Sin embargo, la última encuesta Cadem reveló que la ciudadanía se opone rotundamente a que este beneficio alcance a criminales de alta peligrosidad o autores de crímenes de lesa humanidad.

Desde el actual gobierno del presidente Boric, quien deja su cargo este 11 de marzo, han lanzado una seria advertencia sobre el alcance de esta medida: Cientos de condenados por violaciones a los derechos humanos y otros delitos como homicidio, femicidio, parricidio y violaciones contra menores de edad, calificarían para salir en libertad.

El nuevo gobierno de José Antonio Kast se ha mostrado a favor de esta propuesta y han sido las distintas bancadas de derecha las que han promovido y apoyado la iniciativa.

El sondeo de esta semana muestra que el apoyo a la medida disminuye drásticamente a medida que se especifica el tipo de delito:

• Enfermos graves: Solo un 37% respalda la conmutación de penas para personas con enfermedades terminales, frente a un 56% que se opone.
• Criterio de edad: La posibilidad de liberar a hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65 es rechazada por el 76% de los encuestados, con apenas un 17% a favor.
• Derechos Humanos: Un 77% de la ciudadanía rechaza aplicar esta medida a criminales de lesa humanidad, mientras que solo un 16% la aprueba.
• Asesinos y violadores: El rechazo llega a su punto máximo en este segmento, con un demoledor 92% en contra y un ínfimo 3% de apoyo.

De prosperar la ley, figuras emblemáticas del crimen en Chile podrían optar al beneficio. Entre ellos Hugo Bustamante (asesino de Ámbar Cornejo), Julio Pérez (el psicópata de Alto Hospicio), María del Pilar Pérez (la «Quintrala») y el exagente de la DINA, Miguel Krassnoff. Incluso casos recientes como el de Miguel Ángel Cerda, imputado como autor intelectual de un sicariato, entrarían en el radar de posibles beneficiarios.

Cabe recordar que la votación estuvo dividida entre los representantes de la Región de Antofagasta en la Cámara Alta. Mientras los senadores Pedro Araya (PPD) y Esteban Velásquez (FREVS) rechazaron la propuesta, la senadora Paulina Núñez (RN) entregó su voto a favor.

A nivel regional, la votación estuvo dividida: los senadores Pedro Araya (PPD) y Esteban Velásquez (FREVS), rechazaron la propuesta, mientras que la senadora Paulina Núñez (RN) entregó su voto a favor.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó a los senadores que respaldaron el proyecto y advirtió que podrían verse beneficiados criminales como el exagente de la DINA Miguel Krassnoff, condenado en múltiples causas por secuestro, tortura y homicidio durante la dictadura; el asesino serial Julio Pérez Silva, conocido como el “psicópata de Alto Hospicio”; y Hugo Bustamante, condenado por el femicidio y violación de Ámbar Cornejo.

Por su parte, el exfiscal Carlos Gajardo calificó la iniciativa como “de locos” y “aberrante”, cuestionando que el texto permita que personas condenadas por delitos graves puedan cumplir sus condenas en sus domicilios.

“Esta norma es de locos. Beneficiaría a una larga lista de criminales, incluyendo a María del Pilar Pérez (la Quintrala) o al recientemente encarcelado Miguel Ángel Cerda, imputado como el autor intelectual de un sicariato”, dijo en X.

“Es evidente que es un proyecto que está mal formulado y que, de ser aprobado, traería consecuencias muy perniciosas para la seguridad del país”, indicó en entrevista con BioBioChile.

La encuesta Cadem reveló que el 63% considera que los militares condenados por violaciones a los derechos humanos no deberían acceder a beneficios carcelarios, incluso si son de edad avanzada o padecen enfermedades graves. Solo un 34% está de acuerdo en que puedan cumplir sus condenas en sus casas.

El anuncio del cierre de Punta Peuco llega en un escenario político agitado, luego que en el debate presidencial de Anatel, previo a las elecciones, candidatos de ultraderecha como Johannes Kayser se pronunciaran a favor de permitir las condenas en sus casas, a reclusos de la tercera edad o con enfermedades terminales.

Mónica Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Antofagasta, valoró la iniciativa del presidente y los avances del Plan Nacional de Búsqueda presentado durante la última cuenta pública. Además, lamentó las declaraciones de Johannes Kayser durante el debate de este lunes 10 de noviembre y afirmó qué “se ha instalado una imagen de que son unos abuelitos, pero si tienen más de 100 años de condena es por algo”.

El actual régimen penitenciario especial, casi por tres décadas albergó a militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. El nuevo Centro Penitenciario Tiltil, se encuentra en construcción para recibir población penal desde comienzos del próximo año.

En ese contexto, la abogada Carla Fernández Montero interpuso un recurso de protección en favor de 141 internos del penal de Punta Peuco, quienes alegaban vulneración de derechos por parte de Gendarmería de Chile, para frenar la construcción de un muro divisorio en el patio común del recinto, espacio de visitas y de socialización. La medida se enmarca en la transformación del penal en cárcel común, dispuesta por decreto presidencial. Sin embargo esta mañana fue rechazado por la Corte Suprema.

Entre las adecuaciones consideradas destacan la ampliación de 32 nuevas plazas a las 112 existentes, la construcción de un galpón para visitas y mejoras en infraestructura, cuya finalización está programada para febrero de 2026. Una vez concluidas las obras, Gendarmería de Chile iniciará el traslado y redistribución de los internos conforme a criterios institucionales.

Organismos de derechos humanos han valorado la medida como “un avance en justicia y memoria”, aunque advierten que aún persisten deudas en materia de reparación integral y búsqueda de víctimas de desaparición forzada.