El senador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez, invitado por la presidenta del senado, Paulina Núñez, presentó un proyecto de ley que busca fortalecer los requisitos legales de verificación, trazabilidad y control posterior de los permisos de residencia temporal otorgados por reunificación familiar, especialmente cuando involucren a niños, niñas y adolescentes.

Al respecto, el parlamentario destacó que “nos hemos hecho parte de un proyecto de ley que tiene un primer mérito, en el sentido que este ha sido un tema que se aborda con todas las miradas de quienes somos parte en el Senado».

«Por primera vez, o hace mucho rato, no veíamos que no hay una búsqueda de responsable, ni cacería de brujas, que finalmente hace la polémica, distrae y no avanzamos en cuestiones de fondo. Y hoy, buscar soluciones de fondo debe ser lo primero”, agregó.

“Porque se trata de un tema sumamente sensible, que involucra el ingreso de centenares de niños, al parecer. Por lo tanto, este proyecto pretende fortalecer toda la normativa que implique el ingreso de menores y, en general, de toda persona que viene en calidad de migrante, buscando residencia, sin importar incluso el estatus migratorio», explicó.

El legislador detalló que la iniciativa busca determinar «cuál va a ser el trato, cuáles son las razones por las que viene a Chile y dónde están en nuestro país».

«Porque ahí no me pierdo, y comparto cuando los distintos gobiernos, el anterior del presidente Boric y el actual del presidente Kast, han manifestado que no podemos no saber dónde están los migrantes y por eso que este proyecto tiene ese mérito, porque nos estamos dando cuenta que parece que a veces es más difícil y complicado realizar algún trámite interno para comprar cualquier producto baratillo en algún negocio chileno, que el ingreso de un ser humano a nuestro país”, precisó.

El proyecto plantea establecer exigencias reforzadas de acreditación documental, identificación del adulto responsable, autenticidad de los antecedentes, revisión posterior de permisos otorgados sobre bases falsas o insuficientes, y resguardos frente a eventuales situaciones de tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, explotación o vulneración grave de derechos.

Finalmente, Velásquez destacó que “me parece destacable que sin complejos enfrentemos este problema y avancemos también hacia otros desafíos que nos quedan al respecto, a propósito de las relaciones diplomáticas que no tenemos con otros países, como Venezuela, como Bolivia, que no las tenemos y necesitamos y ahí el llamado es al Ejecutivo, a la Cancillería para que se promuevan, se fortalezcan, esta intención por parte nuestra y ellos como Estado chileno de establecer las relaciones diplomáticas”.

Este lunes, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó oficialmente el proyecto de ley que busca reajustar el sueldo mínimo mensual. La propuesta contempla un incremento de $7.546, lo que elevaría el salario de los actuales $539.000 a un total de $546.546 mensuales.

El texto legal establece que el aumento regirá «a contar del 01 de mayo de 2026» para trabajadores entre 18 y 65 años de edad. Además, el proyecto estipula que para el 1 de enero de 2027, se aplicará un nuevo reajuste basado exclusivamente en la variación acumulada del IPC informada por el INE entre abril y diciembre de 2026.

Este anuncio marca un giro radical en la política salarial del país. El monto propuesto por la administración de Kast es significativamente menor a los incrementos alcanzados durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, donde se impulsaron alzas históricas:

• 2022: El salario subió de $350.000 a $380.000 en mayo, llegando a $400.000 en agosto del mismo año.
• 2023: El sueldo mínimo alcanzó los $410.000 en enero.
• 2024-2025: Se concretó el salto a los $500.000 y posteriormente a $529.000 en mayo de 2025.
• Enero 2026: El piso salarial se fijó en $539.000, monto sobre el cual ahora el Gobierno de Kast propone el ajuste de apenas un 1,4%.

La estrechez del reajuste salarial ha generado críticas inmediatas, especialmente al contrastarse con otras prioridades del gobierno y del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Mientras los trabajadores recibirían un alza de $7.546, el Ejecutivo tramita en paralelo una rebaja tributaria para las grandes empresas, reduciendo el impuesto de un 27% a un 23%.

Esta disparidad se vuelve aún más compleja al analizar el escenario económico de las familias. A finales de marzo, el país sufrió un fuerte impacto con el alza de las bencinas en $370 por litro y del diésel en $580 por litro.

Para agravar la situación, el ministro Quiroz no ha descartado nuevas alzas de combustible para esta misma semana, escudándose en la incertidumbre internacional y la ley vigente, lo que pone en duda la capacidad adquisitiva real que tendrá este nuevo sueldo mínimo frente a los costos de transporte y alimentación.

El compromiso presidencial de Jeannette Jara de impulsar una Universidad Pública para Calama es un gesto político cargado de sentido territorial y justicia social. En el Plan de Futuro para Antofagasta, la apertura de una sede universitaria es presentada como una prioridad estratégica del Norte Grande; y en Un Chile que Cumple, la descentralización del acceso a derechos —entre ellos la educación— aparece como pilar para reconstruir la confianza entre ciudadanía y Estado. La educación superior pública en Calama pasa así de ser un anhelo comunitario a un proyecto país.

Porque hablar de una universidad en Calama es hablar de potenciar el talento local, de formar capital humano para la transición energética, la minería del futuro, el litio y la innovación aplicada al desierto. Es permitir que las jóvenes loínas, que hoy enfrentan barreras económicas y geográficas, proyecten su vida desde su propio territorio. Es, también, abrir espacio a carreras pertinentes: minería avanzada, energías renovables, geología, astronomía, salud, agricultura y ganadería del desierto, pedagogías interculturales. Una universidad no solo forma profesionales; transforma identidades y ancla desarrollo.

Para la gente de Antofagasta —crítica, exigente y consciente del aporte que la región hace al país— la propuesta de Jara representa algo más profundo: por fin se reconoce que el Norte Grande no es solo zona de extracción, sino una región llamada a liderar la industria del mañana. Una universidad pública en Calama, reduce brechas y consolida un nuevo pacto territorial donde el conocimiento, la investigación, la innovación y el valor agregado se producen desde el desierto y para el mundo.

Porque esta vez no hablamos de sueños lejanos, sino de una realidad que comienza a tomar forma. En nuestra región nacerán las ideas, la innovación y el talento que moverán al país en las próximas décadas. Lo que antes parecía improbable hoy se vuelve posible. Y cuando la esperanza se vuelve política pública, el futuro deja de ser promesa y comienza a ser destino.

Ariel Aguirre Flores
Presidente Colegio de Profesores y Profesoras de Calama
Comando Jeannette Jara

Por eso, el compromiso de construir un Centro Oncológico Ambulatorio en Calama, incluido en el Plan de Futuro para Antofagasta de Jeannette Jara, es un gesto político que importa. No se trata solo de levantar un edificio, sino de enfrentar una deuda estructural que el Estado ha mantenido por décadas con la Provincia El Loa y con todo el norte del país.

El cáncer es la segunda causa de muerte en Chile, y nuestra región presenta tasas superiores al promedio nacional en cáncer gástrico, pulmonar y de vesícula, con diferencias que alcanzan hasta un 15%, siendo la primera causa de muerte en la región de Antofagasta. Estas cifras no son casualidad: Responden a factores ambientales, laborales y sociales que marcan a territorios mineros como el nuestro.

En comunas alejadas, la falta de especialistas y de infraestructura diagnóstica provoca que la pesquisa sea tardía y que las familias deban viajar una y otra vez a Antofagasta para recibir atención.

Por eso es significativo que, según las proyecciones del proyecto, el 70% de los pacientes de Calama dejará de viajar a la capital regional para su tratamiento oncológico.

El Centro Oncológico propuesto incorpora 10 sillones de quimioterapia, central de mezclas, un policlínico de oncología médica, y contempla una segunda etapa para diagnóstico temprano, integrándose a la Red Nacional del Cáncer. Esta estructura permitirá multiplicar por más de diez la capacidad de atención actual en el territorio.

