“Muestra una falta de coherencia”, afirmó Makarena Salles, presidenta de Trans Arcoíris, quien cuestionó la ausencia de apoyo en esta fecha. “Ignorarlas deja a ciertas comunidades invisibilizadas”, agregó, apuntando a que todas las conmemoraciones relevantes debieran contar con el mismo respaldo.

Salles sostuvo que esta situación no es aislada, sino que responde a un problema estructural. “Creemos que refleja cómo a veces no se le da la prioridad necesaria a estos temas en el país”, indicó.

Pese al escenario, desde las organizaciones recalcan que el trabajo continuará. “Es un desafío, pero también reafirma nuestro compromiso. Seguimos adelante, aunque el apoyo de las instituciones es clave y no debería faltar”, afirmó Salles.

En esa línea, la consigna “resistimos, existimos y florecemos” se posiciona como eje de la comunidad. “Somos mujeres trans, guerreras, luchadoras e históricas en la región. La búsqueda de espacios para florecer y renacer no se va a detener”, señalaron activistas.

Desde las agrupaciones también advierten un contexto más amplio de invisibilización a nivel país, vinculado —según plantean— a cambios en la agenda de diversidad sexual y de género.

Por su parte, Francisco Baeza, presidente de la corporación LGTB+ Libre, destacó el rol de la autogestión en estas instancias. “Sostener estas actividades es algo que hemos hecho todos los años. Aunque el respaldo institucional es importante, siempre hemos sido autónomos”, afirmó.

Baeza agregó que esta situación ha fortalecido el trabajo comunitario. “Cada vez somos más personas, y eso demuestra que podemos generar estos espacios sin depender completamente de las instituciones”, sostuvo.

Desde las organizaciones enfatizan que la visibilidad trans sigue siendo una tarea urgente. “Nuestra visibilidad existe porque existimos. Hemos tenido que luchar por respeto, dignidad y oportunidades, y no vamos a dejar de hacerlo”, señalaron.

El mensaje es claro: en un contexto adverso, la comunidad trans en Antofagasta reafirma su compromiso con la lucha, la memoria y la construcción de espacios donde vivir con dignidad. “La resistencia y la visibilidad trans, ahora y siempre”.

De acuerdo a cifras compartidas por el Movilh, 8.180 hombres trans (64,6 %), 4.447 mujeres trans (35,1 %) y 42 personas con género X (0,3 %) han logrado modificar su documentación en estos siete años. Por edad, 11.470 son adultos (90,5 %) y 1.199 corresponden a niños, niñas y adolescentes (9,5 %), cifra que confirma que las infancias y adolescencias trans existen y que, aún cuando muchas acceden al cambio registral más tarde, la sola posibilidad de hacerlo abre un camino de reconocimiento y dignidad que antes no existía.

Para las identidades no binarias y quienes buscan cambiar su documentación con el sexo “X”, el camino sigue siendo engorroso y deben recurrir a procesos judiciales complejos para acceder al reconocimiento legal de su identidad. “Tienen que poner una demanda al Estado para que les cambien la identidad en tribunales, como lo hacíamos las mujeres trans antiguas. El Estado nos mandaba al médico legista, nos revisaban. Es algo engorroso y  muy vergonzoso”, comentó la presidenta de la Fundación Arcoíris Trans Liberacción Acción, Makarena Salles.

Además, destacó los avances logrados, pero subrayó un vacío histórico, ya que pese a que Fonasa incorporó un documento para facilitar el acceso a bonos de salud con identidad X, la falta de armonización con el Registro Civil sigue generando vulneraciones: “El problema es que el carnet es el que manda. Si no tienes la X en el carnet, pasas a ser hombre o mujer para el sistema público”, comentó Makarena. Esto incluye a hospitales, donde la atención continúa organizada exclusivamente en categorías binarias.

Consultada sobre el escenario político nacional, Salles expresó preocupación frente a posibles retrocesos en derechos adquiridos: “Tenemos miedo al retroceso, miedo al retroceso de un narcisista nazi como es Kast, que pueda quitar derechos que hemos conseguido durante tantos años”, advirtió.

La dirigenta comparó la normativa chilena con la realidad de otros países latinoamericanos como Bolivia, donde los derechos asociados al cambio de nombre son más restrictivos. “En Bolivia pueden cambiar el nombre, pero no casarse, no adoptar, no acceder a cargos políticos. Nuestra ley es más robusta, pero falta”, comentó Salles. 

También alertó sobre las barreras que enfrentan familias con niños trans menores de 14 años, quienes dependen de Tribunales de Familia: “Hay mamás separadas cuyos hijos no pueden cambiar su nombre, porque el papá está ausente o en policonsumo, no lo encuentran. Entonces las mamás no saben cómo hacerlo para que sus niños no vivan vulneraciones en el colegio, como lo pasan la mayoría de las personas trans”.

La Ley de Identidad de Género garantiza principios como la dignidad en el trato, la prohibición de discriminación, la confidencialidad de datos, y reconoce la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, activistas coinciden en que el marco actual no es suficiente para garantizar la igualdad de derechos.

“Es un logro, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir robusteciendo la ley de  identidad de género y atesorando lo que conseguimos durante estos gobiernos”, finalizó Makarena.

A siete años de la ley, las cifras confirman que miles de personas han utilizado la herramienta para vivir con mayor coherencia entre su identidad y su documentación. Pero las brechas, especialmente para personas no binarias, menores de 14 años y quienes se enfrentan a sistemas de salud y educación binarios, revelan que el camino hacia el reconocimiento pleno sigue en disputa.

El origen de esta conmemoración se remonta a 1998, cuando la activista Gwendolyn Ann Smith impulsó una vigilia en honor a Rita Hester, mujer trans afroamericana asesinada en Massachusetts. Sin embargo, en la capital regional la memoria trans está profundamente marcada por uno de los episodios de odio más brutales registrados en Chile. Conocido a través de los medios de la época como “El escándalo de la Calle Huanchaca”, este hecho ocurrió el 15 de junio de 1969.

Para activistas locales, Huanchaca no es solo un episodio del pasado, sino un recordatorio de las violencias que persisten en el presente. Gloria Rojas Jara, activista trans y performer de La Comunidad Ballroom La Perla, relata que “la mayoría de las personas trans activistas que han intentado realizar algún tipo de intervención para nuestra comunidad han sido asesinadas o vulneradas de manera violenta. Eso deja en vista el machismo, el odio y el patriarcado que existe hoy en día, como hace 50 o 60 años atrás”.

“Es importante recordar a las personas del territorio antofagastino, como Macarena Salles, Nicol Olmos, Bianca Vidal… es muy importante saber y conocer nuestra historia territorial, saber que también en Antofagasta existió la vulneración de derechos más grande que fue el Huanchacazo”, destacó la performista.

Subraya que la violencia institucional hacia personas trans no es nueva y se reproduce hasta hoy. Aunque Chile ha avanzado en legislación y visibilidad, las personas trans siguen enfrentando múltiples formas de violencia estructural: Rechazo familiar, discriminación escolar, barreras para ingresar a la salud, precariedad económica y exposición a agresiones físicas y simbólicas.

Gloria recuerda a las pioneras de la disidencia sexual en el norte: “Las locas del 73, a la Raquel, a Marcela Di Monti, que fueron las primeras en generar una instancia política… ni siquiera para exigir algo, solo querían trabajar y vivir tranquilas, sin discriminación y fueron vulneradas de una forma muy violenta”.

Sus palabras conectan la historia global del movimiento trans con la realidad regional: La memoria es una herramienta para resistir y sobrevivir. La activista recalca la importancia de reconocer el trabajo de quienes han resguardado la memoria trans en Chile: “Mención especial para la fundadora del archivo de Memoria Trans, que ha estado trabajando en rescatar la memoria de las mujeres trans desaparecidas en dictadura”.

Conmemorar este día implica reconocer que la violencia no solo viene del pasado. Muchos episodios recientes, incluidos casos de discriminación escolar, agresiones callejeras o falta de acceso a salud, muestran un país donde ser trans aún implica altos niveles de riesgo.

En Chile, diversas organizaciones de la sociedad civil aprovecharon la conmemoración para reiterar la urgencia de garantizar entornos educativos libres de discriminación y violencia, especialmente para las niñeces y adolescencias trans y de género diverso, quienes continúan enfrentando vulneraciones en el sistema educativo.

Actualmente, el Congreso tramita la Ley de Convivencia Escolar, una iniciativa que busca reforzar los mecanismos de prevención, protección y sanción frente a casos de violencia y discriminación en los establecimientos educacionales. Sin embargo, desde las organizaciones advierten que las políticas vigentes aún no se aplican de manera efectiva.

“Hay dos circulares del MINEDUC, la 812 para que los profesores llamen a los alumnos o alumnas, en este caso a niños, niñas y adolescentes, por su nombre social. Pero los listados salen de las CMDS con nombres registrales y sin el nombre social entre paréntesis”, explica Makarena Salles, presidenta de la Fundación Arcoíris.

La Circular 812 del Ministerio de Educación, vigente desde 2017, establece que los estudiantes trans mayores de 14 años pueden usar su nombre social en los colegios sin requerir autorización de sus apoderados. Sin embargo, su aplicación sigue siendo dispareja en los distintos establecimientos del país.

“Por eso hay alumnos que están al límite con la disforia, están en tratamientos psicológicos, psiquiátricos y hay alumnos que se dejan en el colegio por lo mismo, porque son vulnerados”, agrega Salles, advirtiendo sobre el impacto emocional y psicológico que la falta de reconocimiento y respeto provoca en los estudiantes trans.

La activista también subraya que la educación en diversidad y derechos humanos debe ser continua y transversal: “Recordemos que todos los años van entrando a los colegios distintos docentes y van cambiando. ¿Qué sacamos por educar este año si el otro año hay que estar educando nuevamente?”, reflexionó.

Desde la Fundación Arcoíris, el trabajo se centra en acompañar y capacitar a comunidades educativas junto a profesionales de la salud mental, con talleres gratuitos que abordan desde la aplicación de las circulares hasta el impacto psicológico del acoso escolar.

Mientras Chile conmemora este día que invita a erradicar la violencia y el acoso en las escuelas, las niñeces trans y de género diverso siguen esperando una respuesta efectiva del Estado. Las organizaciones coinciden en que el desafío no solo es normativo, sino también cultural y estructural: se requiere formar, sensibilizar y comprometer a toda la comunidad educativa para construir entornos donde cada niño, niña y adolescente pueda educarse, existir y desarrollarse libremente.

Cada septiembre, Chile se mira al espejo de su historia. Primero viene el duelo por el golpe cívico-militar y la fractura de la democracia. Enseguida, las fiestas patrias que con su alegría evocan la independencia de la Colonia española. Pero el relato nacional vuelve, una y otra vez, sobre las voces ya reconocidas y las heridas ya legitimadas. La memoria, sin embargo, se resiste a esa clausura. No es un archivo inmóvil ni una ceremonia ritual que se repite de manera idéntica, es un territorio vivo donde se juega el sentido de lo que nos constituye como país. Pensarla significa preguntarnos qué vidas merecen ser lloradas, qué violencias se vuelven visibles y cuáles continúan fuera del campo de lo decible.

La investigación que hemos llevado a cabo en los últimos meses desde CERES surge de una voluntad de reconocimiento, de nombrar y dignificar vidas que durante décadas fueron relegadas al silencio. Bajo la dictadura, las mujeres trans vivieron una doble persecución: la violencia cotidiana de un país que criminalizaba su identidad y una represión política-sexual metódica, omitida incluso por las memorias más reconocidas de la defensa de los derechos humanos. Detenciones arbitrarias, prácticas “correctivas”, hostigamiento policial y estigmatización pública formaron parte de un entramado de control que buscaba disciplinar los cuerpos e identidades disidentes. Las mujeres trans, muchas de ellas racializadas y provenientes de territorios periféricos, padecieron el oprobio de un ensañamiento particular que unía discriminación de género, de clase y de origen social. No se trató de episodios aislados, sino de una política implícita de exclusión.

Este estudio, realizado en conjunto con comunidades y sobrevivientes, demuestra que la violencia político-sexual contra las personas trans* fue parte constitutiva del proyecto autoritario. No hablamos solo de agresiones físicas: se intentó borrar sus memorias, impedir la transmisión de su historia, negar su lugar en la verdad oficial. Esa exclusión persiste cuando los nombres de las víctimas trans* no aparecen en los listados de detenidas y detenidos desaparecidos, cuando sus relatos se quedan en la intimidad de las comunidades y no en los archivos del Estado.

Frente a ese borramiento, las propias comunidades han tejido su memoria. Las sobrevivientes de la Agrupación Trans Liberación Arcoíris de Antofagasta, protagonistas de este proyecto, han resguardado fotografías, cartas, recortes de prensa y relatos orales que amplían el horizonte de la historia. Son archivos que no caben en las lógicas de un Estado que durante décadas las ignoró, pero que hoy resultan esenciales para una comprensión completa de la violencia dictatorial.

A esa trama se suma el diálogo con investigadoras que, desde hace años, han documentado historias orales y archivos de otras colectivas, fundaciones y sindicatos en distintas regiones del país. Sus trabajos, pacientes y persistentes, conforman un encadenamiento de investigaciones que se retroalimentan, abriendo un horizonte de justicia social más amplio. Reconocer estos archivos comunitarios y académicos significa aceptar que la verdad no es propiedad de las instituciones, que la justicia, para ser tal, debe escuchar las memorias que nacen desde los márgenes y que se entrelazan entre generaciones.

Chile se encuentra actualmente en un momento clave. El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, busca esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas. Nuestro trabajo dialoga de manera directa con ese esfuerzo. Si la búsqueda nacional quiere ser verdaderamente inclusiva, debe considerar también las violencias sufridas por las disidencias sexo-genéricas. Las evidencias que hemos reunido pueden aportar a ese proceso. No se trata de ampliar el listado de víctimas por una cuestión meramente simbólica, sino de comprender que la dictadura operó sobre múltiples dimensiones de la vida social, y que la justicia solo puede alcanzarse si se reconocen todas esas capas. El país no puede construir una verdad parcial sin volver a repetir el gesto de exclusión que la dictadura impuso.

Una invitación a la memoria activa

Desde esta convicción extendemos una invitación a toda la comunidad de Antofagasta. El jueves 25 de septiembre, a las 15:00 horas, en la Biblioteca Regional de Antofagasta, presentaremos los resultados de esta investigación en un encuentro abierto a autoridades, organizaciones sociales, académicas y ciudadanía. Nos acompañarán las históricas integrantes de la Agrupación Trans Liberación Arcoíris, quienes han compartido con valentía sus experiencias como sobrevivientes del régimen autoritario y han sido parte fundamental de la organización de esta actividad.

Participar de esta cita no es solo presenciar la entrega de un informe: es sumarse a un proceso de memoria viva que busca transformar la manera en que entendemos la justicia y la reparación. La memoria, cuando se vuelve colectiva, nos obliga a repensar el presente y a imaginar un futuro en el que la diversidad no sea un motivo de persecución, sino de reconocimiento. Porque reconocer, escuchar y situar estas memorias en el relato nacional es un requisito para que Chile avance en verdad, justicia y reparación. Con ese espíritu, este proyecto no pretende cerrar un capítulo, sino abrir un horizonte.

Proyecto financiado por la Subsecretaría de Derechos Humanos: “Violencia político sexual contra personas trans durante la Dictadura Cívico-Militar: Investigación”, Fondo de Cultura y Sitios de Memoria – Convocatoria 2025.*

Débora Fernández Cárcamo es Supervisora General del proyecto / Directora de ONG CERES

Puedes conocer más del Centro de Estudios de la Realidad Social aquí: https://ongceres.cl/ 

Si bien en los últimos años se han dado importantes avances (por ejemplo, la Ley de Identidad de Género), la irrupción de sectores políticos ultraconservadores supone un riesgo de retroceso en los derechos adquiridos. Por eso cobran más sentido estas reivindicaciones y se hace cada vez más necesario avanzar en visibilidad.

Según la organización OTD Chile, “el acto de visibilizar en lo que refiere a diversos grupos históricamente oprimidos, tiene relación con el ideal de que en algún momento, en algún lugar, todas las personas podrán vivir su vida en plenitud, sin miedos ni temores de ser lo que son. Pero visibilizar, también es de vital relevancia para la subsistencia”. 

Mediante redes sociales, diversas organizaciones dieron cuenta de convocatorias realizadas en distintos puntos con jornadas de encuentro, reflexión y resistencia, en un contexto donde las violencias hacia las personas trans y disidentes no solo persisten, sino que se intensifican, alimentadas por discursos políticos que promueven el odio y la exclusión.

Desde la Red Trans Chile, Makarena Salles, representante de la macro zona norte y presidenta de la agrupación Trans Libera Acción Arcoíris de Antofagasta, lamentó que los avances que se habían conseguido en el último tiempo se vean en riesgo por este tipo de votaciones.

