A pesar de que la Región de Antofagasta se consolida como el principal motor económico de Chile y lidera el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita a nivel nacional, la actividad minera suele percibirse muchas veces de forma lejana en la vida cotidiana. Con el fin de derribar esta barrera y conectar la teoría macroeconómica con la realidad social de la zona, se ha organizado un conversatorio para el próximo lunes 1 de junio, a partir de las 9:55 horas, en el Auditorio FACEA de la UCN.

La iniciativa, impulsada por el estudiante de Ingeniería Comercial de la UCN, Matías González, está dirigida principalmente a los estudiantes de las áreas económicas, técnicas y de administración, futuros profesionales que convivirán directamente con los desafíos productivos de la región.

El encuentro se estructurará en torno a una hora y media de debate, con un panel que abordará la Ley de Royalty Minero no como una legislación lejana, sino como una herramienta vigente que inyecta financiamiento directo a las comunas a través de fondos de inversión fiscal.

Los expositores y expositoras serán Aurora Williams, exministra de Minería; la concejala de la Municipalidad de Antofagasta, Karina Guzmán; el jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Antofagasta, Pablo Rojas; y la alcaldesa de la comuna de Sierra Gorda, Adriana Rivera.

La metodología del conversatorio contemplará una ronda depreguntas del público al término de cada eje temático, las cuales serán respondidas de inmediato por el o la panelista a cargo.

La cita pretende transformarse en un espacio de discusión regional fundamental, recordando que la riqueza generada por el territorio debe ser entendida, fiscalizada y proyectada por las nuevas generaciones profesionales de Antofagasta.

La jornada considera una marcha a las 15.00 horas desde la pérgola del Parque Brasil, frente a Clínica Antofagasta, hasta la Plaza Colón, en un escenario marcado por críticas a la respuesta institucional frente a recientes amenazas en recintos educacionales.

En conversación con Diario Regionalista, Nicolás Pizarro, secretario general del Centro de Estudiantes de Periodismo UCN, explicó que la paralización responde a la ausencia de condiciones para retomar la presencialidad. “No existían las garantías de seguridad necesarias”, afirmó, agregando que aún no se identifica a los responsables de las amenazas.

El dirigente también cuestionó la falta de actualización de los protocolos. “Cualquier persona puede ingresar a la UCN y no se contará con registro de eso”, sostuvo, apuntando a una falla en el control de accesos y en la preparación ante emergencias.

Respuestas institucionales y escenario actual

Desde la Universidad de Antofagasta, la movilización se vincula a críticas similares. Según manifestó a Diario Regionalista Gonzalo Chau, integrante del Centro de Estudiantes de Psicología, el detonante fue la ineficiencia de los protocolos ante situaciones de riesgo. “La respuesta fue evacuar y esperar fuera, exponiéndonos a cualquier peligro”, declaró.

El representante estudiantil sostuvo que las medidas actuales no se ajustan a la magnitud de las amenazas. “No contamos con un protocolo eficaz ni verosímil”, señaló, cuestionando la capacidad de reacción institucional.

De acuerdo con información del Ministerio de Educación de Chile, los establecimientos de educación superior deben contar con protocolos actualizados que resguarden la seguridad de sus comunidades ante situaciones de riesgo, considerando medidas preventivas y de reacción frente a emergencias.

En la UCN, tras reuniones con autoridades, se comprometió la actualización del protocolo de emergencias y la presentación de un plan de seguridad antes del 25 de mayo, que incluiría nuevas medidas de control de acceso. Desde el estudiantado advierten que la información fue tardía y que la discusión se desarrolló en un ambiente de alta tensión.

En paralelo, en la UA se realizaron votaciones para definir la adhesión a la paralización. Los resultados evidenciaron posiciones divididas sobre su continuidad, aunque se aprobó participar en la jornada de este miércoles, priorizando la exigencia de mejores condiciones de seguridad.

Desde el estudiantado advirtieron que, de no existir respuestas concretas, las acciones podrían escalar en los próximos días, manteniendo como eje central la exigencia de garantías básicas de seguridad para toda la comunidad universitaria.

La actividad, organizada por el Consorcio Heuma UA-UCN, liderado por su gerente Diego Torres, se desarrolló en medio de cuestionamientos de asistentes a la participación de la expositora en un encuentro sobre liderazgo y trabajo.

Desde Diario Regionalista se contactó al área de comunicaciones de Heuma para conocer su postura frente a la controversia; sin embargo, la organización declinó entregar declaraciones.

