Más allá de lo académico, la representante diplomática sostuvo reuniones clave para el futuro productivo de la zona. Con el gobernador Ricardo Díaz, acordó la firma de un Convenio Marco de cooperación institucional, mientras que con el alcalde Sacha Razmilic estableció el compromiso de concretar una conectividad aérea directa entre Antofagasta y México. En el ámbito económico, Moreno Rodríguez lideró un encuentro en Corfo con más de 40 empresarios locales y visitó el Puerto de Antofagasta, subrayando que las inversiones conjuntas entre ambas naciones ya alcanzan los 3.800 millones de dólares al cierre de 2025, con especial foco en el litio, el hidrógeno verde y las energías renovables.

En el plano de la política internacional, la embajadora reafirmó el respaldo total del gobierno de Claudia Sheinbaum a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, definiéndola como la figura «ideal» para liderar el organismo.

A continuación, presentamos los detalles de esta conversación donde la diplomacia territorial y el desarrollo del «Sur Global» fueron los ejes principales.

Su visita se da en el marco del lanzamiento del libro «México y Chile: Una historia de asociación estratégica» en la Universidad de Antofagasta. ¿Qué hitos de esta relación histórica destaca la obra y por qué se eligió a una universidad regional como la UA para este hito editorial?

La obra documenta exhaustivamente los históricos lazos de hermandad, solidaridad y cooperación política, económica y cultural que unen a nuestros pueblos de cara a los desafíos del futuro. Elegimos la Universidad de Antofagasta por nuestra profunda convicción en el rol de lo público. Las instituciones estatales constituyen el motor indiscutible del desarrollo científico, la investigación y la principal vía de movilidad social para las comunidades. Presentar el libro en este espacio subraya nuestro objetivo de consolidar la transferencia de conocimientos. Esta acción busca potenciar el trabajo articulado tras la reciente instalación de la sede de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el país sudamericano.

Más allá del lanzamiento del libro, ¿cuáles son los otros puntos clave de su agenda en la región? ¿Tiene contempladas reuniones con autoridades locales para abordar temas de interés común?

Mi agenda abarca encuentros territoriales concretos orientados a dinamizar el desarrollo integral. Sostuve una reunión de trabajo con el gobernador Ricardo Díaz, con quien acordamos impulsar de inmediato un Convenio Marco para institucionalizar áreas prioritarias de cooperación. Dialogué con la delegada presidencial, Katherine López, sobre el inmenso valor geopolítico de la región. Junto al alcalde Sacha Razmilic, delineamos acciones para fomentar la cooperación científica y establecimos el acuerdo para concretar una conectividad aérea directa entre Antofagasta y México. Además, junto al presidente de CICMEX, lideramos un diálogo ampliado en Corfo con más de 40 empresarios locales, y realicé un recorrido en terreno por el Puerto de Antofagasta con su gerente general, Carlos Escobar.

Antofagasta es un motor minero y energético de Chile. Desde la perspectiva de México, ¿existen intereses específicos de inversión o colaboración técnica en sectores como el litio o las energías renovables, considerando que ambos países poseen desafíos similares en estas industrias?

Las inversiones conjuntas acumuladas alcanzan los 3.800 millones de dólares al cierre de 2025. Buscamos fortalecer activamente las cadenas de valor entre la potente industria antofagastina y el mercado de México. Nuestra agenda pone un énfasis especial en la minería del litio, la generación de energías renovables y el desarrollo del hidrógeno verde. En el ámbito científico, nuestro diálogo también profundizó en el desarrollo de la industria del litio y el avance en energías limpias. Compartimos desafíos y poseemos un interés firme en promover el desarrollo de nuestras fuerzas productivas mediante oportunidades directas de internacionalización para los proveedores mineros locales.

La descentralización es un tema latente en Chile. ¿Cómo visualiza la Embajada de México el fortalecimiento de los lazos directos entre los estados mexicanos y las regiones chilenas, más allá del centralismo de Santiago?

