El encuentro fue liderado por la Delegada Presidencial Regional, Karen Behrens Navarrete y el director Regional de Senapred, Ricardo Munizaga Cuevas, junto al Administrador Municipal, Rafael Castro Meza, las y los seremis de Energía, Obras Públicas y Salud, los directores de Secoplan y Emergencias del municipio, representantes del Gobierno Regional, equipos técnicos de las seremis de Bienes Nacionales, Gobierno y del Serviu, Bomberos y Ferrocarril Antofagasta.

Esta mesa interinstitucional constituye un espacio de coordinación entre distintos organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de definir estrategias para intervenir con acciones concretas y mancomunadas para resolver las problemáticas generadas en torno al exvertedero ubicado en La Chimba y sus alrededores.

La Delegada Karen Behrens adelantó que en la próxima mesa de trabajo se va a presentar la planificación, el cronograma y las acciones que se abordarán en relación a limpieza, quemas, remediación y recuperación del terreno del ex vertedero La Chimba. «Buscamos que este espacio territorial tenga concordancia con el Plan Urbano Habitacional que está desarrollando el Minvu y que, en definitiva, logremos el bienestar de las personas que viven en el sector”, indicó la autoridad.

Perímetro de seguridad

Por su parte, Ricardo Munizaga, director regional de Senapred, confirmó que se ha avanzado en la coordinación para un perímetro de seguridad y declaraciones de alerta, además de establecer las medidas de mitigación, preparación y recuperación de sitio. «Esto permitirá reducir la cantidad de amagos de incendios e incendios que tenemos en el sector y, con ello, eliminar los principales impactos y afectaciones que hemos tenido en los sectores colindantes al exvertedero», precisó.

Cabe recordar que algunos de los objetivos de esta mesa consideran definir lineamientos estratégicos, establecer acuerdos, tomar decisiones y ejecutar acciones concretas y coordinadas para resolver las diversas problemáticas que se han suscitado en el sector.

Desde la Delegación Presidencial Regional informan que en una primera etapa de limpieza del entorno del exvertedero, con recursos del Gobierno Regional (GORE) ascendentes a $1.579.615.571, se logró el retiro de 6.700 toneladas de desechos a comienzos de 2023. En tanto, en una segunda instancia, ejecutada a fines de 2024 con recursos del Fondo de Emergencia del Ministerio Interior por $1.039.889.726, se retiraron 6.200 toneladas de residuos.

Desde la DPR también informaron que desde que se constituyó el Gabinete La Chimba en junio de 2022, se han ejecutado 55 intervenciones coordinadas por junto a las policías y fiscalizadores de diversas seremis y servicios, lo que ha llevado al desalojo de 173 ocupaciones irregulares y de 255 personas, el retiro de 1.051 toneladas de basura con el apoyo de la Municipalidad de Antofagasta, la detención de 28 personas, infracciones de tránsito, por ley de alcoholes y venta ilegal de cigarrillos.

Además, en estos operativos se ha conseguido la recuperación de cable de cobre robado, concretar sumarios sanitarios y prohibiciones de funcionamiento por parte de la Seremi de Salud, detectar ocupaciones ilegales de terrenos fiscales para su posterior restitución, infraccionar a empresas por vulnerar la normativa laboral y al comercio ambulante y, por último, detectar el hurto de energía eléctrica y de agua potable ejecutado la mayor parte de las veces por empresas instaladas irregularmente en terrenos de Estado.

“Medidas concretas de planificación y acción operativa”

En este contexto, el administrador municipal, Rafael Castro, comentó que “en el marco de esta mesa técnica, los participantes realizamos una actualización de los compromisos y de los avances que, fundamentalmente, tienen que ver con medidas concretas de planificación y de acción operativa, para enfrentar de una forma mas adecuada, las urgencias diarias, pero también las medidas de largo plazo que nos permitirán ocupar ese territorio y cumplir con las expectativas de la comunidad».