El encuentro abordó los desafíos del liderazgo en entornos complejos, con énfasis en la formación de capital humano y su vínculo con el mundo laboral.

Una elección de expositores con tintes políticos

Los dichos de Merbilháa adquieren relevancia por su alcance público. En el programa político Sin Filtros, la historiadora sostuvo que es “impresentable” que un trabajador se retire antes que su jefe, incluso fuera del horario establecido, lo que fue cuestionado por usuarios y especialistas, quienes recordaron que la legislación laboral fija límites claros a la jornada de trabajo.

Durante la charla organizada por el consorcio, la exposición de Magdalena Merbilháa abordó contenidos de carácter ideológico vinculados a cultura, universidad y pensamiento político, con temáticas como la “cultura woke”, feminismo y comunismo, donde planteó críticas al marxismo y su influencia en espacios formativos.

“No importa el dato, el relato es que la historia completa es la historia de las relaciones de clases”, expusó, agregando que “este es el marxismo 2.0” y que esta corriente “va a penetrar en la cultura, va a penetrar en los medios de comunicación y va a penetrar profundamente en la universidad”.

En esa línea, la historiadora sostuvo que existe una disputa por el control de espacios culturales y educativos, afirmando que “hay que poder hacer la cultura, la educación y los medios de comunicación”, además de cuestionar corrientes teóricas contemporáneas: “Se llaman (así mismos) estructuralistas, pero son marxistas”.

La convocatoria, sin embargo, tuvo una menor respuesta a la esperada. Según información recabada, la actividad estaba planificada para cerca de 120 asistentes, pero finalmente no superó las 70 personas.

Una decisión gerencial, más no académica

Desde el área de comunicaciones de la Universidad Católica del Norte negaron que la institución haya tenido participación en la toma de decisiones, atribuyendo la definición de contenidos a la organización del evento. Esta versión contrasta con la información recabada por Diario Regionalista, donde se indicó que la propuesta fue presentada por la gerencia del consorcio Heuma UA-UCN, liderada por Diego Torres, y aprobada por decanaturas vinculadas al consorcio, entre ellas la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas de la UCN, encabezada por la decana Carolina Rojas Córdova, y la Facultad de Ciencias de Ingeniería y Construcción, liderada por el decano Patricio Tapia Gutiérrez, además de la participación de la Universidad de Antofagasta a través de la decana de la Facultad de Ingeniería, Marinka Varas Parra.

Desde la Universidad de Antofagasta, en tanto, se desmarcaron de la organización del evento. A través de una declaración oficial, la casa de estudios señaló que no tiene participación en la definición de los contenidos ni en la selección de expositores.

“La Dirección superior de la Universidad de Antofagasta declara que no tiene injerencia alguna en la definición de la parrilla de panelistas ni en la programación de actividades organizadas por la Gerencia de HEUMA, las cuales responden a criterios y decisiones propias de dicha instancia”, indicaron.

“Como institución pública, estatal y laica, la Universidad de Antofagasta promueve el debate libre, plural y respetuoso de ideas, resguardando espacios de diálogo abiertos, sin censura ni cancelaciones, en los que puedan convivir distintas miradas en un marco de respeto y sana convivencia”, añadieron.

Esta confirmación surgió tras una solicitud de Ley de Transparencia realizada por Diario Regionalista, en la cual se pedían las resoluciones asociadas a dicha concesión. La respuesta de la Seremi de Bienes Nacionales, Pía Silva Díaz, fue tajante, amparándose en la reserva legal: “No es posible la entrega de la información solicitada habida consideración de que el asunto actualmente se encuentra sometido a una investigación especial en curso ante la Contraloría General de la República”.

La caída del proyecto astronómico, impulsado por la UCN y el Observatorio Nacional Astronómico de China, se oficializó en enero de este año luego de que la Cancillería argumentara que el convenio era inválido. Sin embargo, el trasfondo está marcado por la presión diplomática de Estados Unidos, que desde 2025 alertó —sin entregar pruebas— sobre un posible “uso dual” de las instalaciones con fines de defensa.

Este escenario de tensión ha llegado a un punto crítico en los últimos días con el anuncio de la administración de Donald Trump de revocar las visas al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen. Washington acusa a los funcionarios —nuevamente sin entregar pruebas— de «socavar la seguridad regional» al autorizar el proyecto de cable submarino por fibra óptica «Chile–China Express» (CCE), que busca conectar Valparaíso con Hong Kong mediante capitales chinos.