Este histórico despliegue territorial rompe el centralismo diplomático tradicional. Reafirmamos el compromiso irrestricto de México por establecer alianzas directas y de beneficio mutuo con los gobiernos regionales chilenos. Las reuniones sostenidas establecen el punto de partida para estructurar un trabajo permanente entre nuestro país, el Gobierno Regional y los sectores productivos locales. Visualizamos la diplomacia con un alcance territorial efectivo, capaz de dinamizar el desarrollo integral y materializar la integración latinoamericana.

México ha manifestado un respaldo claro a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. ¿Cuál es la importancia que le otorga el gobierno mexicano a que un liderazgo chileno y, fundamentalmente, latinoamericano encabece el organismo en el contexto global actual?

Sobre esta materia diplomática, hago propias las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum: Consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando.

En un escenario internacional complejo, con conflictos en diversas latitudes, ¿de qué manera México busca plantear una voz firme ante las potencias mundiales?

México mantiene intactos sus principios históricos de política exterior. Defendemos férreamente la resolución pacífica de controversias y el respeto absoluto a la autodeterminación de los pueblos. Planteamos una voz constructiva, soberana y articuladora ante la comunidad internacional. Promovemos el diálogo permanente frente a las potencias para garantizar equilibrios geopolíticos y beneficiar directamente al Sur Global y a toda América Latina.

Históricamente, el intercambio estudiantil y académico entre ambos países ha sido muy fuerte. ¿Existen planes para ampliar esta colaboración o convenios específicos que permitan a investigadores y estudiantes de la Región de Antofagasta estrechar lazos con centros de excelencia en México?

Consolidaremos la transferencia de conocimientos mediante acciones precisas. En mi reunión con el rector de la Universidad de Antofagasta, Marcos Cikutovic, priorizamos el desarrollo compartido de nuevas tecnologías y la generación de innovaciones conjuntas. Las autoridades locales destacaron el rol de esta casa de estudios en la generación de conocimiento aplicado. Estas acciones académicas potenciarán el trabajo articulado con la reciente instalación de la sede de nuestra UNAM en el país. Lo público ejerce un rol clave aquí; la ciencia y la investigación impulsada por el Estado garantizan el progreso de nuestras sociedades y aseguran una verdadera movilidad social para las nuevas generaciones.

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Durante el juicio, que se extendió por más de un año, los jueces concluyeron que al momento de la lesión solo Crespo estaba disparando y que la evidencia audiovisual y pericial permitía establecer su autoría directa. Sin embargo, el tribunal estimó que el uso del arma se produjo en un contexto de enfrentamientos, descartando responsabilidad penal, aun cuando el disparo terminó provocando una lesión permanente y gravísima.

La absolución vuelve a instalar el debate sobre la dificultad de sancionar penalmente a agentes del Estado en casos de uso excesivo de la fuerza o abusos. En la práctica, el fallo consolida la idea de que, incluso cuando se acredita quién disparó, basta con invocar un contexto de disturbios para cerrar la puerta a condenas, reforzando la percepción de impunidad frente a violaciones de derechos humanos.

Este escenario se ve reforzado por el marco legal vigente, especialmente tras la aprobación de la Ley Nain-Retamal durante el actual gobierno (2023), normativa que amplió las facultades de uso de la fuerza de Carabineros y fortaleció la presunción de legítima defensa policial. Diversas organizaciones han advertido que esta normativa opera, en los hechos, como una “ley gatillo fácil”, al elevar las barreras para responsabilizar penalmente a funcionarios armados.

Para las víctimas del estallido social y sus familias, el fallo representa no solo la falta de justicia individual, sino también una señal política preocupante: el Estado no solo no sanciona, sino que termina blindando jurídicamente a quienes causaron daños irreparables. Gustavo Gatica, electo diputado, quedó completamente ciego tras recibir disparos mientras se manifestaba, como miles de chilenos, en noviembre de 2019.

El caso de Crespo no es aislado. Se suma a una serie de procesos donde, pese a abundante evidencia, no se logran condenas efectivas por lesiones oculares, disparos injustificados y apremios ilegítimos, configurando un patrón de respuestas judiciales que privilegian la protección institucional por sobre el derecho de las víctimas.

La absolución, lejos de cerrar una herida, profundiza el cuestionamiento al sistema de justicia y a la política de seguridad pública, dejando la sensación de que, en Chile, incluso cuando se prueba quién disparó, la responsabilidad penal puede evaporarse si el uniforme está de por medio.

