Por Tania Quiroga H., Médica Cirujana.
El pasado 23 de Marzo se publica la resolución exenta N° 432 en que el MINSAL (Ministerio de Salud) realiza cambios al protocolo de Objeción de Conciencia de la Ley de Aborto en 3 causales. Estos cambios permiten que instituciones privadas que reciben recursos del estado para atención obstétrica y ginecológica de pacientes FONASA, puedan ser objetores institucionales, esto a través de la eliminación del DFL-36.
Al respecto, planteo las siguientes problemáticas: El traspaso continuo de recursos públicos al sector privado, el rol antidemocrático que tiene el Tribunal Constitucional y la más importante, el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos.
La salud, al igual que la educación, se encuentra mercantilizada en Chile, lo que es fácilmente observable a través de la dicotomía del sistema de cotizaciones (FONASA vs ISAPRE) y el constante traspaso de recursos estatales al sistema privado, perpetuando el círculo de endeudamiento del sistema de salud pública; la colusión de los precios en las farmacias y la clara diferencia de acceso y calidad en salud en relación al ingreso económico de cada persona. El problema de fondo es que no se percibe la salud como un derecho que debe ser garantizado por el estado, sino como un bien de mercado con el que se puede lucrar.
En relación a lo anterior, la interrupción voluntaria del embarazo es una problemática de salud pública, por lo tanto, debe ser garantizada y protegida por el estado. El derecho a decidir si ser madres o no, es una deuda histórica que tiene Chile con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que luego de décadas de lucha logra ser mínimamente saldada con la despenalización del aborto en 3 causales.
Sin embargo, frente a los alegatos de la derecha, el Tribunal Constitucional (TC) aprueba la Objeción de Conciencia Institucional, entregando la decisión a los administradores de cada establecimiento. Ahora con las modificaciones del Protocolo de Objeción de Conciencia se amplía esta facultad a instituciones de carácter privado que reciben fondos estatales. Por un lado, el TC, constituido por ministros designados, desconoce una lucha histórica discutida en el parlamento electo por representación popular y por otro se profundiza el lucro en la salud y se genera una sobrecarga al sistema público, por ende se genera más precarización. Y más preocupante aún: se reduce la discusión de fondo respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a una índole administrativa e institucional.
La decisión de abortar es única y exclusiva de la mujer, no del médico, no de los administradores de instituciones de salud y no del estado. Estas figuras nos dejan fuera de toda discusión cuando somos nosotras quienes debemos protagonizar cualquier modificación y/o regularización. Entonces, ¿cuál es el rol que cumplen los y las médicos? Involucrarse para garantizar salud.
Como sociedad cometemos una serie de negligencias: falta de educación sexual, acceso a anticoncepción gratuita y de calidad y nula protección del derecho a decidir si ser madre o no. En Chile el aborto es una realidad y no podemos invisibilizarlo con discusiones morales, sino que debe tratarse como una problemática de salud. Como garantes debemos hacernos cargo de las deficiencias del sistema. Las mujeres seguirán abortando y la discusión central es si dejamos que suceda de madera clandestina e insalubre o si entregamos las herramientas para que ocurra en un ambiente seguro.
Como médico y como mujer, que se desenvuelve en una sociedad patriarcal que decide sobre la autonomía de nuestros cuerpos y en un sistema que lucra con la salud de las personas, veo las modificaciones al Protocolo de Objeción de Conciencia como un retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres, y un perjuicio en el avance de la concepción de la salud como un derecho.