Crece la polémica en la comuna de Antofagasta, tras el desalojo ejecutado por la gobernación el día de ayer, en el campamento René Schneider II, el que terminó con personas detenidas y numerosos pobladores y funcionarios públicos heridos.
Organizaciones sociales y diversos actores políticos condenaron la violencia ejercida por las Fuerzas Especiales de Carabineros en el sector de Martin Luther King.
Es el caso de la Diputada Catalina Pérez (RD), quien repudió lo ocurrido el día de ayer .
“Repudiamos los hechos ocurridos en desalojo de Campamento René Schneider II, que concluyó con la detención de al menos 4 dirigentes vecinales, y constatación de lesiones de cantidad indeterminada de mujeres, ancianos y niños, además de dos funcionarias de la Gobernación”, señaló la joven parlamentaria.
Por su parte, el Consejero Regional (RD) Ricardo Díaz responsabilizó al Gobernador Subrogante por los hechos de violencia y emplazó al Intendente Marco Díaz a pronunciarse.
«Carlos Gonzalez, Gobernador Subrogante, prefirió la violencia al diálogo. Espero que Intendente, que en su oratoria apela a los acuerdos, reaccione ante este injustificado actuar», indicó el profesor.
Este jueves 15 de marzo, los pobladores del campamento desalojado se congregaron en las afueras de la Intendencia de Antofagasta, con el objetivo de mostrar su descontento frente a los hechos ocurridos ayer. Fueron acompañados por diversas organizaciones sociales y estudiantiles.
Los vecinos emitieron una declaración pública en donde denuncian que el procedimiento de desalojo fue irregular y vulneró los estándares mínimos de Derechos Humanos y los protocolos definidos por el propio Ministerio del Interior.
«Responsabilizamos directamente a la Gobernación Provincial de Antofagasta por no mantener el diálogo, no considerar el recurso de protección presentado por nuestras familias y así haber evitado la violencia desmedida e innecesaria que afectó a mujeres, hombres, ancianos, niñas y niños», señalan.
Asimismo, repudiaron el que calificaron como «violento actuar de carabineros en el procedimiento, el que no fue proporcional a la situación y tuvo como consecuencia múltiples personas heridas o con diversos golpes en el cuerpo».
Los pobladores emplazaron directamente al Intendente Marco Díaz:
«Exigimos el pronunciamiento del Intendente Marco Antonio Díaz y que nos reciba en una reunión. Nos parece grave que a días de asumido el nuevo gobierno se produzca un desalojo violento, pues merma las confianzas en el diálogo que ha dicho querer promover la nueva administración», indicaron.
Finalmente, los vecinos invitaron a toda la comunidad a participar en una gran marcha familiar por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad, la que se realizará el sábado 24 de marzo a las 11:00 a.m., desde la municipalidad de Antofagasta.
«Hacemos un llamado abierto a la comprensión y solidaridad de la población antofagastina. Somos miles las personas sin casa en la ciudad que vivimos como allegados, en campamentos o pagando arriendos abusivos y que sólo luchamos por el acceso a una vivienda digna. La vivienda y la dignidad son un derecho que no discrimina
nacionalidades, etnias o sexo. Somos personas y merecemos una vivienda digna», concluyeron.
Gobernación
Por su parte, el Gobernador Provincial Subrogante, Carlos González, defendió el procedimiento, indicando que el desalojo se llevó a cabo en base a una resolución del mes de enero.
Asimismo, denunció que dos funcionarias de la gobernación resultaron heridas por el apedreo de algunos vecinos, además de recibir agresiones verbales.
En relación al recurso de protección que señalan los pobladores, González indicó que dicho recurso «fue interpuesto dos días atrás, ni siquiera tiene relación con los hechos de hoy», agregando que «además, fue dirigido al intendente, Marco Antonio Díaz, no hacía la Gobernación».
Sin embargo, el Gobernador Subrogante no aclaró los motivos por los cuales no se aplicaron los protocolos de acercamiento y coordinación en casos de desalojos, los que buscan precisamente evitar la confrontación y prevenir hechos de violencia.
Además, llama la atención que la autoridad provincial ordenó la presencia de funcionarias de la gobernación en plena intervención de las Fuerzas Especiales, exponiendo a las trabajadoras a posibles hechos de violencia. Más aún, en circunstancias de que Carlos González no sólo ocupa la responsabilidad como gobernador
subrogante, si no que también es dirigente gremial de los funcionarios.
Estos hechos han vuelto a poner en cuestionamiento la demora en el nombramiento del Gobernador titular, lo que ha provocado preocupación y molestia. A casi 5 días de asumido el nuevo gobierno, Luis Garrido (UDI) y la totalidad de los gobernadores provinciales, siguen sin asumir sus puestos, dado que aún ocupan sus cargos
como Consejeros Regionales (Cores) y aún no han presentado sus renuncias formalmente, a la espera de poder participar en la elección del presidente del Core.
Así, mientras los futuros gobernadores prefieren cuidar sus votos para esta elección en el Consejo Regional, el problema de la falta de viviendas sigue creciendo, lo que se ve agravado por las nuevas directrices de la administración gubernamental, en donde el discurso del diálogo y las puertas abiertas del Intendente Marco Díaz parecen ser sólo palabras de buena crianza.
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