La decisión se adoptó luego de que los diputados PS, Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, entregaran antecedentes que apuntan a pagos por $255,5 millones realizados por Andes Iron durante 2023 al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber. Las transferencias se concretaron en paralelo a la revisión, por parte del Tribunal Ambiental de Antofagasta, del rechazo del Comité de Ministros al controvertido proyecto minero-portuario.

De acuerdo con una investigación publicada por el medio Reportea, los montos fueron registrados como honorarios por asesorías jurídicas, pese a que Lagos y Vargas no figuraban como litigantes en las causas asociadas a Dominga. Entre los antecedentes aportados se incluyen cartolas bancarias, un contrato firmado en marzo de 2023 por un total de UF 7.100 y la distribución interna de los pagos, parte de los cuales habrían llegado a exparlamentarios vinculados al estudio jurídico.

Asimismo, los documentos entregados al Ministerio Público consideran cruces temporales con fallos judiciales relevantes y eventuales vínculos con ministros que intervinieron en decisiones favorables a la minera. Con estos elementos, la Fiscalía estimó que existen antecedentes suficientes para indagar la eventual comisión de delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias, abriendo así un nuevo flanco judicial en la extensa y polémica historia del proyecto Dominga.

Cabe recordar que el 3 de octubre de 2021, los medios digitales Ciper Chile y LaBot revelaron que la familia del fallecido expresidente Sebastián Piñera pactó en 2010 la venta del proyecto minero Dominga al empresario Carlos Alberto Délano, mediante una operación realizada en las Islas Vírgenes Británicas.

La investigación dio cuenta de que el último pago, por US$10 millones, se concretó en 2011 —durante el primer mandato de Piñera— y estaba condicionado a que no se produjeran cambios regulatorios que impidieran la instalación de la mina y su puerto. En concreto, el pago se efectuaría siempre que el área no fuera declarada zona de exclusión ambiental, parque nacional o reserva natural.

Como dichas restricciones no se materializaron, la operación se cerró según lo estipulado. Meses antes, en agosto de 2010, Piñera anunció públicamente la cancelación del proyecto termoeléctrico Barrancones en La Higuera, la misma comuna donde se emplaza Dominga, hecho que intensificó los cuestionamientos públicos.

Estos antecedentes motivaron una investigación penal contra el entonces mandatario por eventuales delitos tributarios y de cohecho, vinculados a la cláusula contractual que supeditaba el pago final a decisiones regulatorias ambientales. Sin embargo, la causa avanzó escasamente y fue cerrada tras el fallecimiento de Piñera. Hoy, una investigación previa de 2017 —en la que el expresidente fue sobreseído— vuelve a ser cuestionada, luego de que el fiscal a cargo, Manuel Guerra, quedara bajo la lupa por sus vínculos con el denominado Caso Hermosilla.

La expansión de Sacyr en Chile no pasa desapercibida en el norte del país, donde la empresa mantiene un historial de graves cuestionamientos. El grupo económico es parte de la operación del Hospital Regional de Antofagasta a través de la concesionaria Salud Siglo XXI, gestión marcada por filtraciones, problemas estructurales, fallas en sistemas de climatización, deficiencias en servicios críticos e incluso un incendio que obligó a evacuar el recinto.

Pese a este historial, Sacyr sigue acumulando concesiones en nuestra región y en todo el país. En abril se adjudicó un contrato por 300 millones de dólares para el tratamiento, reúso y comercialización de aguas servidas en Antofagasta por los próximos 35 años, proceso que generó controversia por resolverse en menos de cinco días corridos, incluyendo un fin de semana y un feriado.

Sacyr está presente en Chile desde los años 90’s y controla un amplio portafolio de concesiones, entre aeropuertos, carreteras, hospitales y diversas obras de infraestructura y tratamiento de aguas. Su nuevo contrato en Coquimbo refuerza su posición estratégica en el país, pero mantiene abierto el debate sobre las críticas al desempeño de la empresa.

En el caso del Hospital Regional de Antofagasta, según denuncias de gremios y autoridades regionales, las fallas estructurales en el sistema de cañerías y el mantenimiento general del recinto han puesto en riesgo la seguridad de pacientes y trabajadores.