El problema del norte no es solo de infraestructura: Es de desigualdad estructural. Antofagasta es una región que genera más del 50% de las exportaciones mineras del país, pero tiene menos de la mitad de los especialistas por habitante que Santiago. Y esa falta de especialistas no solo afecta a la atención oncológica: Repercute en toda la red, desde las listas de espera hasta la continuidad de tratamientos complejos.

Por eso es valioso que el plan de Jara incluya medidas que no suelen aparecer juntas:

-Un Centro Oncológico para Calama.

-Un programa para aumentar y retener especialistas en la región.

-La apertura de una sede universitaria estatal en la ciudad.

-Y una política explícita de trato justo en inversión pública.

Estas iniciativas hablan de una visión integral: No basta con inaugurar un centro; se necesita una estrategia que golpee la raíz de la desigualdad. Porque sin especialistas permanentes, sin financiamiento estable y sin formación local, cualquier infraestructura corre el riesgo de convertirse en una promesa incompleta.

El compromiso de Jara, tiene un valor adicional: Incluye plazos, financiamiento compartido, inserción en redes nacionales y articulación con la estrategia de formación regional.

Además, reconoce explícitamente algo que pocas veces se dice con claridad en un programa presidencial: que la Región de Antofagasta requiere un trato distinto porque produce distinto, aporta distinto y enfrenta riesgos sanitarios distintos. Es decir, que la equidad territorial no es un discurso; es un imperativo político.

El Centro Oncológico de Calama puede convertirse en el proyecto sanitario más importante del Norte Grande en los últimos 30 años. No solo porque acerca el tratamiento, sino porque puede inaugurar un nuevo estándar de justicia territorial: Que la vida y la muerte no dependan del código postal.

La propuesta de Jeannette Jara es seria, coherente y aborda la desigualdad desde sus cimientos: Infraestructura, especialistas, educación superior, inversión justa y redes nacionales. Pero su éxito dependerá de mantener la voluntad política, asegurar financiamiento y construir un modelo sanitario que respete la identidad del territorio.

Si estos elementos se consolidan, el Centro Oncológico de Calama no será simplemente una obra: Será el comienzo de una nueva era para la salud del Norte Grande. Una era donde la geografía deje de ser un castigo y donde las familias no deban elegir entre acompañar un tratamiento o conservar sus empleos.

Porque el Norte no está pidiendo más que el resto del país. El Norte está pidiendo justicia. Y la salud es el lugar donde esa justicia debe comenzar.

Por Jessica Troncoso Asís.
Médica Familiar.
Especialista Medicina Paliativa y alivio del dolor.
Comando Jeannette Jara.

De acuerdo con la investigación, esta red habría logrado sacar de Chile unos 13,5 millones de dólares mediante el sistema financiero formal, transfiriendo fondos a cuentas bancarias comerciales e incluso convirtiéndolos en criptomonedas, para luego enviarlos al extranjero. Destinos de estos montos incluían países como Colombia, México, España, Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Venezuela. Las autoridades lograron congelar unas 250 cuentas bancarias vinculadas a la operación, aunque admiten que esos fondos ilícitos serán “difíciles de recuperar” .

El secreto bancario, una traba para la investigación

El modus operandi de esta red criminal puso en evidencia los obstáculos legales que entorpecen la detección oportuna del lavado de activos en Chile. En particular, el secreto bancario –la reserva legal que protege la información de las cuentas corrientes y transacciones de personas y empresas– ha emergido como una piedra de tope en la persecución eficaz de estos delitos.

