocos meses de haber asumido.

Su gestión como gobernadora provincial coincidió con el estallido social de 2019, período marcado por una fuerte represión policial en la región. Según registros oficiales, se contabilizaron 906 casos con agentes del Estado imputados por delitos como golpizas, apremios ilegítimos y detenciones arbitrarias, en un contexto donde la autoridad política fue duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y sociales.

Hasta la fecha, López sostiene -sin presentar ninguna prueba- que no nació de la gente salir a marchar durante las movilizaciones sociales y que fueron incitados.

Otra de las controversias de su administración ocurrió también en 2019, cuando encabezó la entrega de un terreno fiscal a la agrupación evangélica “Templo Espiritual Luz y Progreso”, entidad que ofrecía supuestos tratamientos médicos mediante la intervención de “médicos fallecidos” contactados por médiums.

La decisión fue respaldada por la senadora Paulina Núñez (RN), pero recibió un fuerte rechazo del Colegio Médico, que alertó sobre la falta de rigor científico y el riesgo de que personas abandonaran tratamientos médicos formales. Organizaciones sociales también cuestionaron la medida, recordando que por años habían solicitado terrenos para iniciativas comunitarias sin obtener respuesta.

Las críticas se intensificaron en 2020, cuando el entonces dirigente y hoy diputado electo Fabián Ossandón (PDG) pidió públicamente su renuncia, calificando como “insostenible” la gestión de la seguridad pública en Antofagasta. “Pedimos por el bien, orden y seguridad pública de todos y todas, que la responsable política, la gobernadora provincial, ponga su cargo a disposición”, señaló en ese momento.

Así, la designación de Katherine López como delegada presidencial abre un nuevo flanco de debate en la región, marcada por un historial de decisiones controvertidas y cuestionamientos pendientes sobre su rol político en momentos clave para Antofagasta.