“El tema de la concesionaria es un tema de larga data. Llevamos ocho años en el hospital y, como comprenderás, han pasado múltiples fallas en que la concesionaria de alguna u otra manera se ha visto involucrada”, comentó Danilo Gómez, dirigente de Fentess (asociación de técnicos del Hospital de Antofagasta), en una reciente entrevista con Diario Regionalista.

El representante explicó que uno de los problemas más graves es el desgaste de las cañerías de agua y aire acondicionado, denunciadas en el informe Ramae, contratado por la misma empresa concesionaria. “Solo se inspeccionaron tres de los ocho pisos del hospital y ya se encontraron cañerías en pésimo estado”, agregó.

En conversación con Diario Regionalista, Jara aseguró que en su futuro gobierno impulsará la revisión del modelo de gestión del Hospital Regional, la creación de un Centro Oncológico en Calama y un plan nacional para reducir las listas de espera. Además, presentó los ejes de su propuesta de seguridad pública y control fronterizo, con foco en el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas en pasos limítrofes y la recuperación de espacios públicos.

La abanderada también reflexionó sobre la importancia de “votar a conciencia”, defendiendo su trayectoria legislativa. «Yo he demostrado mi capacidad de gestión con distintas leyes que me tocó liderar y que hoy constituyen mejoras concretas en la vida de las personas, como la Ley de 40 Horas y la Reforma de Pensiones», recordó.

¿Cómo fue el recibimiento de la comunidad en su visita a Antofagasta?

He tenido la oportunidad de visitar la región en diversas ocasiones, en mi rol como candidata a la Presidencia de la República esta fue la tercera y siempre es muy reconfortante estar en contacto con la ciudadanía, escuchar sus problemáticas y tender estos puentes de diálogo que son tan necesarios hoy en política. En esta última ocasión me reuní con personal de la salud junto al Gobernador, porque conozco la situación en el Hospital Regional y es una preocupación que se transformará en prioridad en mi gobierno, pues constituiré una comisión que deberá entregar una propuesta de soluciones en un mes de plazo. Rescato siempre el cariño que recibo en cada visita, además de la oportunidad de presentar nuestras propuestas para mejorar la calidad de vida de las familias acá en Antofagasta.

¿Qué temas específicos abordó con los gremios de salud y qué compromisos se establecieron?

Claro, como le decía la situación del Hospital Regional es algo que me preocupa y que transformaré en prioridad. Me comprometí, y está en mi programa, a revisar el modelo de concesiones bajo el que hoy se administra el hospital y que lo ha llevado a graves problemas de infraestructura. Pero sé que la región necesita más y por eso comprometí un Centro Oncológico en Calama. La salud será uno de los pilares de mi gobierno. Anuncié que avanzaremos con las listas de espera, llegando a 300 mil cirugías al tercer año de gobierno, impulsaremos que los especialistas estén en la atención primaria e implementaremos el Programa Integral de Cáncer Ginecológico y de Mama, además de la vacunación contra el VPH para hombres jóvenes, quienes son los portadores de la enfermedad que hoy afecta a tantas mujeres. Nuestro compromiso es con un Chile que cumple: un país donde la salud llegue a tiempo.  

¿Cuáles son los principales ejes de su propuesta de seguridad anunciada desde Antofagasta?

Entiendo la preocupación que viven hoy los vecinos de Antofagasta, he podido conversar directamente con ellos sobre cómo la delincuencia y la inseguridad ha afectado sus vidas. Proponemos fronteras seguras y con control permanente, institucionalizando el despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar los pasos fronterizos como infraestructura crítica del país. Este trabajo estará respaldado por un Plan Estratégico de Control Fronterizo, que coordine de manera estable a las Fuerzas Armadas, Carabineros, Aduanas y otras agencias del Estado para enfrentar este fenómeno que nos tiene tan preocupados como país.

¿Qué rol específico jugará Carabineros en el control fronterizo y qué propone para mejorar el centro de Antofagasta?

