La instancia contaría con la participación de representantes de COCHILCO y Aduanas, quienes deberán exponer respecto a la fiscalización de los embarques y la valorización de los metales presentes en el concentrado exportado, como oro, plata, molibdeno y otros elementos estratégicos.

“No podemos seguir enviando concentrado de cobre al extranjero sin identificar ni valorar todos los elementos que contiene, como oro, plata, molibdeno, cobalto o tierras raras. En la práctica, estamos regalando riqueza nacional”, señaló la parlamentaria, subrayando la necesidad de reforzar los controles en los puertos y evaluar cambios en la normativa vigente.

El respaldo a la sesión especial surge en un contexto de preocupación por las crecientes diferencias entre los valores declarados en Aduanas y los montos obtenidos posteriormente en las fundiciones internacionales. Según antecedentes expuestos en la comisión, esta subvaloración habría generado pérdidas superiores a los 6.400 millones de dólares durante 2024, debido a la falta de reconocimiento y cobro por los metales adicionales presentes en el concentrado.

Para la diputada Ahumada, la situación “no solo constituye un desmedro patrimonial para el Estado, sino también una injusticia con las regiones mineras y los pequeños productores que sí cumplen con todas sus obligaciones. Necesitamos que Chile avance hacia un modelo minero más transparente y soberano, donde los recursos naturales sean valorizados integralmente en beneficio de todos los chilenos”.

La legisladora recalcó que esta iniciativa -al igual que ocurrió con el royalty- puede marcar un nuevo paradigma para que los recursos permanezcan en la región. Sin embargo, advirtió que esto debe ir acompañado de una transformación en la forma en que las autoridades locales administran esos fondos, de modo que se traduzcan en beneficios reales para la comunidad.

La sesión especial se llevará a cabo en las próximas semanas y buscará definir medidas que permitan mejorar la trazabilidad de los concentrados, fortalecer la fiscalización aduanera y asegurar que el país reciba una compensación justa por la explotación de sus recursos.

“No se trata de ir contra la minería, sino de defender lo que es nuestro. Cada tonelada de concentrado que sale sin control significa menos recursos para el desarrollo regional y social del país”, concluyó la parlamentaria del PSC, Yovana Ahumada.

El proceso de fiscalización fue confirmado en respuesta a un oficio presentado por la diputada Yovana Ahumada (PSC) a mediados de mayo, donde solicitó al organismo contralor y al Consejo de Defensa del Estado indagar el destino de los más de $65 millones adjudicados por la CMDS a una empresa del holding El Mercurio, para implementar una serie de publicaciones financiadas con recursos provenientes de la Subvención Escolar y del Per Cápita de Salud de la comuna.

A través de un escrito dirigido a la parlamentaria, la Contraloría informó que “ha dispuesto el inicio de una actividad de fiscalización en la CMDS, para atender la materia expuesta, la cual abordará los aspectos planteados en su presentación, cuyos resultados le serán informados oportunamente para su conocimiento y fines pertinentes”.

Al respecto la diputada Yovana Ahumada calificó la acción como “una buena noticia para quienes buscamos que el actuar en política se haga de manera transparente. Son muchos los millones involucrados, dineros públicos que estaban dirigidos a salud y educación de la comuna de Antofagasta y eso se tiene que aclarar».

Cabe recordar que este caso fue dado a conocer en el programa Sentido Común, una coproducción de Diario Regionalista, El Hashtag y El Diario de Antofagasta. A raíz de estas denuncias, hasta ahora han sido removidos de sus cargos dos funcionarios: Francisco Salazar, quien se desempeñaba como jefe de comunicaciones de la CMDS, y Belguin Cisternas, quien ejercía como secretaria general ejecutiva de la entidad.

A continuación, puedes revisar el capítulo donde se dio a conocer este caso, junto al episodio especial que entrega nuevos antecedentes: