En cerca de una semana, alrededor de 300 personas se han sumado con su firma a la campaña en rechazo a los sumarios impulsados por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (CMDS), en un contexto de persecución y hostigamiento a quienes denuncian públicamente el estado en que se encuentra la educación municipal.

En concreto, se trata de procedimientos legales abiertos por CMDS contra profesoras que cumplen roles de dirigencia y representación sindical, los cuales fueron aplicados luego de denuncias por Ley Karin, interpuestas desde jefaturas hacia trabajadoras.

La campaña de firmas advierte el uso que se le está dando a una normativa que fue concebida para proteger a las y los trabajadores, pero que hoy estaría siendo utilizada como una forma de presión hacia quienes exigen mejoras en la educación pública. Según los antecedentes, muchos procedimientos tardan años en tener una respuesta.

Ante este escenario, ha tomado fuerza una amplia campaña de recolección de firmas contra estos sumarios abiertos por la CMDS en contra de docentes que durante meses han realizado denuncias públicas por las condiciones en que se encuentran escuelas y liceos municipales de la capital regional. Entre las problemáticas denunciadas está la presencia de ratones, cucarachas, fecas de palomas; sumado a una infraestructura deficiente, problemas con la alimentación, hacinamiento, entre otras falencias.

En rechazo a estos sumarios, la campaña ya cuenta con cerca de 300 firmas, dentro de las cuales destacan los apoyos de dirigentes nacionales y comunales del Colegio de Profesores; de la presidenta del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación- SIPPE-; delegados gremiales y sindicales de escuelas y liceos de Antofagasta; dirigentes comunales y regionales del CdP, de otras zonas del país; representantes de los gremios de la salud del Hospital Regional de Antofagasta; dirigentes de sindicatos de la minería y de la industria; de la CUT y del sector público, entre otros sectores y representantes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos.

Asimismo, más de cien firmas provienen de profesoras/es, docentes jubiladas/os, apoderadas/os y trabajadoras/es de la educación, junto a apoyos de la industria y del sector público, reflejando el carácter amplio y transversal de la campaña.

A lo anterior se suman las firmas de personalidades del mundo político como el diputado de la región Sebastián Videla; el gobernador regional, Ricardo Díaz; los concejales de Antofagasta Norma Leiva, Karina Guzmán, Waldo Valderrama y Camilo Kong; el diputado nacional Boris Barrera; el ex candidato presidencial Eduardo Artés, entre otros referentes del mundo social.

También se han sumado referentes del mundo de las culturas y el teatro, como la directora de la compañía La Favorecedora, Arlette Ibarra, y Mariluz Ruiz, actriz y directora de la compañía Teatro Independiente Antofagasta; y académicos e intelectuales como el historiador Sergio Grez, entre otros destacados exponentes.

Las y los impulsores de esta amplia campaña, advierten que estas acciones silencian a las comunidades educativas y dañan la vida democrática de los establecimientos educacionales. Por lo anterior, quienes adhieren a esta iniciativa exigen la anulación de los sumarios persecutorios; la reincorporación inmediata de la profesora que fue apartada de sus funciones; dejar sin efecto toda medida disciplinaria y de cualquier otra forma de hostigamiento; y la restitución plena de las garantías para el ejercicio de la libertad sindical, la participación comunitaria y la defensa de la educación pública.

Puedes leer la declaración completa y sumar tu adhesión en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftxaiw7E3zWTy1qea557pQsBIOlLNlKTDmr_zbjj-GAHDkCg/viewform

La propuesta había llegado al Liceo Los Arenales antes de las vacaciones de invierno. Menos de un mes después, el lunes 20 de julio, fue retomada ante la comunidad educativa por Jonathan Vergara, secretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS).

La votación terminó con 48 docentes en contra y seis a favor. Entre los asistentes de la educación hubo 21 rechazos y 13 apoyos. En total, 69 de los 88 participantes —un 78,4%— se opusieron a que el establecimiento adoptara el nombre del fallecido expresidente.

Un día después, el SIPPE denunció públicamente que una fundación vinculada a Sebastián Piñera habría ofrecido implementar un laboratorio, pero solo si el cambio de nombre era aprobado.

La CMDS confirmó que la iniciativa fue planteada, aunque aseguró que todavía no existe una decisión.

“Efectivamente, durante la jornada de ayer se presentó a la comunidad educativa la propuesta de evaluar un eventual cambio de nombre del establecimiento. Esta iniciativa se planteó en el marco de una instancia de participación, cuyo objetivo era recoger la opinión de la comunidad y hacerla partícipe de este tipo de decisiones”, respondió la Corporación.