Además, crearemos una Dirección especializada en Carabineros, dedicada exclusivamente al control fronterizo, con apoyo tecnológico, inteligencia operativa y logística militar. De esta manera, Antofagasta contará con una capacidad de vigilancia y respuesta permanente, que proteja a las comunidades locales y que garantice el orden público. Implementaremos también el Plan Recuperemos Antofagasta con el objetivo de revitalizar el centro, recuperar los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de las familias y controlar las incivilidades. Porque el progreso no se mide en cifras, se siente en cada calle, en cada barrio y en la vida cotidiana de la gente.

¿Qué llamado le haría a las personas que aún están indecisas y que sienten decepción hacia la política por promesas incumplidas y demandas no abordadas?

Más que un llamado, creo que los antofagastinos deben votar a conciencia. Yo he demostrado mi capacidad de gestión con distintas leyes que me tocó liderar y que hoy constituyen mejoras concretas en la vida de las personas, como la Ley de 40 Horas y la Reforma de Pensiones. Me comprometí a sacar estas reformas y cumplí. Por eso hoy propongo un ingreso vital de $750.000, porque es una medida de dignidad para las familias trabajadoras, es además una propuesta responsable que se financiará a través de tres pilares: sueldo mínimo, subsidio a las pymes y aporte directo al trabajador o trabajadora.

*Imágenes: Valeria Ríos.

José Antonio Kast, el abanderado de ultraderecha, escogió un lugar insólito para el lanzamiento de su campaña: un sector aislado, a la salida de Antofagasta, cerca del kilómetro 12 de la carretera que une la ciudad con Calama. En un acto que pareció más una reunión privada que un evento de campaña, se instaló un escenario y se «acarreó» a personas en vehículos. A pesar de estos esfuerzos, la convocatoria fue discreta, y la imagen que dejó el representante del Partido Republicano fue la de un candidato que prefiere hablarle a un público selecto y controlado, lejos de la ciudad y de sus habitantes.

Por su parte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, optó por una fórmula similar. Su acto principal en el salón de un hotel fue un evento cerrado y con invitados seleccionados. No hubo espacio para la espontaneidad ni para el encuentro amplio con la ciudadanía. La imagen proyectada fue la de una candidata que se siente más cómoda en un entorno protegido, lejos de las preguntas incómodas y del contacto directo con la gente.

En contraste, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, demostró un enfoque totalmente diferente. Su visita a la región fue una gira cara a cara con la comunidad. En Antofagasta, realizó un diálogo abierto en una sede social, seguido de un masivo banderazo en pleno Paseo Prat, una de las arterias más concurridas de la ciudad. Con pasacalles y batucada, saludó a la gente, se tomó fotos y culminó con un acto público en la intersección de Prat con Matta. Su estrategia se repitió en Calama y Mejillones, donde también realizó eventos abiertos y masivos.

La diferencia es clara: mientras las principales actividades de Kast y Matthei fueron actos privados y en lugares apartados, Jara se expuso al escrutinio público en la calle, el lugar donde la democracia se vive de forma concreta. La elección de estos espacios habla mucho sobre la manera en que los candidatos conciben la política y su relación con la ciudadanía. Mientras unos prefieren el control y la distancia, otros apuestan por la cercanía y el contacto directo. En un contexto político de creciente desconfianza, la transparencia y la cercanía son valores que cada vez cobran más importancia.

El evento contará con un taller pedagógico abierto a toda la comunidad, y busca generar una reflexión sobre el rol de la educación en el actual contexto de negacionismo sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de 2019.

“Este libro reúne parte del trabajo que hemos venido realizando con víctimas, familiares, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía”, explicó Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile, en conversación con Diario Regionalista.

«Después de cinco años y medio, desde el inicio del estallido social, nuestra mirada sigue siendo que millones de personas en 2019 salieron a las calles a exigir dignidad y Amnistía Internacional estuvo presente desde el primer momento y durante estos cinco años ha aportado con diversos informes y materiales educativos», agregó.

La publicación aborda doce temas vinculados al estallido social, entre ellos la violencia policial, la criminalización de la protesta, la responsabilidad del mando en las violaciones de derechos humanos y las medidas pendientes en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Bustos advirtió sobre el avance del negacionismo en Chile y destacó la importancia de trabajar junto a agrupaciones como el sitio de memoria La Providencia. “Creemos que hay que disputar esos relatos negacionistas y construir una memoria basada en el respeto de los derechos humanos”, señaló.

