Un contingente policial “nunca antes visto” en Quillagua: Así describieron los miembros de la comunidad Aymara la llegada del Estado a su localidad el pasado miércoles 5 de junio, para intentar dar inicio a la Consulta Indígena que impulsa el gobierno de Sebastián Piñera, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En total, cerca de 15 efectivos y hasta un helicóptero que a ratos sobrevolaba el lugar, marcaron una tensa jornada en la cual, una vez más, los pueblos Atacameños, Quechuas y Aymaras, rechazaron de forma coordinada sentarse a dialogar los once puntos que pretende modificar el gobierno en la Ley 19.253.

Una vez que se dio inicio a la sesión, el relator del encuentro dio la bienvenida a las autoridades presentes y al momento de solicitar autorización para el registro audiovisual, el presidente de la comunidad, Víctor Palape, procedió a pedir la palabra y dar lectura a la declaración oficial, la cual afirma que no puede existir un diálogo con respecto a temáticas territoriales si el Estado aun no restituye las tierras que compromete en el artículo 3º transitorio de la mencionada Ley Indígena.

Además, rechaza categóricamente que por medio de la modificación a dicho cuerpo legal se permita la enajenación de tierras indígenas y su arriendo hasta por 25 años. Por último, los comuneros se oponen a la existencia de indígenas de diferentes categorías, lo cual podría generar divisiones incluso al interior de clanes familiares.

El dirigente Aymara agradeció el apoyo de sus hermanos Atacameños, quienes desde muy temprano viajaron para acompañarlos. “Quillagüa ha sido muy maltratado, por la minería, por los negocios del Estado con privados. Nos contaminaron, nos quitaron los derechos, antiguamente teníamos en el río camarones y pejerreyes, hoy es solo un charco de barro”, señaló Palape.

“Hemos invitado a las autoridades tantas veces y no han venido, ahora que el gobierno necesita nuestro apoyo llegan todos juntos. ¿No le da vergüenza cómo nos pisotean? No estamos de acuerdo con la consulta”, agregó una de las comuneras que encaró a la autoridad regional, quien optó por retirarse ante la imposibilidad de entablar un diálogo efectivo, al igual como lo hizo en Antofagasta, San Pedro de Atacama y Toconao.

Posteriormente, los asistentes firmaron un acta de rechazo al proceso, que ante la negativa de recepción de la Seremi María Fernanda Alcayaga será entregada la próxima semana directamente al ministro Alfredo Moreno y al Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la capital.

Al día siguiente, en la comuna de Ollagüe, fue el turno del pueblo Quechua, quienes contaban con su propia declaración, la cual leyó su presidenta Gladys Anza: “Los pueblos originarios de Chile no hemos solicitado una modificación a la ley 19.253; si el gobierno tiene alguna necesidad de modificarla, definitivamente obedece a intereses de otros actores: empresarios forestales, mineros y otros que solo buscan mecanismos, resquicios, para apoderarse de los recursos naturales existentes en nuestro territorio”, señaló. Luego, apuntó a la necesidad de un reconocimiento de los pueblos originarios en la Constitución, recomendación que han hecho al Estado diversos organismos internacionales.

Los Quechuas también acusan que el gobierno no les consultó previamente los temas a tratar en el proceso de diálogo con los 9 pueblos originarios, ya que la medida se fundamenta en un “acuerdo de paz” diseñado principalmente para la Araucanía y que busca, según el Estado, promover el desarrollo.

“Por experiencia sabemos que el desarrollo que ellos conceptúan para nosotros, se parecen más bien a limosnas a cambio de saquear nuestros recursos naturales. El estado no entiende, o tal vez no quiere entender, que nuestra esencia es la vida en comunidad, por ende la propiedad de los territorios también es en comunidad. El gobierno solo pretende introducir más división en nuestras comunidades, dividiendo las tierras en títulos personales, lo que naturalmente quiebra la integridad de la comunidad y nos condena a la extinción”, agregó.

Una vez finalizado el encuentro, al que nuevamente las comunidades se negaron a participar, la seremi de Desarrollo Social y Familia se trasladó hasta dependencias del municipio de Ollagüe, donde se reunió a puertas cerradas con cuatro indígenas, pertenecientes al pueblo de Kosca; funcionarios públicos ligados a Chile Vamos, con quienes buscaría estrategias para validar la consulta. Al enterarse de dicha reunión los indígenas se trasladaron hasta el lugar, exigiendo que se abrieran las puertas del salón, las que eran en ese momento custodiadas por efectivos de Carabineros.

Por su parte, este viernes, la Asociación Indígena de Progreso, Desarrollo y Cultura del Pueblo de Kosca, señaló mediante un comunicado de prensa, que ellos nunca fueron convocados a la mencionada actividad y que por esa razón no enviaron a ningún emisario para que los representara y que por ende “si es que algún asociado a nuestra organización u otra persona sostuvo alguna reunión con personeros de gobierno fuera del ámbito de la Consulta Indígena, fue como persona individual y bajo su responsabilidad y no representa necesariamente el sentir y pensar de los socios adscritos a nuestra organización”.

El Presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Cubillos Verasay, destacó la unión que se ha dado entre los tres pueblos originarios de la Región de Antofagasta, a pesar de la intransigencia de la seremi Alcayaga, quien se niega a suscribir un acta donde consta el rechazo de la consulta por parte de las comunidades, y a la vez suspender el proceso de consulta indígena.

“Lamentamos la actitud del gobierno, que ha salido a manifestar que aquí hay un grupo “minoritario” y “violentista”, lo ha dicho el intendente, a través de los medios, sin embargo aquí hay personas de la tercera edad, adultos y jóvenes que en ningún momento han ofendido a las autoridades. Amedrentan con la presencia de Carabineros, Fuerzas Especiales y hasta un helicóptero que sobrevoló Quillagua el día miércoles, un despliegue injustificado que lo único que hace es dejar clara la decisión del señor Piñera de imponer una consulta que no otorga las garantías necesarias para un diálogo fructífero», indicó.

«Se lo hemos dicho a la seremi en todos los tonos: Aquí no nos podemos sentar a conversar de forma civilizada en materias de territorio, mientras el Estado no restituya las tierras que se compromete a entregar a los pueblos originarios en el artículo 3 transitorio de la Ley Indígena. Hace más de 26 años exigimos una respuesta a las demandas territoriales y el reconocimiento constitucional primero. Cuando veamos eso materializado y cuando ellos nos consulten qué es lo que nosotros queremos modificar en la Ley Indígena, en ese momento podrá haber diálogo”, concluyó.

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