La determinación fue analizada este lunes 20 de julio por la Comisión de Obras Públicas y Transportes del Consejo Regional, instancia donde se constató el incumplimiento del convenio firmado con el Ministerio de Transportes para incorporar esta moderna flota en la comuna loína.

«Debido a restricciones presupuestarias, el ministerio informó que no podrá aportar los $19.244 millones comprometidos, por lo que el Gobierno Regional debería evaluar alternativas para garantizar la continuidad de esta iniciativa e incluso ampliar la flota a 52 buses eléctricos. La inversión total aprobada en 2024 alcanza $30.766 millones, de los cuales $11.522 millones eran de responsabilidad de aporte del Gobierno Regional», informaron desde la cuenta oficial del Consejo Regional en redes sociales.

En la publicación explicaron que la Comisión de Obras Públicas y Transportes anunció que la próxima semana viajará a Santiago para reunirse con autoridades del ministerio y buscar una solución que permita concretar este importante proyecto de electromovilidad para la capital de la provincia de El Loa.

«Los consejeros regionales representantes de la Provincia de El Loa, Sandra Berna Martínez y Emilio Mavrakis Assad, ratificaron que el compromiso del Consejo Regional es seguir impulsando un transporte público más moderno, sustentable y de mejor calidad para las vecinas y vecinos de Calama», concluyeron.

La votación se realizó este miércoles 8 de agosto y obtuvo 59 votos a favor, 45 en contra y una abstención, por lo que la iniciativa avanza a los siguientes trámites legislativos.

En el caso de los representantes de la Región de Antofagasta, el diputado del Partido Republicano, Carlo Arqueros, votó en contra de la propuesta, mientras que Jaime Araya, Fabián Ossandón, Marcela Hernando y Sebastián Videla lo hicieron a favor.

Consultado por Diario Regionalista sobre su rechazo a esta iniciativa, considerando sus constantes mensajes sobre seguridad y «mano dura» contra la delincuencia, el diputado Arqueros afirmó que «este voto no fue un pronunciamiento sobre el fondo del proyecto», asegurando que «se votó su admisibilidad y, a mi juicio, la moción trata materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República».

«Perseguir y sancionar los delitos es indispensable, pero también debemos legislar respetando la Constitución para evitar que las leyes terminen siendo declaradas inaplicables o inconstitucionales», agregó.

Cabe recordar que la iniciativa busca endurecer las consecuencias para quienes cometan delitos financieros y abusos contra el Estado y los consumidores. El texto legal contempla que, más allá de la condena penal, se apliquen duras sanciones civiles y financieras.

Tras esta votación, el proyecto queda en condiciones de iniciar el debate de fondo, por lo que se espera una pronta discusión en la Comisión de Seguridad de la Cámara.

Ante las consultas de Diario Regionalista, y debido al silencio que se había advertido en sus redes sociales respecto al cuestionado pacto, el senador PPD por la Región de Antofagasta, Pedro Araya, rompió el hermetismo y confirmó que fue parte de estas tratativas.

«Efectivamente participé en el acuerdo referido específicamente a la invariabilidad», señaló de manera escueta el legislador.

Cabe recordar que ya en el mes de mayo el senador Araya había manifestado estar disponible para aprobar la idea de legislar la Mega Reforma de Kast, haciendo un llamado a negociar con el gobierno. Finalmente, a fines de junio, el parlamentario se abstuvo al votar en general la iniciativa, siendo el único voto de oposición que no rechazó la propuesta que, entre otras medidas, contempla la rebaja de impuestos a las grandes empresas.

En lo técnico, las negociaciones de este miércoles 9 de julio zanjaron que la invariabilidad tributaria (que significa dejar «amarrados» los cobros de impuestos por un determinado periodo en el que no se pueden cambiar las reglas), contemplada originalmente en 25 años, bajará a 10 años en el caso de inversiones de 100 millones de dólares, y a 15 años para montos de 350 millones de dólares. En tanto, las megainversiones desde los 500 millones de dólares podrán acceder a una invariabilidad de 25 años.

Las críticas no se hicieron esperar. Es el caso del senador Vlado Mirosevic (PL), quien afirmó que «el PPD la embarró, abiertamente, y creo que tenemos que ordenar a la oposición, tener una voz clara. No quiere decir que estemos de acuerdo en todo, pero no podemos concurrir a darle los votos a una reforma de motosierra extrema». 

«Una cosa es querer ser colaborativo por el bien del país y otra cosa es ir a firmar una receta fracasada y ochentera. Nosotros no vamos a concurrir a eso y creo que el PPD se equivocó, la embarró, ese no es el camino», agregó.

Por su parte, el senador Daniel Núñez (PC), afirmó en declaraciones a Radio Duna que «es un muy mal acuerdo», agregando que además «rompe un principio básico que habíamos reforzado esta semana con los presidentes de los partidos, que era actuar unidos».

La Municipalidad de Sierra Gorda se encuentra en medio de una polémica tras confirmarse la participación de la alcaldesa Adriana Rivera en una gira oficial por Israel durante la última semana de junio de 2026. La jefa comunal asistió al evento «Muni Expo 2026» realizado en la ciudad de Tel Aviv, agenda que además contempló actividades y traslados por otras localidades como Jerusalén, Hadera y Sderot.

Rivera no viajó sola desde el territorio nacional: a la comitiva chilena también se sumaron alcaldes y representantes de comunas como Huara, Casablanca, Calera de Tango, La Florida, Illapel, Bulnes, Hijuelas, Rapa Nui y Macul. Sin embargo, en el ámbito local, llama la atención que este viaje de la alcaldesa de Sierra Gorda no fue publicado en ninguna red social ni canal de difusión de la municipalidad, manteniéndose bajo un estricto blindaje informativo hacia la comunidad vecinal.

La misión internacional de la jefa comunal coincide con la publicación del informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. El documento, de casi 100 páginas, es el primer documento de un órgano investigador de las Naciones Unidas dedicado específicamente a constatar las graves violaciones y crímenes cometidos contra niños palestinos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, entre el 7 de octubre de 2023 y el 31 de marzo de 2026.

La investigación determinó de forma categórica que las autoridades y fuerzas de seguridad de Israel son responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza, sumado a crímenes de guerra en Cisjordania. Estos antecedentes se acoplan a un dictamen previo que ya había concluido la existencia de un genocidio en el territorio gazatí.

Al respecto, el comisionado Srinivasan Muralidhar fue tajante al señalar que «las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes atacaron y mataron deliberadamente a niños palestinos y destruyeron su infancia», agregando que el nuevo texto «aporta elementos que sustentan la conclusión de genocidio».

Ante el complejo escenario internacional y los cuestionamientos éticos que pesan sobre el Estado de Israel, Diario Regionalista tomó contacto directo con la alcaldesa Adriana Rivera para consultarle sobre los motivos de su viaje y su postura frente al genocidio contra el pueblo palestino.

Sin embargo, la jefa comunal de Sierra Gorda descartó pronunciarse: «En esta oportunidad no me referiré al viaje ni a las materias que usted señala», indicó.

De igual forma, este medio extendió las consultas a todos los concejales de la comuna mediante correo electrónico, para conocer si el viaje contó con la autorización del cuerpo colegiado, cuál es el beneficio real de este intercambio para los habitantes de Sierra Gorda y su evaluación frente a las acusaciones de genocidio que pesan sobre Israel. Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los ediles locales emitió una respuesta al respecto.

La científica antofagastina y exconvencional, Cristina Dorador, se refirió en duros términos a la iniciativa impulsada por el presidente José Antonio Kast.

«Hacen malos proyectos, se los rechazan y más encima ¿hay que pagarles con plata del Estado por las molestias? Es una desfachatez sin nombre», afirmó la académica a través de sus redes sociales.