«Como organizaciones de la sociedad civil que defendemos los derechos de las personas trans habíamos conseguido tantos avances para nuestras niñeces trans en materias de salud, educación y acompañamiento, sobre todo en el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), pero ahora los han hecho ver como si fuera un programa maléfico, como en el reportaje de Informe Especial», indicó la activista.

«Lo que están haciendo ahora es un retroceso, poniendo en riesgo la salud, la dignidad y el bienestar de las infancias trans que tanto habíamos conseguido. La gente debe entender que estas infancias son nuestro futuro, y hemos batallado para que no tengan que vivir la discriminación que nosotras vivimos, como el no poder acceder a la educación, el ser echadas de nuestras familias o el no poder tener un trabajo formal por la discriminación», agregó Makarena.

La presidenta de la agrupación Trans Libera Acción Arcoíris de Antofagasta fue clara en precisar que «aquí nuestras infancias no le están quitando a nadie el medicamento, de hecho es un derecho que tiene cada persona, porque el Estado nos da una Ley de Identidad de Género, pero no está siendo garante de los derechos concedidos por dicha ley. Nos otorgan un plástico con nombre, pero nada más, no nos están asegurando la salud».

«Esto que está pasando con la derecha y el conservadurismo es aberrante, porque no solo están dañando a los niños o a las niña trans, también dañan a todo su entorno familiar, porque en estos casos siempre se forma un entorno familiar que apoya y protege a esta infancia. Entonces, es algo aberrante, porque el núcleo familiar queda desprotegido, sin saber cómo avanzar con los niños», advirtió.

Makarena Salles también recordó que el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y las terapias hormonales o de reemplazo, son importantes en el desarrollo de la infancia y pubertad, «porque en el caso de las terapias hormonales evita el desarrollo de un cuerpo el cual no les identifica. ¿O qué van a esperar, que los infantes cumplan 18 años y estarán llenos de autolesiones que se hayan hecho por el tormentoso proceso de transición? O, peor aún, ¿que atenten contra sus vidas, cómo el caso de José Matías, que se suicidó en Copiapó el 2019? Y está de más decir que hay muchos más casos cómo el de él, de infancias trans que atentan contra su vida por la discriminación sistemática».

«Ahí es cuando nos preguntamos qué quiere la derecha chilena, teniendo estos antecedentes, ¿que existan más muertes de niñeces trans? Porque a ellos se les ocurrió utilizar un estudio a su antojo (el Informe Cass) que retrata la realidad de otros países, cuando lo que les debe importar es la realidad chilena», afirmó Salles.

Para la reconocida activista antofagastina, el riesgo que existe ante este escenario es que «nuestras infancias trans lleguen a la clandestinidad y se automediquen y pongan en riesgo su salud, o en el caso de las mujeres trans, que para feminizar su cuerpo se inyecten silicona industrial o biopolímeros y en el futuro tengan los problemas de salud que estamos teniendo las más adultas».

«Porque si las personas trans no tenemos acceso a salud digna con supervisión de un equipo médico con endocrinólogo, psicólogos, psiquiatras, duplas psicosociales, pasará eso, se pondrán silicona industrial, aceite de avión o algún otro biopolímero y eso es lo que están forzando actualmente al no ser garantes de los derechos de nuestras niñeces trans», explicó.

En esta misma línea, Makarena Salles exigió que el Estado se haga cargo de lo que corresponde al tener una Ley de Identidad de Género, lo que considera asegurar una salud y un acompañamiento digno para las personas trans. En el mismo punto, advirtió que esta situación implica un «daño psicológico» a los niños, niñas y adolescentes trans, «porque lo que está pasando con dejar sin financiamiento el programa PAIG también es peligroso».

«Este programa es de acompañamiento para que los niños, niñas y adolescentes se sientan en confianza para reafirmar su identidad. Es integrado por una dupla psicosocial que apoya al infante o adolescente y a su familia. Este programa no es el encargado de prescribir los tratamientos médicos. Entonces aquí por todos lados se está vulnerando el bienestar y el desarrollo de los y las niñeces», aclaró.

«Pero como mensaje queremos decirle a nuestras infancias trans que nosotras las mujeres trans adultas estamos constantemente luchando para que ellos puedan acceder a un proceso de transición en la salud pública, acompañados de profesionales en la salud y que no tengan que llegar a la clandestinidad como tuvimos que hacerlo nosotras, para que no terminen muertas como algunas de las personas de nuestra comunidad a causa de biopolímeros o de suicidios», concluyó.