La declaración confirmó la consulta, pero no abordó el punto central de la denuncia: si la implementación del laboratorio estaba condicionada al resultado.

Aportes condicionados en un liceo vulnerable

El cuestionamiento recae sobre un establecimiento cuyo Proyecto Educativo Institucional, actualizado en junio de 2025, registra un Índice de Vulnerabilidad Escolar de 90%, de acuerdo con datos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

“Si en verdad desean hacer un aporte, lo pueden hacer, pero ningún aporte en un aspecto social, en un ámbito educativo, tiene que ser condicionado al nombre de cualquier persona determinada”, afirmó Ivette Gareca, presidenta del Sippe.

La dirigenta también cuestionó que una eventual contribución educativa fuera utilizada para instalar el nombre de una figura política.

“Nos parece preocupante que hoy en día se quiera limpiar el nombre, pero sobre todo condicionando un aporte”, sentenció.

Diario Regionalista solicitó la versión del director del Liceo Los Arenales, Gary Muñoz, quien prefirió no responder las consultas.

Cuestionamientos anteriores a la CMDS

El episodio se suma a otros cuestionamientos sobre la conducción política de la Corporación, cuyo directorio preside el alcalde Sacha Razmilic.

En el capítulo 7 de Sentido Común —espacio realizado por Diario Regionalista, Diario Antofagasta y El Hashtag— se reveló que la CMDS adjudicó por $65 millones un contrato comunicacional a una empresa del holding El Mercurio, pese a una advertencia jurídica interna. La observación indicaba que las subvenciones estatales no contemplaban recursos para publicidad institucional, salvo que beneficiara exclusivamente a educación y salud. Aun así, el proceso continuó y el contrato fue adjudicado.

También han surgido cuestionamientos por la designación en cargos estratégicos de figuras vinculadas a RN, la UDI y Evópoli. Entre ellas está Jonathan Vergara, actual secretario ejecutivo de la CMDS, quien presentó ante la comunidad educativa la propuesta de rebautizar el liceo.

En marzo de 2026, Diario Regionalista también expuso el contraste entre una administración que excluyó de su programación el Día Internacional de la Visibilidad Trans, pero sí desarrolló una intervención por el denominado Día del Niño por Nacer.Ahora, la propuesta de rebautizar el Liceo Los Arenales abre una nueva interrogante sobre los criterios con que el municipio decide qué causas y figuras reciben respaldo institucional.

Tras una denuncia realizada en el programa Sentido Común (coproducción del año 2025 entre Diario Regionalista, Diario Antofagasta y El Hashtag), el organismo, cuyo directorio es presidido por el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, despidió al entonces encargado de comunicaciones de la entidad, Francisco Salazar, quien posteriormente presentó una demanda por vulneración de derechos.

Asimismo, la CMDS dejó sin efecto el mencionado contrato que estaba siendo ejecutado por el holding El Mercurio, ante las críticas surgidas por el uso de fondos de salud y educación.

Mediante una declaración pública, la CMDS bajó el perfil a los resultados del informe del organismo fiscalizador, afirmando que las denuncias habían sido desestimadas, ya que los servicios que alcanzaron a prestarse se pagaron con fondos propios, pero reconociendo que adoptarán medidas para «fortalecer y mejorar» sus procesos administrativos.

Sin embargo, en el comunicado se omitió el hecho de que inicialmente se contempló el uso de fondos de salud y educación, como confirma el mismo informe de Contraloría y solo después de la denuncia se dejó sin efecto el contrato en cuestión.

Este hecho queda de manifiesto en el documento de Contraloría, donde se indica que con fecha 23 de junio, posterior a la denuncia pública, la CMDS puso término anticipado a la prestación del servicio. Previamente, se había producido la anulación de diversas facturas por dichas prestaciones.

«Asimismo, se informa que los funcionarios involucrados en este proceso ya no se encuentran prestando servicios en la Corporación», agrega el comunicado de la CMDS.

«La CMDS reafirma su compromiso con la transparencia, la correcta administración de los recursos públicos y el fortalecimiento permanente de sus procesos institucionales», concluye la declaración.

A pesar de que la CMDS bajó el perfil a las conclusiones de la Contraloría, el organismo fiscalizador es claro en sostener que «se verificaron irregularidades en la licitación del plan comunicacional CMDS 2025, consistentes en incumplimientos de las etapas y plazos, inconsistencias en las bases, falta de suscripción del contrato, emisión y anulación indebida de facturas, entre otros».

«La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta deberá, en lo sucesivo, establecer medidas de control que apunten a dar cumplimiento a la normativa de compras vigente y a la estricta sujeción a las bases, que se encuentran establecidos en la mencionada ley N° 19.886», agrega el documento.

El ente contralor también es claro es reafirmar que los recursos de salud y educación deben ser destinados para dichos fines y no pueden ser utilizados en otras materias.

Finalmente, según se desprende del informe, la CMDS pagó $12.495.000 a la Empresa Periodística El Norte SA (El Mercurio) por los servicios de grabación de podcasts y publicaciones que efectivamente alcanzaron a realizarse antes de que el contrato quedara sin efecto.

Este llamado se da a pocos días de cumplirse dos años de la trágica muerte de Katherine Yoma. El gremio denuncia que, a 24 meses del fallecimiento, persiste la impunidad al no existir responsables individuales ni institucionales ante los episodios de acoso y violencia que vivió la docente.

Asimismo, desde la organización critican la inacción de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) y el uso de recursos educativos para financiar «finiquitos de alto costo» sin establecer responsabilidades reales. Por ello, exigen protocolos reales de resguardo para quienes denuncian vulneraciones en el ejercicio docente.

Un segundo pilar de la protesta es el rechazo al no pago de reajustes salariales y bonos pendientes que debieron liquidarse a fines de enero. El sindicato califica este retraso como una forma de «violencia institucional y económica» ejercida por el Estado, la cual afecta especialmente a un gremio donde el 60% son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar.

Estas movilizaciones se dan en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por lo que el sindicato hizo un llamado transversal a trabajadores y trabajadoras de todas las áreas a sumarse a las actividades del 8 de Marzo, especialmente para denunciar el acoso laboral y exigir el cumplimiento de las leyes maternales.

Calendario de Movilizaciones

Las actividades conmemorativas y de protesta se concentrarán en los siguientes hitos:

• Viernes 6 de marzo (10:00 AM): Paralización total y marcha, con punto de encuentro frente a la CMDS de Antofagasta.
• Sábado 7 de marzo (20:00 PM): Velatón en memoria de Kathy Yoma, también en las afueras de la CMDS, bajo el lema «para que la docencia sea un espacio seguro y digno».
• Domingo 8 de marzo: Movilización regional, nacional e internacional por el 8M.

A las conversaciones donde el jefe comunal calificó de “rata” a la senadora Paulina Núñez (RN) se suman nuevos mensajes que aluden al contrato comunicacional de $65 millones con El Mercurio de Antofagasta, conocido como «Caso CMDS» y al supuesto rol de Carlos Cantero en el acuerdo y la participación de Yantiel Calderón en una de las entrevistas contratadas. Dicho trato, que involucraba recursos de salud y educación municipal, fue finalmente cancelado, aunque parte del servicio ya habría sido ejecutado y pagado.

En los mensajes filtrados a los que accedió Diario Regionalista, la funcionaria municipal Gloria Echiburú apunta directamente a Carlos Cantero (funcionario de la CMDS, ex RN y cercano a la senadora Paulina Núñez) como el responsable de este acuerdo: «Cantero siempre estuvo detrás del contrato de la CMDS y usó al wea del Pancho y la Vale que estaban adentro pa’ ejecutarlo. Su campaña ya estaba siendo cocinada mucho antes (cuando aún no entraba a la CMDS, pero a la que él apostaba que iba a entrar como secretario ejecutivo en marzo), mientras nos embolaban la perdiz con la Daniela».

En parte del mismo mensaje, Echiburú agrega que «la Daniela… como los magos, con una mano muestran el pañuelo rojo, con la otra x debajo hacen el truco».

Luego continúa apuntando al supuesto rol de Carlos Cantero y se refiere a Yantiel Calderón como la «Yoya», confirmando la participación de la directora de Dideco y actual candidata a diputada en una de las entrevistas que eran parte del contrato de la CMDS con El Mercurio de Antofagasta.

«El viejo siempre fue el tapado. De ahí también las filtraciones y todo el berrinche y las ganas de cagarnos… le botamos su plan de medios pa’ la campaña. Les apuesto que luego de la entrevista a la Yoya venían las apariciones de Cantero y obvio no íbamos a sospechar porque la Yoya también había salido (De ahí la insistencia)», afirmó Echiburú.