Por su parte, el senador Diego Ibáñez advirtió que este tipo de normativas «no existe en ninguna parte del mundo», lo que habría sido reconocido por el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

«Es en realidad solo un ‘seguro’ para los privados, sin pago de prima, sin contraprestación. Una verguenza que quieren que aprobemos», señaló el legislador.

Cabe señalar que a pesar de estas objeciones, la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó por mayoría la madrugada de este miércoles la polémica propuesta. En la oportunidad los senadores Ricardo Celis (PPD) y Alfonso De Urresti (PS) se retiraron de la sesión y anunciaron reserva de constitucionalidad, a lo que se sumó el senador Diego Ibáñez (FA).

Este lunes, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó oficialmente el proyecto de ley que busca reajustar el sueldo mínimo mensual. La propuesta contempla un incremento de $7.546, lo que elevaría el salario de los actuales $539.000 a un total de $546.546 mensuales.

El texto legal establece que el aumento regirá «a contar del 01 de mayo de 2026» para trabajadores entre 18 y 65 años de edad. Además, el proyecto estipula que para el 1 de enero de 2027, se aplicará un nuevo reajuste basado exclusivamente en la variación acumulada del IPC informada por el INE entre abril y diciembre de 2026.

Este anuncio marca un giro radical en la política salarial del país. El monto propuesto por la administración de Kast es significativamente menor a los incrementos alcanzados durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, donde se impulsaron alzas históricas:

• 2022: El salario subió de $350.000 a $380.000 en mayo, llegando a $400.000 en agosto del mismo año.
• 2023: El sueldo mínimo alcanzó los $410.000 en enero.
• 2024-2025: Se concretó el salto a los $500.000 y posteriormente a $529.000 en mayo de 2025.
• Enero 2026: El piso salarial se fijó en $539.000, monto sobre el cual ahora el Gobierno de Kast propone el ajuste de apenas un 1,4%.

La estrechez del reajuste salarial ha generado críticas inmediatas, especialmente al contrastarse con otras prioridades del gobierno y del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Mientras los trabajadores recibirían un alza de $7.546, el Ejecutivo tramita en paralelo una rebaja tributaria para las grandes empresas, reduciendo el impuesto de un 27% a un 23%.

Esta disparidad se vuelve aún más compleja al analizar el escenario económico de las familias. A finales de marzo, el país sufrió un fuerte impacto con el alza de las bencinas en $370 por litro y del diésel en $580 por litro.

Para agravar la situación, el ministro Quiroz no ha descartado nuevas alzas de combustible para esta misma semana, escudándose en la incertidumbre internacional y la ley vigente, lo que pone en duda la capacidad adquisitiva real que tendrá este nuevo sueldo mínimo frente a los costos de transporte y alimentación.

Más allá de lo académico, la representante diplomática sostuvo reuniones clave para el futuro productivo de la zona. Con el gobernador Ricardo Díaz, acordó la firma de un Convenio Marco de cooperación institucional, mientras que con el alcalde Sacha Razmilic estableció el compromiso de concretar una conectividad aérea directa entre Antofagasta y México. En el ámbito económico, Moreno Rodríguez lideró un encuentro en Corfo con más de 40 empresarios locales y visitó el Puerto de Antofagasta, subrayando que las inversiones conjuntas entre ambas naciones ya alcanzan los 3.800 millones de dólares al cierre de 2025, con especial foco en el litio, el hidrógeno verde y las energías renovables.

En el plano de la política internacional, la embajadora reafirmó el respaldo total del gobierno de Claudia Sheinbaum a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, definiéndola como la figura «ideal» para liderar el organismo.

A continuación, presentamos los detalles de esta conversación donde la diplomacia territorial y el desarrollo del «Sur Global» fueron los ejes principales.

Su visita se da en el marco del lanzamiento del libro «México y Chile: Una historia de asociación estratégica» en la Universidad de Antofagasta. ¿Qué hitos de esta relación histórica destaca la obra y por qué se eligió a una universidad regional como la UA para este hito editorial?