El reciente caso de lavado de activos ha reavivado el debate legislativo sobre cómo dotar a las instituciones de mejores herramientas para seguir la ruta del dinero ilícito. Actualmente, en el Senado se discute el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica para la persecución del crimen organizado, una iniciativa del Gobierno que busca fortalecer la coordinación y facultades de organismos como la UAF y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

En dicho proyecto, el Ejecutivo propuso una controvertida norma que permitiría a la Fiscalía y a la UAF levantar el secreto bancario de organizaciones criminales sin orden judicial, acortando trámites en investigaciones de lavado de dinero. No obstante, en su trámite en el Senado esta cláusula fue rechazada en marzo de 2025 por la mayoría opositora, que votó en bloque en contra de esa facultad excepcional.

El resultado dejó en suspenso la aprobación final de la ley, pues el secreto bancario se ha vuelto el principal punto de conflicto: el Gobierno reconoce que esta diferencia es la que mantiene entrampada la reforma, y advierte que podría convertirse en “la piedra de tope” para su avance. Pese al revés, autoridades como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, han anunciado que insistirán en reponer dicha facultad mediante indicaciones, convencidos de que es indispensable para enfrentar casos complejos de lavado de activos .

En paralelo, algunos legisladores oficialistas llevan años impulsando medidas para flexibilizar el secreto bancario en favor de la probidad y la lucha anticrimen. Uno de los pioneros ha sido Esteban Velásquez, exalcalde de Calama y hoy senador por Antofagasta (FRVS), quien cuando era diputado presentó en 2019 un proyecto de ley denominado “Control Preventivo a la Autoridad” para someter a escrutinio financiero a las altas autoridades del Estado.

Ingresada formalmente el 2 de abril de 2019 en la Cámara de Diputados, esta iniciativa establecía la obligación de que autoridades como el Presidente de la República, ministros, comandantes en Jefe de las FF.AA., parlamentarios, jueces de altos tribunales, entre otros, autorizaran a la UAF y al SII a fiscalizar sus cuentas bancarias desde el inicio de sus cargos. El objetivo, según Velásquez, era crear una excepción al secreto bancario para detectar enriquecimiento ilícito o flujos irregulares de dinero en el sector público, cerrando espacios a la corrupción.

“Actualmente la ley de transparencia no alcanza este punto, porque el secreto bancario impide a estos organismos fiscalizar los movimientos bancarios de quienes participamos en la vida pública. Con esta ley, si hay un movimiento en la cuenta de alguna autoridad que no tenga fundamento, estos organismos tendrán la facultad de intervenir”, explicó el entonces diputado en su momento. Velásquez defendió la idea bajo el principio de que “el que nada hace, nada teme”, proponiéndola como una forma de hacerle frente también a la corrupción política, civil y militar .

Ya como senador, Velásquez reingresó la moción en la Cámara Alta en 2022 para continuar su tramitación. El proyecto –que incluye también a alcaldes y autoridades regionales entre los sujetos de fiscalización– comenzó a discutirse en la Comisión de Economía del Senado en 2023. “El crimen organizado y la corrupción se combaten con transparencia a fondo de quienes ejercemos el servicio público”, argumentó Velásquez, abogando porque desde el día uno en el cargo las autoridades permitan la revisión de su patrimonio y movimientos bancarios.

No obstante, la iniciativa ha enfrentado resistencia política y avanzó lentamente. En palabras del propio senador, el proyecto ha quedado “durmiendo” en la Comisión, reflejando las dificultades para reunir apoyo transversal .

Tras el golpe al brazo financiero del Tren de Aragua, Velásquez ha redoblado sus llamados a aprobar medidas de este tipo. El parlamentario criticó duramente que sectores de derecha frenaran la propuesta del Gobierno para facilitar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones criminales.

“No se entiende cómo quienes más dicen –al menos en la tele– querer terminar con el crimen organizado, hoy se niegan a permitir flexibilizar la apertura del secreto bancario, precisamente a las organizaciones criminales. Yo, sinceramente me pregunto, ¿a qué le tienen miedo?”, reprochó el senador regionalista. Velásquez recordó que lleva años impulsando esta medida junto a otros legisladores oficialistas, por lo que lamentó el “bloqueo permanente” que –afirma– han ejercido los partidos de derecha en este tema.