«Invitamos a todas las personas a acercarse, a conocer este material educativo que podrán llevarse gratuitamente y también a participar del taller pedagógico donde se conversará, se reflexionará sobre el rol de la educación en el actual escenario negacionista de las violaciones a los derechos humanos cometidas en distintos periodos de nuestra historia y durante el estadio social», destacó.

El libro estará disponible en formato físico para los asistentes y también podrá descargarse gratuitamente en www.amnistia.cl, con el objetivo de ser utilizado en espacios comunitarios y educativos, así como en encuentros ciudadanos.

El siguiente es el formulario de inscripción para quienes deseen asistir a este lanzamiento en Antofagasta, el que se realizará en el sitio de memoria La Providencia, en calle Matta 3230: https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSe6V9bFcBw45h9h37HrwHkVZ_U4zSou1S_kDGXLw-tn9RPVWA/viewform?usp=send_form

Sin embargo, mientras la delincuencia se organiza, blanquea dinero y se infiltra en distintas actividades económicas, la derecha en el Congreso ha decidido bloquear iniciativas clave. En marzo pasado, el Senado -con los votos en contra de todos sus representantes de derecha, incluida la senadora por nuestra región, Paulina Núñez (RN)- rechazó una normativa para permitir acceder al secreto bancario sin orden judicial en casos de crimen organizado. El argumento fue que “el sistema ya funciona”, pese a que la realidad demuestra lo contrario.

Un reciente reportaje de CIPER Chile sobre el Tren de Aragua en nuestro país expuso una verdad incómoda: Durante años, cientos de operaciones bancarias ligadas a esta red criminal pasaron desapercibidas. Ningún banco emitió alertas preventivas. Las investigaciones comenzaron tarde, cuando gran parte del dinero ya había salido del país. Incluso la propia Unidad de Análisis Financiero (UAF) reconoció que actualmente solo logra detectar el 2% de los fondos que mueve el crimen organizado.

Los defensores del status quo argumentan que levantar el secreto bancario vulneraría derechos individuales. Pero lo cierto es que los proyectos en discusión no buscan intervenir cuentas personales por capricho. Solo en casos de delitos graves como narcotráfico, extorsión, sicariato o lavado de activos, y con criterios definidos por ley, se permitiría acceder a información financiera. Nada arbitrario, nada masivo.

Como explicó el economista Felipe Salce en CIPER, el sistema actual solo permite levantar el secreto bancario en investigaciones muy acotadas. La idea de ampliar estas facultades apunta a hacer más eficiente la persecución penal, sin eliminar controles ni garantías. De hecho, en la mayoría de los países de la OCDE, el acceso del fisco o de organismos especializados a esta información es mucho más directo.

Chile necesita avanzar. No podemos seguir permitiendo que los delincuentes operen con ventaja en un sistema que protege su anonimato financiero. Negarse a modernizar la ley es, en la práctica, facilitar el lavado de dinero. No se trata de izquierda o derecha. Se trata de tener un Estado que esté a la altura del desafío criminal que enfrentamos.

Mientras el crimen organizado se moderniza, algunos sectores políticos siguen atrapados en mitos y caricaturas. Es hora de que esa barrera ideológica caiga. Porque sin trazabilidad financiera, la lucha contra las mafias está perdida desde el inicio.

Pese a que el alcalde y presidente del directorio de la CMDS, Sacha Razmilic (Evópoli), ha reiterado en discursos públicos su compromiso con la “meritocracia” y la “profesionalización de los equipos técnicos”, la realidad interna de la Corporación muestra un panorama distinto. Las direcciones claves han sido distribuidas entre figuras ligadas directamente a los tres partidos de la derecha tradicional local (Chile Vamos): RN, la UDI y Evópoli.

La Dirección de Educación -una de las áreas más sensibles, que atiende al 59% de la población en edad escolar de Antofagasta, con más de 40 mil estudiantes- está en manos de Carlos Cantero, exalcalde designado en dictadura, exdiputado, exsenador y figura histórica de Renovación Nacional. Cantero es conocido por su cercanía con la senadora Paulina Núñez (RN), lo que ha levantado suspicacias sobre el respaldo político detrás de su designación.