El paralelismo entre ambos casos resulta evidente para los analistas internacionales. Mientras que en Ventarrones se adujeron fallas administrativas de la UCN, en el caso del cable submarino, el ministro Muñoz firmó una resolución el 27 de enero de 2026 que quedó en pausa apenas 48 horas después.

La indagatoria de la Contraloría en Cerro Ventarrones deberá determinar si la concesión otorgada por Bienes Nacionales a la UCN cumplió con los marcos legales o si existieron irregularidades en el uso de terrenos fiscales para alianzas internacionales no visadas por Cancillería. Sin embargo, la sombra de Estados Unidos y sus presiones queda en evidencia una vez más en este polémico episodio.

La decisión del Gobierno, confirmada recientemente por Cancillería, puso fin al proyecto que contemplaba la instalación de un observatorio en el cerro Ventarrones, impulsado por la UCN en conjunto con el Observatorio Nacional Astronómico de China. La cancelación se produjo luego de meses de cuestionamientos jurídicos y fuertes presiones geopolíticas desde Estados Unidos, que acusó -sin entregar pruebas- eventuales riesgos estratégicos asociados a la infraestructura.

Desde Cancillería se argumentó que el convenio firmado no era válido, ya que una universidad no está facultada para suscribir acuerdos internacionales de este tipo, y que además el terreno fiscal concesionado por Bienes Nacionales a la UCN no estaba autorizado para este proyecto específico. Sin embargo, al ser consultadas directamente por este medio sobre estos puntos, ambas instituciones declinaron emitir declaraciones.

El silencio resulta particularmente llamativo considerando que la UCN fue parte central de este acuerdo que permitió avanzar en estudios, obras preliminares e incluso en la construcción de caminos de acceso financiados con recursos públicos. Asimismo, Bienes Nacionales tuvo un rol clave al otorgar la concesión del terreno fiscal donde se emplazaría el observatorio, concesión que no habría continuado.

La falta de respuestas oficiales contrasta con la magnitud del impacto regional del proyecto, que no solo prometía fortalecer la investigación astronómica en el norte de Chile, sino también consolidar capacidades científicas locales y cooperación internacional. También deja abiertas interrogantes sobre eventuales errores administrativos, responsabilidades institucionales y el rol del Estado frente a presiones externas en decisiones estratégicas para el país.

Mientras autoridades regionales han planteado la necesidad de priorizar proyectos astronómicos con universidades locales y asegurar “capacidad instalada regional”, el mutismo de la UCN y de Bienes Nacionales profundiza la sensación de opacidad en un caso que ha tensionado la política exterior, la soberanía científica y el desarrollo del conocimiento en una de las zonas astronómicas más importantes del mundo.

Las críticas se dan en un contexto financiero complejo. De acuerdo a los Estados Financieros Separados de la propia institución, al 31 de diciembre de 2024 la UCN registraba una deuda de largo plazo superior a los $8.760 millones, además de proyectar un gasto de $1.091 millones en juicios, principalmente laborales.

Los firmantes sostienen que esta situación contrasta con una política interna de “austeridad” que ha impactado directamente en trabajadores y estudiantes, incluyendo despidos masivos en los campus de Antofagasta y Coquimbo, congelamiento de contrataciones, carencias en condiciones básicas de trabajo y sobrecarga laboral para académicos y profesionales.

Entre quienes suscriben la declaración se encuentran Martín Arias Loyola, ex académico y ex dirigente sindical de la UCN; Elena Martínez Rojas, demandante por despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales; Luis Pereira Chávez, ex académico de la Facultad de Ciencias del Mar; y Constanza Yáñez-Duamante, comunicadora social y doctora en Ciencias Humanas, quien mantiene una demanda por vulneración de derechos fundamentales y fuero maternal.

Todos coinciden en advertir prácticas de larga data que afectarían el clima organizacional, incluyendo denuncias por acoso laboral y decisiones que habrían derivado en problemas de salud física y mental para las personas involucradas.

El documento también cuestiona la gestión institucional frente a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, especialmente en el caso de mujeres trabajadoras, madres y personas cuidadoras, así como la coherencia entre los valores católicos que declara la universidad y las prácticas denunciadas. A ello se suma la afectación de proyectos académicos y comunitarios en ejecución, algunos con impacto en el desarrollo del borde costero y en convenios internacionales.

Según los firmantes, este escenario ha tenido efectos directos en la vida estudiantil, expresados en paros, tomas y movilizaciones, así como en un aumento de la deserción. Finalmente, plantean que la crisis interna de la UCN trasciende a su comunidad universitaria y tiene implicancias regionales y nacionales, llamando a revisar el modelo de gobernanza y las decisiones adoptadas por la rectoría.

Diario Regionalista intentó obtener una versión oficial por parte de la Universidad Católica del Norte sobre estas denuncias, pero hasta el cierre de esta publicación no había respuesta.

Durante más de una hora, ambas listas presentaron sus visiones y propuestas en torno a cuatro ejes temáticos: participación estudiantil y representatividad; bienestar universitario y condiciones de estudio; transparencia, gestión y rendición de cuentas; y vinculación con la comunidad y proyección académico-social.

La lista Gremial Joven UCN está compuesta por Diego Chinga (Ingeniería Comercial), candidato a la presidencia; Karilin Fuente (Arquitectura), vicepresidencia; Enrique Quinteros (Ingeniería Comercial), secretario general; Yorgos Farandato (Ingeniería Comercial), finanzas; Isabella del Valle (Ingeniería Comercial), comunicaciones y Yessaly Véliz (Ingeniería Civil en Minas) en vinculación con el medio.

Por su parte, la lista Más Unión UCN postula a Constanza Millaray Pérez Herrera (Psicología) a presidencia; Martina Isidora Maldonado Alfaro (Ingeniería Civil Ambiental), vicepresidencia; Sonia Dannae Cortés Morales (Ingeniería Civil Industrial), secretaria general; Felipe Mauricio Rojas Concha (Ingeniería Comercial), encargado de finanzas y Silvia Paola Ascueta Chirino (Periodismo), en comunicaciones.

En conversación con Diario Regionalista, Constanza Pérez, estudiante de psicología y vocera de la lista Más Unión UCN, afirmó que “ha habido un cambio generacional importante, especialmente después de la pandemia, donde se generó una desconexión de la comunidad estudiantil y los logros que se han obtenido como movimiento estudiantil como son la gratuidad, protocolos de género, inclusión y la Junaeb (BAES)”.

“Creemos que los principales problemas de bienestar estudiantil tienen que ver con la desconexión permanente que hay sobre las necesidades del estudiantado, tanto en el ámbito académico como en la vida personal de cada estudiante”, recalcó Constanza. 

Ambas listas coincidieron en la necesidad de mejorar la comunicación con la comunidad universitaria y de impulsar políticas de bienestar que aborden temas como la salud mental, las cargas académicas y el acceso a beneficios estudiantiles.

El proceso eleccionario se llevará a cabo los días 27 y 28 de  noviembre, y definirá la nueva directiva que asumirá la conducción de la Federación en 2026, asumiendo la tercera semana de diciembre de este año, marcando un nuevo ciclo de liderazgo en la Universidad Católica del Norte.

Para revisar el debate haz click en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/live/5iAlzx1K4d4

Más de 60 trabajadores y trabajadoras prestaron servicios hasta el 10 de febrero de este año para dicha compañía, la que dejó de operar antes de que asumiera ISS Chile, compañía encargada actualmente del servicio de limpieza en el plantel universitario.

María Verónica Céspedes, ex trabajadora de MainClean afectada, conversó con Diario Regionalista para relatar la situación que las aqueja. “Somos más de 69 trabajadores que laboramos todo enero y diez días de febrero, y hasta ahora no nos han pagado. No tenemos finiquitos ni el pago de las imposiciones”, denunció.

María además confirmó que llevaron el caso a la justicia. “Ya tuvimos dos audiencias con abogados y la tercera quedó fijada para el 20 de julio del próximo año. Nos están haciendo esperar demasiado, y la gente ya está molesta. Queremos nuestro sueldo, al menos el de enero, que trabajamos y no nos pagaron”, advirtió.

Además, anunciaron que mañana viernes 24 de octubre realizarán una marcha a las 15:00 horas, con el fin de visibilizar su situación y exigir el cumplimiento de los pagos adeudados.

Esta mañana, los campus Angamos, Coloso, Los Inmigrantes, Área Clínica y Antonino Toro de la UA fueron evacuados tras recibir un correo electrónico con una amenaza enviada a las 00:10 horas. Parte del mensaje señalaba: “Iré al campus de la Universidad de Antofagasta para cometer una masacre; iré con el arma de fuego de mi padre”.

La casa de estudios realizó la denuncia correspondiente, y la situación permanece bajo monitoreo permanente de las autoridades. Catherine Jara Reyes, vicerrectora académica y Rectora (s) de la UA, afirmó que “esta acción preventiva busca proteger la seguridad de nuestra comunidad, que es y seguirá siendo nuestra prioridad”. La Fiscalía local también se encuentra investigando el hecho.

En paralelo, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Norte presentó un petitorio con especial énfasis en la salud mental, el bienestar y el autocuidado del estudiantado. Entre los puntos centrales destaca la formalización de acuerdos de la toma 2024 a través de un artículo transitorio que asegure la continuidad del Acuerdo N°28, garantizando cinco días hábiles de receso académico y tres días adicionales sin evaluaciones.

En cuanto a infraestructura tecnológica, los estudiantes exigieron mejoras en la conectividad Wi-Fi en zonas críticas del campus, ampliación del almacenamiento en Google Drive (tras reducción a 15 GB) y la implementación de licencias Microsoft 365 A3 para optimizar las herramientas digitales utilizadas por estudiantes y docentes.

En materia de bienestar e inclusión piden la transformación del Programa Incluye en una Unidad de Inclusión con recursos humanos y técnicos suficientes, considerando que más de 500 estudiantes han declarado alguna discapacidad o necesidad educativa especial.

El petitorio presentado por la FEUCN surge en un contexto de creciente preocupación por la salud mental de los estudiantes universitarios. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 700 mil personas mueren por suicidio cada año, lo que equivale a una muerte cada 40 segundos. En América Latina, Chile se encuentra entre los países con mayores tasas, afectando especialmente a hombres desempleados, jóvenes con problemas de salud mental y comunidades vulnerables. Según el Ministerio de Salud, en 2024 el suicidio alcanzó 10,3 casos por cada 100 mil habitantes, superando incluso la tasa de homicidios consumados.

En el ámbito universitario, el primer diagnóstico institucional sobre salud mental revela que el 39,9% de las unidades encargadas de esta área fueron creadas entre 2019 y 2022, evidenciando un despliegue reciente e insuficiente frente a la demanda. Además, la tasa de deserción en el primer año de educación superior alcanza el 28,8%, y solo el 49% de estos estudiantes logra reingresar a alguna institución. Por otra parte, el mismo diagnóstico señala que 48,94% de las universidades no cuentan con estrategias de apoyo para estudiantes que desertan o suspenden sus estudios por motivos de salud mental, situación que refuerza la urgencia de las medidas planteadas en el petitorio.

La movilización, iniciada el domingo 19 de octubre, fue convocada por tres días con el objetivo de exigir el cumplimiento del punto 28 del documento de acuerdos post toma, donde se establece la implementación de una semana de autocuidado de cinco días hábiles en cada semestre y un periodo adicional de tres días sin evaluaciones tras el receso académico, salvo que estas sean consensuadas con los Centros de Estudiantes (CEALES) de cada carrera.

Estos acuerdos fueron establecidos con el objetivo de resguardar la salud mental del estudiantado durante el año académico y ofrecer un espacio de descanso que permitiera favorecer el bienestar emocional y la desconexión del entorno universitario. Asimismo, la medida buscaba facilitar que los estudiantes foráneos pudieran viajar y compartir tiempo con sus familias, atendiendo a la realidad de quienes provienen de otras ciudades del país.

Frente a la paralización, la Vicerrectoría Académica emitió un comunicado informando que las actividades académicas continuarán según la programación original, pero con flexibilidad en la asistencia. Además, señaló que las evaluaciones programadas entre el 20 y el 22 de octubre deberán ser recalendarizadas.

En el mismo documento, la autoridad universitaria adjuntó los acuerdos alcanzados tras la toma del año pasado, reafirmando que “se mantendrían vigentes los compromisos establecidos posterior a la movilización de 2024”. Sin embargo, desde la FEUCN sostienen que el paro continuará al menos hasta este miércoles 22 de octubre, fecha en que se realizará una votación para definir si se revalida o finaliza la paralización.

El presidente de la federación, Hugo Castro, señaló que la situación responde principalmente a una falta de coordinación: “Hay un problema de comunicación entre Vicerrectoría y el profesorado. Según los estatutos, si no hay un nuevo instructivo, el anterior sigue vigente hasta que otro determine lo contrario”, afirmó el dirigente.

Mientras tanto, los estudiantes convocaron a una marcha para este martes 21 de octubre a las 15:00 horas, frente a la portería principal de la universidad, como parte de las acciones de movilización en defensa de los acuerdos alcanzados en 2024.