Un síntoma de una sociedad tensionada, fragmentada y desbordada, donde la violencia no solo se expresa en actos visibles, sino también en formas más silenciosas: la precariedad, la desigualdad y la incertidumbre constante en la que viven amplios sectores de la población. Cuando acceder a salud mental depende del ingreso, cuando las condiciones de vida deterioran el bienestar psíquico y cuando las oportunidades se distribuyen de manera profundamente desigual, esa violencia estructural también configura subjetividades y termina expresándose en los espacios cotidianos, como la escuela.

El gobierno actual no ha reconocido que Chile atraviesa una crisis histórica de salud mental. Las cifras son claras: existen más suicidios que homicidios. Y aun así, la inversión en salud mental sigue siendo insuficiente, las listas de espera se extienden y las barreras de acceso económicas, territoriales y culturales siguen dejando a miles de personas fuera de atención oportuna.

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿qué esperamos que ocurra en las escuelas si no estamos siendo capaces de hacernos cargo del malestar en la sociedad?

Porque los estudiantes no emergen en el vacío. Son el resultado de contextos familiares, sociales y culturales profundamente marcados por un sistema donde las élites a través de decisiones políticas, modelos de producción, legislación y cultura configuran la subjetividad y las condiciones de vida de la mayoría.

En ese escenario, aparece una paradoja difícil de ignorar.

Vivimos en un mundo donde figuras de poder internacional, como Donald Trump, han validado públicamente formas de comunicación agresivas, impulsivas y desreguladas. Donde la violencia incluso a escala global es justificada o relativizada según intereses políticos. Y luego nos sorprendemos de que los jóvenes responden con violencia.

¿Con qué coherencia les exigimos regulación emocional, respeto y autocontrol, si los modelos que dominan el escenario público muchas veces operan desde la descalificación, la impulsividad y la fuerza?

Esto no implica justificar la agresión. Implica algo más incómodo: reconocer que estamos educando en una cultura que muchas veces contradice lo que dice promover.

Por otro lado, las escuelas han sido empujadas a sostener funciones que exceden ampliamente su rol. No solo educan: contienen, intervienen en crisis, reemplazan redes ausentes y gestionan problemáticas sociales complejas, muchas veces sin el financiamiento ni los equipos adecuados. Los trabajadores de la educación quedan expuestos, sobrecargados y desprotegidos.

Así, la violencia que irrumpe en una sala de clases no es solo un problema disciplinario. Es la expresión de una crisis más profunda: una crisis institucional, donde las estructuras han ido perdiendo legitimidad, capacidad de respuesta y conexión con las realidades concretas de las personas.

Frente a esto, insistir únicamente en respuestas punitivas es no entender la magnitud del problema. Se requieren transformaciones más profundas: aumentar de manera sustantiva el presupuesto en salud mental, fortalecer los equipos psicosociales en los establecimientos, generar estrategias de prevención sostenidas y reducir las barreras de acceso a atención oportuna.

Pero también se requiere algo más difícil: coherencia.

No podemos condenar la violencia en la escuela y, al mismo tiempo, normalizarla o celebrarla en otros niveles de la vida social. No podemos exigir a los jóvenes lo que el mundo adulto no está dispuesto a encarnar.

Porque, en el fondo, la violencia escolar no habla solo de los estudiantes. Habla de nosotros. De lo que hemos construido como sociedad, de lo que toleramos y de lo que hemos dejado de cuidar.

Si queremos escuelas más seguras, necesitamos una sociedad más coherente. Y eso no se resuelve solo en la sala de clases.

Ps. Malcom Rivera Cuevas
Psicólogo 
Presidente de PopularMente Antofagasta.