Este lunes 18 de mayo se volvieron a escuchar fuertes cacerolazos en todo el país, coincidiendo con los 7 meses desde que se inició el llamado estallido social o revuelta popular en Chile, la que se vio interrumpida por la emergencia sanitaria del Coronavirus.
Hoy los vecinos y vecinas reclaman ante la falta de ayuda del gobierno, mientras aumenta la cesantía y familias completas no tienen cómo alimentarse debido a la grave crisis económica derivada de la pandemia. Las primeras manifestaciones se dieron en la comuna de El Bosque y fueron violentamente reprimidas por Carabineros, como ha sido la tónica en el último tiempo.
Mientras las autoridades decretan cuarentenas, medidas necesarias desde el punto de vista sanitario, miles de personas no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares, porque dependen de ingresos generados al día o de trabajos independientes.
Otros miles han quedado sin trabajo o han tenido que aceptar cambios en sus jornadas y reducción de sueldos, gracias a leyes impulsadas por Piñera y aprobadas incluso con los votos de una mal llamada «oposición».
Mientras aumentan los contagios y crece la cifra de personas fallecidas por el Covid-19, los hospitales no dan abasto y los anuncios del Gobierno se quedan en eso: Titulares para los medios, medidas burocráticas e insuficientes y una total indolencia ante el sufrimiento de tantas y tantos.
La última encuesta Pulso Ciudadano reveló que el 75,5% de los consultados, en el contexto de la pandemia, señala estar de acuerdo con las demandas sociales surgidas en las protestas que comenzaron el 18 de octubre.
Los chilenos y chilenas la tienen clara, pero la élite gobernante sigue sin entender y prefiere mantenerse en su burbuja de privilegios. Pero todo cae por su propio peso y las burbujas siempre se revientan.