Según fuentes consultadas por Diario Regionalista, en las próximas horas se podrían conocer nuevas filtraciones, en un caso que está lejos de terminar y que revela profundas divisiones en la derecha tradicional antofagastina, a menos de un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

A la demanda por despido injustificado del ex jefe de prensa del organismo, Francisco Salazar, se suma la revelación de que la salida de la ex secretaria general ejecutiva, Belguin Cisternas, no fue una “destitución”, sino un acuerdo que incluyó el pago de una indemnización de 25 millones de pesos de fondos públicos. El finiquito, firmado el 2 de junio de 2025 entre la CMDS, cuyo directorio es presidido por el alcalde Sacha Razmilic, y Cisternas, fue revelado tras una solicitud por Ley de Transparencia efectuada por La Izquierda Diario.

La gestión de Belguin Cisternas ya había sido duramente cuestionada, no solo por el llamado «Caso CMDS», sino también por su rol durante la crisis tras la trágica muerte de la profesora Katherine Yoma, quien denunció acoso y agresiones en su lugar de trabajo. A pesar de esta controversia, la funcionaria había sido ratificada en su cargo por la administración actual.

Durante los últimos días, los dardos también han apuntado contra el actual secretario general ejecutivo de la Corporación, Jonathan Vergara (Evópoli), a quien se responsabiliza por impulsar el contrato comunicacional que desató la polémica. Asimismo, se ha apuntado a la ex directora de Dideco y actual candidata a diputada, Yantiel Calderón (Evópoli), quien incluso habría sido protagonista de un capítulo que se grabó en el marco de este acuerdo comercial frustrado, sin que se conozcan las razones por las cuales no se emitió dicho programa.

El acuerdo que selló la salida de Belguin Cisternas desde la Secretaría General Ejecutiva de la CMDS consideró la renuncia de la ex funcionaria a presentar acciones legales contra la entidad, tal como quedó plasmado en el punto N°6 del documento al que accedió Diario Regionalista, que señala lo siguiente:

«Finalmente el trabajador declara expresamente que, como consecuencia de este término de relación laboral, y el finiquito suscrito; no tiene cargo ni reclamo alguno que formular a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, razón por la cual renuncia expresamente a toda acción que pudiere interponer en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta; sea de carácter administrativa o judicial, particularmente aquellas de naturaleza laboral, civil, penal, o que tuvieren su origen en la Ley 16.744 y reglamentos anexos».

A continuación se puede revisar el documento completo:

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La acción legal de Salazar se produce luego de su despido, que tuvo lugar tras la revelación, por parte del programa Sentido Común (coproducción de Diario Regionalista, Diario Antofagasta y El Hashtag), de un polémico contrato comunicacional entre la CMDS y El Mercurio de Antofagasta. Este acuerdo consideraba el uso de recursos destinados a las áreas de educación y salud, lo que generó un fuerte cuestionamiento público.

En su demanda, el periodista acusa directamente al alcalde Razmilic de hacer afirmaciones falsas al culparlo del controvertido contrato. Salazar sostiene que la orden para llevar a cabo el acuerdo comunicacional y utilizar los fondos de educación y salud fue una instrucción superior y que habría emanado de Jonathan Vergara (Evópoli), actual secretario general ejecutivo de la CMDS y hombre de confianza del alcalde.

«Fui expuesto públicamente. Se dice que no tenían idea y que fue algo que hice yo de manera premeditada y sin consultar a nadie, lo que es totalmente falso. La instrucción viene por parte del ex director de servicios de salud y educación, el señor Jonathan Vergara. El instruyó generar un plan de medios que tenía que tener ciertas directrices», afirmó Salazar.

«Se dice que yo hago las bases de licitación solo, lo cual no es así. Hay todo un equipo. Una Corporación pasa por muchos filtros. Dentro de esos filtros se encuentran los abogados, organismos de control. Tenemos los respaldos en cuanto a correos, mensajes y testigos», agregó el comunicador.

Además de reclamar por su despido injustificado, la demanda de Salazar se enfoca en las injurias y la deshonra que, a su parecer, sufrió al ser señalado como responsable de este hecho, conocido mediáticamente como “Caso CMDS”.

Como parte de las revelaciones, el excomunicador detalló que uno de los capítulos del programa contratado incluyó una entrevista a Yantiel Calderón (Evópoli), quien en ese entonces era directora de Dideco, una figura cercana al alcalde y actualmente candidata a diputada. Esta situación añade un nuevo elemento al debate sobre el uso de recursos públicos para fines políticos.

«Se graba este capítulo que yo no entiendo por qué no sale a la luz pública. Es una entrevista que hacen estudiantes del ISCA a la directora de Dideco. Eso es lo que sucedió», confirmó Salazar.