En paralelo, la Dirección de Salud fue entregada a Rossana Díaz, militante de la UDI y exseremi de Salud durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Bajo su responsabilidad recae la gestión de la salud primaria de la comuna, un sistema que cubre a miles de usuarios y que también ha sido objeto de críticas por falencias estructurales y falta de recursos en diversos centros.

Finalmente, y cerrando esta triada, el recién asumido secretario general ejecutivo de la CMDS es Jonathan Vergara, militante de Evópoli, muy cercano al alcalde Razmilic y a la actual directora de Dideco, Yantiel Calderón, carta del mismo partido para las elecciones parlamentarias. La llegada de Vergara se concretó tras la salida de Belguin Cisternas, en el marco del escándalo por el contrato de $65 millones con El Mercurio, financiado con recursos de salud y educación.

Este reparto de cargos estratégicos ha sido duramente cuestionado por diversas voces, incluyendo a los gremios, quienes advierten que se trata de un burdo ejercicio de cuoteo político dentro de una institución que debe manejarse con criterios técnicos y no partidistas, considerando que administra cuantiosos recursos públicos provenientes del Mineduc, el Ministerio de Salud y traspasos municipales.

Cabe recordar que la CMDS ya arrastra un historial de escándalos: desde la condena por fraude al fisco contra la exalcaldesa Karen Rojo (UDI) -hoy prófuga en Países Bajos y a la espera de una posible extradición- hasta la caótica gestión del exalcalde Jonathan Velásquez (ex Evópoli), recientemente inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años por faltas a la probidad.

El caso actual no solo revive las peores prácticas de cuoteo político, sino que revela que la promesa de un nuevo estilo de gestión, libre de favoritismos, quedó en el papel. Lo que se observa hoy es una Corporación secuestrada por la «repartija» partidista, mientras las comunidades escolares y usuarios de la salud pública siguen exigiendo soluciones reales.

En una declaración pública emitida este martes 13 de mayo, la empresa -ligada al grupo español Sacyr- reconoció fallas en el sistema de climatización y explicó que los trabajos de reparación se iniciaron en febrero, asegurando que estas labores no han afectado a pacientes ni usuarios. Sin embargo, una falla que se presentó esta semana obligó a suspender 20 cirugías, incluidas seis de carácter oncológico, lo que fue confirmado por el propio director (s) del hospital, Pedro Usedo.

La concesionaria sostiene que las fallas se deben a factores externos y no a negligencias operativas. “Es importante considerar que el factor de la calidad del agua, y con ello, los efectos de la corrosión en las tuberías han afectado la infraestructura”, señaló el comunicado, añadiendo que el diseño original del sistema responde al proyecto referencial elaborado por Minsal y el MOP en 2011.

Pero la explicación no convence a autoridades ni gremios de salud. Para muchos, este tipo de argumentos refuerzan la sensación de que Salud Siglo XXI intenta eludir su responsabilidad, pese a las múltiples fallas que ha acumulado desde que comenzó a operar el recinto: filtraciones, problemas de climatización, cortes de energía y hasta un incendio con evacuación masiva.

En su declaración, la empresa también alega que el hospital funciona hoy con una carga muy superior a la considerada en las bases de licitación. Cita como ejemplo el incremento de la dotación de personal (de 1.444 a 3.079 funcionarios entre 2018 y 2024), el extravío de ropa clínica y el aumento en la generación de residuos. Por todo ello, indica, han solicitado una modificación al contrato para reconocer sobrecostos y servicios extraordinarios.

Sin embargo, estos reclamos contrastan con las constantes quejas por parte de usuarios, trabajadores y parlamentarios, que acusan falta de compromiso real con el buen funcionamiento del hospital más grande del norte de Chile.

En medio de una creciente presión, Salud Siglo XXI dice mantener su “compromiso con los pacientes”, mientras acumula fallas, reclamos, excusas, pero sin dejar de recibir los millonarios fondos que el Estado le entrega mediante el contrato de concesión.