Una funcionaria del Instituto de Previsión Social (IPS) de la región de Antofagasta deberá retomar su cargo, tras el fallo de la Corte Suprema del 6 de octubre que revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de esta ciudad de septiembre recién pasado y que ratificaba su despido.
Karla Campos Sepúlveda dejó de trabajar el 30 de junio de este año, después de prestar servicios para el IPS en calidad de contrata durante nueve años y antes de ello, otros dos años en la modalidad de honorarios. Este tiempo de dedicación es reconocido en el cuerpo legal del estamento público como “confianza legítima”, producto de lo cual la funcionaria de 37 años de edad fue representada mediante un recurso de protección de garantías constitucionales interpuesto por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) de esta zona.
El despido fue catalogado de arbitrario por la abogada de la Anef, Makarena García Dinamarca, quien dijo asimismo que valoran “en el fondo esta uniformidad para establecer que una funcionaria que excede en años de trabajo la única manera de poner término al contrato es a través de un sumario administrativo o calificación en lista cuatro”, ninguna de las cuales fueron causales estimadas por la directora del IPS, Yanella Delgado González, para desvincularla.
García agregó que junto con la reincorporación de Campos, la institución deberá cancelar las remuneraciones correspondientes mientras la representada estuvo separada de sus funciones.
Segundo caso del año
Este es el segundo fallo adverso para el IPS regional dictaminado por la Corte Suprema este año, después que en agosto el máximo tribunal resolviera reincorporar a Carmen Campaña González, de 73 años, cesada en su cargo desde el 22 de marzo de 2020 con veinte años de desempeño.
Ante esta seguidilla de hechos “inaceptables”, el presidente regional de la Anef, Freddy González Galleguillos, dijo que el caso de Karla fue “un despido político; acá la directora nuevamente vulneró los derechos de los trabajadores del IPS, por lo tanto insto al Gobierno Regional a que tome cartas en el asunto, pues no puede ser que la directora continúe ejerciendo actos sin respetar el derecho administrativo y legal vigente”.
González pidió la remoción de la autoridad del IPS por cuanto “este tipo de jefaturas miente y realiza acciones que atentan contra la estabilidad de quienes trabajan para el Estado y no un gobierno de turno”.
Jorge Ochoa Bugueño