La obra documenta exhaustivamente los históricos lazos de hermandad, solidaridad y cooperación política, económica y cultural que unen a nuestros pueblos de cara a los desafíos del futuro. Elegimos la Universidad de Antofagasta por nuestra profunda convicción en el rol de lo público. Las instituciones estatales constituyen el motor indiscutible del desarrollo científico, la investigación y la principal vía de movilidad social para las comunidades. Presentar el libro en este espacio subraya nuestro objetivo de consolidar la transferencia de conocimientos. Esta acción busca potenciar el trabajo articulado tras la reciente instalación de la sede de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el país sudamericano.

Más allá del lanzamiento del libro, ¿cuáles son los otros puntos clave de su agenda en la región? ¿Tiene contempladas reuniones con autoridades locales para abordar temas de interés común?

Mi agenda abarca encuentros territoriales concretos orientados a dinamizar el desarrollo integral. Sostuve una reunión de trabajo con el gobernador Ricardo Díaz, con quien acordamos impulsar de inmediato un Convenio Marco para institucionalizar áreas prioritarias de cooperación. Dialogué con la delegada presidencial, Katherine López, sobre el inmenso valor geopolítico de la región. Junto al alcalde Sacha Razmilic, delineamos acciones para fomentar la cooperación científica y establecimos el acuerdo para concretar una conectividad aérea directa entre Antofagasta y México. Además, junto al presidente de CICMEX, lideramos un diálogo ampliado en Corfo con más de 40 empresarios locales, y realicé un recorrido en terreno por el Puerto de Antofagasta con su gerente general, Carlos Escobar.

Antofagasta es un motor minero y energético de Chile. Desde la perspectiva de México, ¿existen intereses específicos de inversión o colaboración técnica en sectores como el litio o las energías renovables, considerando que ambos países poseen desafíos similares en estas industrias?

Las inversiones conjuntas acumuladas alcanzan los 3.800 millones de dólares al cierre de 2025. Buscamos fortalecer activamente las cadenas de valor entre la potente industria antofagastina y el mercado de México. Nuestra agenda pone un énfasis especial en la minería del litio, la generación de energías renovables y el desarrollo del hidrógeno verde. En el ámbito científico, nuestro diálogo también profundizó en el desarrollo de la industria del litio y el avance en energías limpias. Compartimos desafíos y poseemos un interés firme en promover el desarrollo de nuestras fuerzas productivas mediante oportunidades directas de internacionalización para los proveedores mineros locales.

La descentralización es un tema latente en Chile. ¿Cómo visualiza la Embajada de México el fortalecimiento de los lazos directos entre los estados mexicanos y las regiones chilenas, más allá del centralismo de Santiago?

Este histórico despliegue territorial rompe el centralismo diplomático tradicional. Reafirmamos el compromiso irrestricto de México por establecer alianzas directas y de beneficio mutuo con los gobiernos regionales chilenos. Las reuniones sostenidas establecen el punto de partida para estructurar un trabajo permanente entre nuestro país, el Gobierno Regional y los sectores productivos locales. Visualizamos la diplomacia con un alcance territorial efectivo, capaz de dinamizar el desarrollo integral y materializar la integración latinoamericana.

México ha manifestado un respaldo claro a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. ¿Cuál es la importancia que le otorga el gobierno mexicano a que un liderazgo chileno y, fundamentalmente, latinoamericano encabece el organismo en el contexto global actual?

Sobre esta materia diplomática, hago propias las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum: Consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando.

En un escenario internacional complejo, con conflictos en diversas latitudes, ¿de qué manera México busca plantear una voz firme ante las potencias mundiales?

México mantiene intactos sus principios históricos de política exterior. Defendemos férreamente la resolución pacífica de controversias y el respeto absoluto a la autodeterminación de los pueblos. Planteamos una voz constructiva, soberana y articuladora ante la comunidad internacional. Promovemos el diálogo permanente frente a las potencias para garantizar equilibrios geopolíticos y beneficiar directamente al Sur Global y a toda América Latina.