La demanda laboral habría sido declarada admisible, mientras que desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) afirman que aún no son notificados formalmente de la acción judicial.

Según una declaración pública del gremio, el bono debía ser cancelado el 30 de junio, conforme a lo acordado en el convenio colectivo firmado el 6 de mayo. No obstante, el pago no fue tramitado a tiempo, lo que el sindicato atribuye a “la falta total de gestión por parte de la Corporación”.

En una sesión extraordinaria del Concejo Municipal realizada el 24 de junio, el alcalde Sacha Razmilic comprometió públicamente el pago para el viernes 4 de julio. Sin embargo, en la sesión del 1 de julio, la CMDS no presentó el convenio colectivo, atribuyendo la omisión a la reciente renovación del directorio, hecho que, según el sindicato, no fue advertido por el secretario ejecutivo, Jonathan Vergara, ni por el jefe comunal, lo que califican como una “grave negligencia administrativa”.

Además del bono, el gremio denunció el incumplimiento reiterado de otras asignaciones pactadas en el contrato colectivo. Por ello, exigen sanciones administrativas para los responsables y anunciaron que la movilización incluirá puntos de prensa, entrega de información a la comunidad y difusión en redes sociales.

“Porque los derechos laborales no se mendigan: se exigen y se respetan”, concluye el comunicado.

La abogada Calisto fue quien advirtió formalmente sobre posibles irregularidades en el uso de recursos públicos vinculados al polémico contrato comunicacional por $65 millones firmado entre la CMDS y una empresa del holding El Mercurio. En su certificado de visto bueno de la resolución N°147/25 —que aprobó las bases del proceso licitatorio— la jurista señaló: “SGE no existe ítem en subvenciones estatales para la publicidad institucional, salvo sea en exclusividad con beneficio educación y salud, lo que debe ser controlado por quienes estarán a cargo. Ante ello, dejo a su decisión, atte”.

Pese a esta advertencia legal, el contrato fue adjudicado, en una decisión que generó controversia pública tras ser revelada en mayo por el programa Sentido Común (coproducción de Diario Regionalista, El Hashtag y Diario Antofagasta). La situación salpicó directamente al alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic (Evópoli), quien preside el directorio de la CMDS y declaró que desconocía la existencia del contrato. Posteriormente, anunció que el servicio fue dejado sin efecto.

En reemplazo de Isabel Calisto, fue designado como jefe jurídico de la CMDS el abogado Christián Arenas, militante del Partido Demócrata Cristiano (DC), lo que evidencia un intento del alcalde Razmilic por ampliar su base de apoyo político más allá del sector de derecha.

Sin duda el llamado Caso CMDS seguirá dando que hablar en los próximos días y semanas, en una controversia que pone sobre la mesa la necesidad de mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en áreas tan sensibles como la educación y la salud.

A continuación puedes revisar los capítulos de Sentido Común donde se abordó el caso:

El proceso de fiscalización fue confirmado en respuesta a un oficio presentado por la diputada Yovana Ahumada (PSC) a mediados de mayo, donde solicitó al organismo contralor y al Consejo de Defensa del Estado indagar el destino de los más de $65 millones adjudicados por la CMDS a una empresa del holding El Mercurio, para implementar una serie de publicaciones financiadas con recursos provenientes de la Subvención Escolar y del Per Cápita de Salud de la comuna.

A través de un escrito dirigido a la parlamentaria, la Contraloría informó que “ha dispuesto el inicio de una actividad de fiscalización en la CMDS, para atender la materia expuesta, la cual abordará los aspectos planteados en su presentación, cuyos resultados le serán informados oportunamente para su conocimiento y fines pertinentes”.

Al respecto la diputada Yovana Ahumada calificó la acción como “una buena noticia para quienes buscamos que el actuar en política se haga de manera transparente. Son muchos los millones involucrados, dineros públicos que estaban dirigidos a salud y educación de la comuna de Antofagasta y eso se tiene que aclarar».

Cabe recordar que este caso fue dado a conocer en el programa Sentido Común, una coproducción de Diario Regionalista, El Hashtag y El Diario de Antofagasta. A raíz de estas denuncias, hasta ahora han sido removidos de sus cargos dos funcionarios: Francisco Salazar, quien se desempeñaba como jefe de comunicaciones de la CMDS, y Belguin Cisternas, quien ejercía como secretaria general ejecutiva de la entidad.

A continuación, puedes revisar el capítulo donde se dio a conocer este caso, junto al episodio especial que entrega nuevos antecedentes: