El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) interpuso una demanda colectiva en contra de la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) por las más de 200 interrupciones constantes y masivas del servicio eléctrico que afectan desde el año 2024 a los residentes de la comuna de Mejillones.

Las fallas en el suministro eléctrico por cortes prolongados, intermitencias, alzas y bajas de voltaje, han provocado diversos inconvenientes en la vida diaria de cientos de familias. De hecho, en respuesta a un oficio del SERNAC, en enero de este año, CGE informó que sólo en 2024 se registraron 122 cortes en la comuna.

Para tener un panorama más completo, en junio de este año, el Servicio fiscalizador ofició nuevamente a CGE y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para conocer acerca de las interrupciones ocurridas durante este año. La respuesta: 89 interrupciones del suministro eléctrico con 652 reclamos de personas afectadas.

Demanda colectiva

Por todos estos antecedentes, el SERNAC presenta esta acción judicial por la no entrega continua de un servicio básico esencial para las familias, que no solo ha provocado la privación de electricidad, sino también diversos daños a las vecinas y vecinos, incluyendo desperfectos en artefactos eléctricos.

Pero no solo eso, ya que también existirían daños directos a las personas electrodependientes, demoras injustificadas en la reposición y falta de información veraz y oportuna.

La demanda pretende las más altas multas que establece la ley, y el pago de las indemnizaciones de manera directa y automática, tanto por horas como por fracciones de tiempo.

El Director Regional del SERNAC de Antofagasta, Fernando Sepúlveda, señaló que con esta demanda “buscamos una solución justa para las familias de Mejillones, pues la electricidad es un servicio esencial para desarrollar la vida en comunidad, y que hoy se ve afectada por una empresa que no responde frente a la altura de la responsabilidad que enfrenta”.

CGE no aceptó participar del procedimiento voluntario

En su momento, la Dirección Regional del SERNAC en Antofagasta invitó a la empresa CGE a participar de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), con el objetivo de buscar una solución extrajudicial en breve periodo, pero la empresa no aceptó.  

La presentación de este mecanismo de protección fue realizada en la Junta de Vecinos número 8 de Mejillones y contó con la participación de diversas autoridades regionales, además de vecinas y vecinos de la comuna.

El Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) es una facultad del SERNAC, cuyo objetivo es obtener una solución expedita, completa y transparente que resguarde el interés colectivo de los consumidores afectados por conductas de las empresas.

Hasta el cierre de esta publicación, la empresa CGE no se había pronunciado en respuesta a la demanda colectiva impulsada por SERNAC.

En caso de querer presentar un reclamo por esta situación, las personas pueden realizarlo directamente en SERNAC.cl, a través del Portal del Consumidor; llamando gratuitamente al 800 700 100; o de manera presencial, en la oficina ubicada en Pasaje Argomedo 269, Antofagasta.

La entidad judicial desestimó los cuestionamientos realizados por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Agricultura Cunicultura Desierto Verde, por la Asociación Núcleo Geológico Norte, así como por los vecinos Ada Calderón, Natalia Sánchez, Domingo Lara y Óscar Troncoso, en contra de la resolución que había rechazado su solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 20230200153, de 28 de marzo de 2022, que calificó favorablemente el “Proyecto minero Comahue”.

Las agrupaciones y vecinos plantearon en su acción la existencia de eventuales vicios en la evaluación ambiental de la iniciativa, vinculados con la exclusión de La Reserva Nacional La Chimba del área de influencia del proyecto, así como en el descarte de impactos significativos sobre la salud de la población, recursos naturales renovables, alteración de los sistemas de vida y costumbres de las comunidades cercanas, áreas protegidas y patrimonio cultural. Además, cuestionaron que la autoridad ambiental no ponderó debidamente los pronunciamientos de CONAF y de la DGA en relación con la ubicación cercana de la Reserva Nacional La Chimba y el eventual impacto sobre los recursos hídricos, respectivamente.

Cabe recordar que el proyecto se emplazaría a 4,5 kilómetros de la Reserva Nacional La Chimba y a 22 de la zona urbana de Antofagasta, lo que ha generado preocupación por el impacto que podría tener en el medio ambiente y en la salud de los ciudadanos del sector norte de la comuna, quienes ya se encuentran expuestos a focos contaminantes como el ex vertedero municipal y las constantes quemas ilegales.

Sin embargo, el Tribunal Ambiental de Antofagasta consideró que no existen formas de interacción directa de las partes, obras y/o acciones del proyecto con la Reserva Nacional La Chimba, argumentando que existió una correcta estimación y modelación del material particulado y gases que emitiría el proyecto. Lo anterior, comprendiendo a todos los receptores sensibles, incluidos el Sindicato de Trabajadores Independientes de Agricultura Cunicultura Desierto Verde y otros pequeños agricultores del sector. De esta manera, el ente judicial descarta que el proyecto genere riesgos para la salud de la población.

Asimismo, el tribunal descartó la afectación de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, indicando que las modelaciones de emisiones atmosféricas y ruido muestran niveles por debajo de las normas aplicables en el predio del Sindicato Desierto Verde. Además, el organismo consideró que el proyecto no extraerá aguas que pudieran afectar las actividades agrícolas y que no habrá restricciones de acceso o alteración de rutas utilizadas.

En cuanto a la supuesta falta de consideración de los pronunciamientos sectoriales de la CONAF y la DGA, referidos a la exclusión de la Reserva Nacional La Chimba del área de influencia del proyecto y al descarte de impactos sobre los recursos hídricos, respectivamente, el Tribunal destacó que el SEA, ejerciendo su rectoría técnica, ponderó adecuadamente los antecedentes existentes en la evaluación ambiental del proyecto, descartando técnicamente lo sostenido por CONAF y considerando expresamente lo requerido por la DGA al complementar el sistema de monitoreo para detectar posibles fugas e infiltraciones.