Históricamente, el intercambio estudiantil y académico entre ambos países ha sido muy fuerte. ¿Existen planes para ampliar esta colaboración o convenios específicos que permitan a investigadores y estudiantes de la Región de Antofagasta estrechar lazos con centros de excelencia en México?

Consolidaremos la transferencia de conocimientos mediante acciones precisas. En mi reunión con el rector de la Universidad de Antofagasta, Marcos Cikutovic, priorizamos el desarrollo compartido de nuevas tecnologías y la generación de innovaciones conjuntas. Las autoridades locales destacaron el rol de esta casa de estudios en la generación de conocimiento aplicado. Estas acciones académicas potenciarán el trabajo articulado con la reciente instalación de la sede de nuestra UNAM en el país. Lo público ejerce un rol clave aquí; la ciencia y la investigación impulsada por el Estado garantizan el progreso de nuestras sociedades y aseguran una verdadera movilidad social para las nuevas generaciones.

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Durante el juicio, que se extendió por más de un año, los jueces concluyeron que al momento de la lesión solo Crespo estaba disparando y que la evidencia audiovisual y pericial permitía establecer su autoría directa. Sin embargo, el tribunal estimó que el uso del arma se produjo en un contexto de enfrentamientos, descartando responsabilidad penal, aun cuando el disparo terminó provocando una lesión permanente y gravísima.

La absolución vuelve a instalar el debate sobre la dificultad de sancionar penalmente a agentes del Estado en casos de uso excesivo de la fuerza o abusos. En la práctica, el fallo consolida la idea de que, incluso cuando se acredita quién disparó, basta con invocar un contexto de disturbios para cerrar la puerta a condenas, reforzando la percepción de impunidad frente a violaciones de derechos humanos.

Este escenario se ve reforzado por el marco legal vigente, especialmente tras la aprobación de la Ley Nain-Retamal durante el actual gobierno (2023), normativa que amplió las facultades de uso de la fuerza de Carabineros y fortaleció la presunción de legítima defensa policial. Diversas organizaciones han advertido que esta normativa opera, en los hechos, como una “ley gatillo fácil”, al elevar las barreras para responsabilizar penalmente a funcionarios armados.

Para las víctimas del estallido social y sus familias, el fallo representa no solo la falta de justicia individual, sino también una señal política preocupante: el Estado no solo no sanciona, sino que termina blindando jurídicamente a quienes causaron daños irreparables. Gustavo Gatica, electo diputado, quedó completamente ciego tras recibir disparos mientras se manifestaba, como miles de chilenos, en noviembre de 2019.

El caso de Crespo no es aislado. Se suma a una serie de procesos donde, pese a abundante evidencia, no se logran condenas efectivas por lesiones oculares, disparos injustificados y apremios ilegítimos, configurando un patrón de respuestas judiciales que privilegian la protección institucional por sobre el derecho de las víctimas.

La absolución, lejos de cerrar una herida, profundiza el cuestionamiento al sistema de justicia y a la política de seguridad pública, dejando la sensación de que, en Chile, incluso cuando se prueba quién disparó, la responsabilidad penal puede evaporarse si el uniforme está de por medio.

La decisión se adoptó luego de que los diputados PS, Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, entregaran antecedentes que apuntan a pagos por $255,5 millones realizados por Andes Iron durante 2023 al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber. Las transferencias se concretaron en paralelo a la revisión, por parte del Tribunal Ambiental de Antofagasta, del rechazo del Comité de Ministros al controvertido proyecto minero-portuario.

De acuerdo con una investigación publicada por el medio Reportea, los montos fueron registrados como honorarios por asesorías jurídicas, pese a que Lagos y Vargas no figuraban como litigantes en las causas asociadas a Dominga. Entre los antecedentes aportados se incluyen cartolas bancarias, un contrato firmado en marzo de 2023 por un total de UF 7.100 y la distribución interna de los pagos, parte de los cuales habrían llegado a exparlamentarios vinculados al estudio jurídico.

Asimismo, los documentos entregados al Ministerio Público consideran cruces temporales con fallos judiciales relevantes y eventuales vínculos con ministros que intervinieron en decisiones favorables a la minera. Con estos elementos, la Fiscalía estimó que existen antecedentes suficientes para indagar la eventual comisión de delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias, abriendo así un nuevo flanco judicial en la extensa y polémica historia del proyecto Dominga.

Cabe recordar que el 3 de octubre de 2021, los medios digitales Ciper Chile y LaBot revelaron que la familia del fallecido expresidente Sebastián Piñera pactó en 2010 la venta del proyecto minero Dominga al empresario Carlos Alberto Délano, mediante una operación realizada en las Islas Vírgenes Británicas.

La investigación dio cuenta de que el último pago, por US$10 millones, se concretó en 2011 —durante el primer mandato de Piñera— y estaba condicionado a que no se produjeran cambios regulatorios que impidieran la instalación de la mina y su puerto. En concreto, el pago se efectuaría siempre que el área no fuera declarada zona de exclusión ambiental, parque nacional o reserva natural.

Como dichas restricciones no se materializaron, la operación se cerró según lo estipulado. Meses antes, en agosto de 2010, Piñera anunció públicamente la cancelación del proyecto termoeléctrico Barrancones en La Higuera, la misma comuna donde se emplaza Dominga, hecho que intensificó los cuestionamientos públicos.

Estos antecedentes motivaron una investigación penal contra el entonces mandatario por eventuales delitos tributarios y de cohecho, vinculados a la cláusula contractual que supeditaba el pago final a decisiones regulatorias ambientales. Sin embargo, la causa avanzó escasamente y fue cerrada tras el fallecimiento de Piñera. Hoy, una investigación previa de 2017 —en la que el expresidente fue sobreseído— vuelve a ser cuestionada, luego de que el fiscal a cargo, Manuel Guerra, quedara bajo la lupa por sus vínculos con el denominado Caso Hermosilla.

La expansión de Sacyr en Chile no pasa desapercibida en el norte del país, donde la empresa mantiene un historial de graves cuestionamientos. El grupo económico es parte de la operación del Hospital Regional de Antofagasta a través de la concesionaria Salud Siglo XXI, gestión marcada por filtraciones, problemas estructurales, fallas en sistemas de climatización, deficiencias en servicios críticos e incluso un incendio que obligó a evacuar el recinto.

Pese a este historial, Sacyr sigue acumulando concesiones en nuestra región y en todo el país. En abril se adjudicó un contrato por 300 millones de dólares para el tratamiento, reúso y comercialización de aguas servidas en Antofagasta por los próximos 35 años, proceso que generó controversia por resolverse en menos de cinco días corridos, incluyendo un fin de semana y un feriado.

Sacyr está presente en Chile desde los años 90’s y controla un amplio portafolio de concesiones, entre aeropuertos, carreteras, hospitales y diversas obras de infraestructura y tratamiento de aguas. Su nuevo contrato en Coquimbo refuerza su posición estratégica en el país, pero mantiene abierto el debate sobre las críticas al desempeño de la empresa.

En el caso del Hospital Regional de Antofagasta, según denuncias de gremios y autoridades regionales, las fallas estructurales en el sistema de cañerías y el mantenimiento general del recinto han puesto en riesgo la seguridad de pacientes y trabajadores.

“El tema de la concesionaria es un tema de larga data. Llevamos ocho años en el hospital y, como comprenderás, han pasado múltiples fallas en que la concesionaria de alguna u otra manera se ha visto involucrada”, comentó Danilo Gómez, dirigente de Fentess (asociación de técnicos del Hospital de Antofagasta), en una reciente entrevista con Diario Regionalista.

El representante explicó que uno de los problemas más graves es el desgaste de las cañerías de agua y aire acondicionado, denunciadas en el informe Ramae, contratado por la misma empresa concesionaria. “Solo se inspeccionaron tres de los ocho pisos del hospital y ya se encontraron cañerías en pésimo estado”, agregó.