La encuesta Cadem reveló que el 63% considera que los militares condenados por violaciones a los derechos humanos no deberían acceder a beneficios carcelarios, incluso si son de edad avanzada o padecen enfermedades graves. Solo un 34% está de acuerdo en que puedan cumplir sus condenas en sus casas.

El anuncio del cierre de Punta Peuco llega en un escenario político agitado, luego que en el debate presidencial de Anatel, previo a las elecciones, candidatos de ultraderecha como Johannes Kayser se pronunciaran a favor de permitir las condenas en sus casas, a reclusos de la tercera edad o con enfermedades terminales.

Mónica Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Antofagasta, valoró la iniciativa del presidente y los avances del Plan Nacional de Búsqueda presentado durante la última cuenta pública. Además, lamentó las declaraciones de Johannes Kayser durante el debate de este lunes 10 de noviembre y afirmó qué “se ha instalado una imagen de que son unos abuelitos, pero si tienen más de 100 años de condena es por algo”.

El actual régimen penitenciario especial, casi por tres décadas albergó a militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. El nuevo Centro Penitenciario Tiltil, se encuentra en construcción para recibir población penal desde comienzos del próximo año.

En ese contexto, la abogada Carla Fernández Montero interpuso un recurso de protección en favor de 141 internos del penal de Punta Peuco, quienes alegaban vulneración de derechos por parte de Gendarmería de Chile, para frenar la construcción de un muro divisorio en el patio común del recinto, espacio de visitas y de socialización. La medida se enmarca en la transformación del penal en cárcel común, dispuesta por decreto presidencial. Sin embargo esta mañana fue rechazado por la Corte Suprema.

Entre las adecuaciones consideradas destacan la ampliación de 32 nuevas plazas a las 112 existentes, la construcción de un galpón para visitas y mejoras en infraestructura, cuya finalización está programada para febrero de 2026. Una vez concluidas las obras, Gendarmería de Chile iniciará el traslado y redistribución de los internos conforme a criterios institucionales.

Organismos de derechos humanos han valorado la medida como “un avance en justicia y memoria”, aunque advierten que aún persisten deudas en materia de reparación integral y búsqueda de víctimas de desaparición forzada.

Quintana, víctima del llamado caso «Quemados», aseguró en agosto de 2015 que la entonces mandataria le prometió que iba a cerrar el centro de reclusión militar, lo que finalmente no ocurrió.

A continuación, la carta completa de Carmen Gloria Quintana

“No jueguen con nuestro Dolor”

He guardado un profundo y doloroso silencio al enterarme de los últimos días del gobierno anterior. Me siento en duelo. Si rompo mi silencio autoimpuesto se debe al hecho que se me hace insoportable que las más altas autoridades de un gobierno democrático realicen actos de tal envergadura, como es el burlarse del dolor de quienes precisamente lo dimos todo para recuperar la democracia.

Estimo que lo sucedido con Punta Peuco es una falta de respeto cruel con el dolor de las víctimas y con nuestra sociedad. Quien gobernó fue Michelle Bachelet y ella es la que debe dar las explicaciones de lo sucedido. Ella tuvo cuatro años para hacerlo, pero hoy resulta evidente que no tuvo las ganas ni la voluntad política.

No obstante, considero que también son responsables los gobiernos de la Concertación, de la derecha y de la Nueva Mayoría. ¿Hasta cuándo se deja en las espaldas de las víctimas la responsabilidad de portar la bandera de los DDHH?

Una sociedad sana políticamente, debiera tener como bandera el respeto incondicional a los DD. HH., por cuanto la evolución de la humanidad así lo demanda. En esto, no hay dos opiniones ni colores políticos. Lo anterior no es motivo ni materia de discusión en los países desarrollados con democracias maduras, donde los valores como la verdad y justicia no están en entredicho, países donde los culpables condenados por la justicia son severamente castigados cuando vulneran estos derechos preexistentes.

Sobre las responsabilidades que le competen al demócrata de última hora, Jaime Campos, con relación a su gestión, solo puedo agregar que, si el presidente hubiese sido un hombre, no habría actuado de la misma forma, ni mucho menos habría comentado su actuación como lo hace ahora. Se ha retratado de cuerpo entero.

No son estos precisamente los valores y señales que debemos dar a las próximas generaciones, si se pretende instaurar un modelo de sociedad en el que no existan ciudadanos de diferentes categorías, donde no exista racismo, y con inmensas desigualdades como la las que existen en estos momentos.

Yo no soy la mujer símbolo a la que pueden usar para mandar recados sobre los delincuentes que han vulnerado los DD.HH., o la mujer símbolo con la cual se comprometió Bachelet al cierre de Punta Peuco, como si esto fuera una cuestión personal. Cuando debería ser toda la sociedad que a gritos pide su cierre. Que lejos estamos de la comprensión en plenitud de los DDHH.

Personalmente, me encuentro vejada, triste y apenada, solo me queda la esperanza que algún día mi país sea distinto.

Carmen Gloria Quintana
Montréal, 14 de marzo