En el caso de los parlamentarios de la Región de Antofagasta, tanto Fabián Ossandón (PDG) como Carlo Arqueros (Partido Republicano) se cuadraron con la propuesta del ejecutivo, aprobando la iniciativa. En tanto, Jaime Araya (Independiente – PPD), Marcela Hernando (Partido Radical) y Sebastián Videla (Independiente – P. Liberal) votaron en contra.

La normativa también contiene acápites que debilitan la protección ambiental, además de otros beneficios a personas con alto patrimonio económico.

Este martes, la diputada por la Región de Antofagasta, Marcela Hernando, ya había adelantado su voto en contra, afirmando que la Mega Reforma del gobierno es «una aberración moral y ética».

Por su parte, el diputado Jaime Araya reaccionó tras esta primera votación, aseverando que «se aprueba en general la mega reforma de los súper ricos de Kast y Quiroz».

«Este gobierno y sus diputados serán recordados por haber desfinanciado al Estado», precisó el legislador, agregando que el ejecutivo ha «abandonado las prioridades reales de las familias chilenas para proteger privilegios económicos del 1%».

Entre las iniciativas afectadas se incluyen la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Crédito con Aval del Estado (CAE), el Subsidio Único Familiar (SUF), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, la Subvención de Gratuidad, el Aporte Previsional Solidario de Vejez, las inversiones en Jardines Infantiles, el Bono Invierno, el Subsidio Habitacional DS1, entre otros.  

Estas rebajas presupuestarias reveladas por el medio de comunicación se suman a la propuesta de “descontinuar” otros 142 programas, como el de Alimentación Escolar, lo que generó un amplio rechazo, incluso desde la misma derecha.

La lista completa de las propuestas de Hacienda revela que además hay otros 260 programas que sufrirían rebajas. Uno de esos corresponde a la PGU, a pesar de que el presidente José Antonio Kast afirmó durante la campaña presidencial que su gobierno, de ser electo, no iba “a recortar ningún beneficio social que hoy día exista”.

En declaraciones recogidas por Radio Cooperativa, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), advirtió que aplicar una rebaja de este tipo «es un límite, y los derechos sociales que se han ganado se tienen que mantener. Las personas más vulnerables se apoyan en ello».

«Además, recordemos que esto fue un compromiso del Presidente de la República (…) Por lo tanto, en estos derechos sociales no debería haber recortes», enfatizó la legisladora.

Esta solicitud, contenida en un reciente oficio técnico que se dio a conocer este viernes 24 de abril, ha generado un fuerte rechazo ciudadano y político, encendiendo el debate sobre las prioridades fiscales y los recortes a importantes programas sociales, mientras paralelamente el gobierno de Kast propone bajar los impuestos a las grandes empresas. A lo anterior se suma la polémica por el almuerzo en el Palacio de La Moneda con fondos públicos para un grupo de excompañeros de universidad del mandatario.

En total, son más de 100 programas e iniciativas de los ministerios de Educación, Salud, Seguridad Pública, Deportes, de la Mujer, Energía, Economía, Ciencias, Justicia, Interior, Secretaría General de Gobierno, Agricultura y Bienes Nacionales, que serían descontinuados, mientras que otros 150 verían una disminución de su presupuesto.

Uno de los puntos que ha provocado más reacciones críticas corresponde al ámbito educativo, donde Hacienda sugiere aplicar ajustes a un total de 42 iniciativas y evaluar la descontinuación de otras 15.

Entre los planes que el Ministro Quiroz plantea eliminar se encuentra el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que actualmente proporciona alimentación a estudiantes en situación de vulnerabilidad social, económica, psicológica o biológica, abarcando niveles desde la educación prebásica hasta la enseñanza para adultos.