«Hasta la fecha no existía mucha coordinación y la idea es poder retomar un trabajo que existió años atrás, para efectos de que el trabajo que realice, por un lado, Ferrocarril, tenga una correlación con las acciones que está llevando a cabo la Municipalidad”, agregó.

Por último, Pablo Rojas Varas, jefe de la División de Planificación y Desarrollo del GORE, afirmó que “ha sido una mesa técnica bastante importante donde el Gobierno Regional ha ido asumiendo un rol de relevancia junto a la Delegación Presidencial en cuanto a la coordinación. Hoy vimos que no solo hay voluntad política, sino que también articulación en los ámbitos institucionales y técnicos con los organismos públicos y algunos privados que intervienen en el tema del exvertedero».

«Para nosotros este es un hito muy importante, pues viene a reforzar lo que la ciudadanía ha solicitado, lo que la Corte Suprema ha establecido, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha solicitado y refuerza algunas acciones que el Gobierno Regional ha estado poniendo a disposición de este trabajo. Por ejemplo, el programa propio que vamos a iniciar este semestre, que nos va a permitir colaborar en las tareas de limpieza en el exvertedero, pero también estamos abordando los temas a largo plazo con una planificación que se está trabajando en el marco de esta mesa, donde podemos avanzar en la solución definitiva que va a suponer inversiones muy importantes y donde el Gobierno Regional tiene un compromiso para avanzar en mejorar las condiciones de vida de las antofagastinas y antofagastinos”, concluyó.

Cabe recordar que el proyecto se encuentra a la espera de la concreción de trabajos adicionales a los aprobados en la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, que calificó ambientalmente favorable el proyecto y que consisten en un nuevo sistema de vigilancia, un cierre perimetral, obras de acceso a la ruta colindante, un plan de manejo biológico de especies y un nuevo proyecto hidráulico reforzado para el manejo de aguas lluvias, lo que está avaluado en 4 mil 60 millones de pesos, aproximadamente.

Estos dineros extras fueron solicitados por la Municipalidad de Antofagasta al Gobierno Regional para dar el vamos al relleno, pero que con el pronunciamiento de Contraloría, queda establecido que el costo de las nuevas obras debe ser de cargo del contratista.

La diputada Marcela Hernando señaló que «Contraloría es determinante en decir que el contrato, la forma en que fue hecho y la forma en que ha sido ejecutado es incompatible con el mayor aporte de recursos, ya que aparece en todas partes que la empresa debe ser responsable de los mayores gastos en los que haya que incurrir».

«Por lo tanto, yo espero que esto zanje el tema, que la empresa se comiencen a hacer las obras y que finalmente podamos de una vez por todas echar a andar este relleno sanitario y poder clausurar de una vez por todas lo que existe hoy en el Vertedero de La Chimba», agregó la parlamentaria.

En lo específico, Contraloría señala que «es preciso anotar que el 3.1 de las respectivas bases administrativas especiales establece que «El precio del contrato comprende el Diseño y la Ejecución del total de las obras asociadas a especialidades, incluidos suministros y equipamientos, cuya ejecución se encomienda, asumiendo el Proponente todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecución, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia»».

«No resulta procedente que el municipio pague, como trabajos adicionales, las labores exigidas en la resolución de calificación ambiental del proyecto», indica el informe de Contraloría, a lo que agrega que «sin desmedro de lo expresado, y atendiendo lo manifestado por la Municipalidad de Antofagasta en su informe, en orden a que los aludidos trabajos producirían un desequilibrio económico del contrato, cabe dejar consignado que tal afirmación no se encuentra acreditada, si se considera que el contrato en comento no solo comprende el diseño y la ejecución de las obras del relleno sanitario a cargo de la contratista, sino que también su explotación por un plazo de 20 años, a lo que es dable agregar, además, que no se ha aportado antecedentes que permitan justificar los valores indicados por la empresa».