Lo que se proyectaba como una tensa votación en el Concejo Municipal de este martes 7 de abril terminó en un repentino cambios de planes. El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, finalmente decidió retirar de la tabla de la sesión el punto que buscaba autorizar su viaje a Miami, Estados Unidos, para participar en la feria de cruceros Seatrade Cruise Global 2026 durante el mes de abril.

La decisión ocurre tras la polémica generada por la revelación de que este sería el quinto viaje al extranjero del jefe comunal en menos de un año y medio de gestión, sumándose a sus anteriores pasos por Brasil, Perú, Colombia y Argentina. La noticia de la «bajada» del punto fue confirmada por integrantes del cuerpo de concejales, quienes ya habían manifestado sus dudas sobre la pertinencia del gasto.

Uno de los primeros en reaccionar fue el concejal Camilo Kong, quien a través de sus redes sociales confirmó la suspensión de la votación y reafirmó su postura crítica frente a la gestión de Razmilic.

«Hoy bajaron del temario de la sesión de Concejo Municipal el punto correspondiente al viaje a Miami del alcalde, para participar de la feria de la industria de cruceros ‘Seatrade Cruise Global’. En lo personal, no iba a aprobarlo porque era un despropósito, toda vez que hay otras prioridades, incluso en el trabajo por el turismo local, y porque hace poco llamó a la comunidad a ‘apretar los dientes’ ante las medidas político-económicas de este gobierno», sentenció Kong.

El retiro del viaje se interpreta como una respuesta al complejo escenario político que enfrentaba el alcalde y la ardua polémica que se generó en redes sociales. Como informó previamente Diario Regionalista, la crítica no solo provenía de la oposición, sino que era transversal, sumando cuestionamientos incluso desde sectores afines como el Partido Republicano.

El principal punto de conflicto ha sido el discurso de «austeridad» y «emergencia» que Razmilic ha promovido en línea con el gobierno de José Antonio Kast. Para los detractores del viaje, resultaba contradictorio que mientras el alcalde justificaba el alza de las bencinas pidiendo a las familias antofagastinas resignación ante la crisis, el municipio planificara una costosa comitiva internacional para asistir a un evento de turismo de lujo en Estados Unidos.

Por ahora, el alcalde se quedaría en Antofagasta, mientras la ciudadanía y el concejo mantienen la lupa puesta sobre la gestión de recursos públicos y las prioridades de una ciudad que sigue lidiando con diversas urgencias, entre ellas el aseo y la recuperación de espacios públicos.

El texto plantea que el mandatario pueda dictar decretos aun sin una habilitación legal previa cuando estime que existe una “necesidad social urgente” o un error institucional que requiera corrección inmediata. Con ello, el proyecto busca saltarse el Estado de Derecho, permitiendo una acción ejecutiva autoritaria.

Uno de los ejes más cuestionados es la posibilidad de que el Presidente declare, una vez al año, un mensaje como “Esencial para el Interés Superior de la Nación” en áreas estratégicas como seguridad pública, previsión social, recursos naturales o empresas del Estado. Si el Congreso rechazara o modificara sustancialmente ese mensaje, el Ejecutivo quedaría habilitado para disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas.

El proyecto establece que el nuevo Congreso sería elegido 180 días después de la disolución, periodo durante el cual el Presidente asumiría funciones legislativas mediante decretos con fuerza de ley en materias específicas. A ello se suma otro punto especialmente sensible: la derogación automática -incluso con efecto retroactivo- de cualquier norma que contradiga el texto o el “espíritu” de la Constitución reformada, una cláusula que abre amplios márgenes de interpretación y discrecionalidad.

Gaspar Rivas defendió su iniciativa acusando que el Congreso ha “boicoteado o desnaturalizado” proyectos relevantes por motivaciones ideológicas, y citó experiencias internacionales como Perú y la Constitución de Weimar en Alemania para justificar la disolución parlamentaria como un mecanismo excepcional.

Sin embargo, las críticas surgieron con fuerza desde distintos sectores. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, calificó la propuesta como “peligrosa” y advirtió que representa un riesgo directo para el equilibrio de poderes. “Estamos en una fase inicial del vaciamiento de la democracia y del Estado de Derecho”, sostuvo, señalando que la iniciativa elimina contrapesos esenciales y abre la puerta a un presidencialismo sin controles efectivos.

A poco más de 80 días del cambio de mando presidencial, el debate recién comienza, pero el proyecto ya instaló una alerta transversal sobre los límites del poder ejecutivo y la fragilidad institucional que podría implicar una reforma de este calibre.

En el comunicado, Rendic lamentó el incidente, reconociendo que el lenguaje utilizado es «inapropiado para un espacio solemne», aunque enfatizó que el comentario no estaba dirigido a los vecinos o al tema que se discutía en ese momento. Según explicó, el micrófono captó el audio de una conversación privada y paralela, ajena al debate en curso.

El concejal también defendió su abstención en la votación relacionada con una patente de alcoholes, señalando que su decisión buscaba garantizar que la posición de la Junta de Vecinos fuera informada, sólida y no impugnable. Argumentó que los propios representantes vecinales habían reconocido no contar con todos los antecedentes sobre el proyecto, por lo que su voto buscaba evitar que una resolución del Concejo pudiera ser revertida judicialmente.

“Mi abstención no fue una duda, fue un acto de garantía”, señaló Rendic, asegurando que su objetivo fue otorgar más tiempo a la comunidad para revisar el proyecto y presentar una postura con fundamentos técnicos y legales. Asimismo, reafirmó su compromiso con la fiscalización rigurosa de las patentes de alcoholes y con una participación ciudadana “efectiva» y bien informada.

El intercambio se originó cuando la directora de DIDECO -y candidata a diputada por Evópoli- Yantiel Calderón compartió en el chat una entrevista de Núñez en la que la parlamentaria cuestionaba la falta de apoyo explícito de Evelyn Matthei hacia José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta. Calderón comentó que la entrevista “no caería muy bien”, a lo que Razmilic respondió con la palabra “rata”, en alusión directa a la senadora.

Los mensajes fueron incluidos como parte de una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República por la candidata de RN, Daniela Castro, quien acusó presunta intervención electoral en la Municipalidad de Antofagasta. Según la denuncia, Calderón -pese a estar con permiso sin goce de sueldo- habría continuado dando instrucciones a funcionarios municipales, lo que podría vulnerar el principio de probidad.

En este contexto, RN calificó la conducta del alcalde como “impresentable» y contraria a «los valores básicos de la política”, enfatizando que las diferencias entre partidos aliados deben resolverse con respeto y “altura de miras”.

El episodio agudiza las tensiones entre Evópoli y RN en Antofagasta, en medio de un clima de fuertes divisiones dentro de Chile Vamos de cara a las elecciones de noviembre.

A la demanda por despido injustificado del ex jefe de prensa del organismo, Francisco Salazar, se suma la revelación de que la salida de la ex secretaria general ejecutiva, Belguin Cisternas, no fue una “destitución”, sino un acuerdo que incluyó el pago de una indemnización de 25 millones de pesos de fondos públicos. El finiquito, firmado el 2 de junio de 2025 entre la CMDS, cuyo directorio es presidido por el alcalde Sacha Razmilic, y Cisternas, fue revelado tras una solicitud por Ley de Transparencia efectuada por La Izquierda Diario.

La gestión de Belguin Cisternas ya había sido duramente cuestionada, no solo por el llamado «Caso CMDS», sino también por su rol durante la crisis tras la trágica muerte de la profesora Katherine Yoma, quien denunció acoso y agresiones en su lugar de trabajo. A pesar de esta controversia, la funcionaria había sido ratificada en su cargo por la administración actual.

Durante los últimos días, los dardos también han apuntado contra el actual secretario general ejecutivo de la Corporación, Jonathan Vergara (Evópoli), a quien se responsabiliza por impulsar el contrato comunicacional que desató la polémica. Asimismo, se ha apuntado a la ex directora de Dideco y actual candidata a diputada, Yantiel Calderón (Evópoli), quien incluso habría sido protagonista de un capítulo que se grabó en el marco de este acuerdo comercial frustrado, sin que se conozcan las razones por las cuales no se emitió dicho programa.

El acuerdo que selló la salida de Belguin Cisternas desde la Secretaría General Ejecutiva de la CMDS consideró la renuncia de la ex funcionaria a presentar acciones legales contra la entidad, tal como quedó plasmado en el punto N°6 del documento al que accedió Diario Regionalista, que señala lo siguiente:

«Finalmente el trabajador declara expresamente que, como consecuencia de este término de relación laboral, y el finiquito suscrito; no tiene cargo ni reclamo alguno que formular a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, razón por la cual renuncia expresamente a toda acción que pudiere interponer en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta; sea de carácter administrativa o judicial, particularmente aquellas de naturaleza laboral, civil, penal, o que tuvieren su origen en la Ley 16.744 y reglamentos anexos».

A continuación se puede revisar el documento completo:

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La acción legal de Salazar se produce luego de su despido, que tuvo lugar tras la revelación, por parte del programa Sentido Común (coproducción de Diario Regionalista, Diario Antofagasta y El Hashtag), de un polémico contrato comunicacional entre la CMDS y El Mercurio de Antofagasta. Este acuerdo consideraba el uso de recursos destinados a las áreas de educación y salud, lo que generó un fuerte cuestionamiento público.

En su demanda, el periodista acusa directamente al alcalde Razmilic de hacer afirmaciones falsas al culparlo del controvertido contrato. Salazar sostiene que la orden para llevar a cabo el acuerdo comunicacional y utilizar los fondos de educación y salud fue una instrucción superior y que habría emanado de Jonathan Vergara (Evópoli), actual secretario general ejecutivo de la CMDS y hombre de confianza del alcalde.

«Fui expuesto públicamente. Se dice que no tenían idea y que fue algo que hice yo de manera premeditada y sin consultar a nadie, lo que es totalmente falso. La instrucción viene por parte del ex director de servicios de salud y educación, el señor Jonathan Vergara. El instruyó generar un plan de medios que tenía que tener ciertas directrices», afirmó Salazar.

«Se dice que yo hago las bases de licitación solo, lo cual no es así. Hay todo un equipo. Una Corporación pasa por muchos filtros. Dentro de esos filtros se encuentran los abogados, organismos de control. Tenemos los respaldos en cuanto a correos, mensajes y testigos», agregó el comunicador.

Además de reclamar por su despido injustificado, la demanda de Salazar se enfoca en las injurias y la deshonra que, a su parecer, sufrió al ser señalado como responsable de este hecho, conocido mediáticamente como “Caso CMDS”.

Como parte de las revelaciones, el excomunicador detalló que uno de los capítulos del programa contratado incluyó una entrevista a Yantiel Calderón (Evópoli), quien en ese entonces era directora de Dideco, una figura cercana al alcalde y actualmente candidata a diputada. Esta situación añade un nuevo elemento al debate sobre el uso de recursos públicos para fines políticos.

«Se graba este capítulo que yo no entiendo por qué no sale a la luz pública. Es una entrevista que hacen estudiantes del ISCA a la directora de Dideco. Eso es lo que sucedió», confirmó Salazar.

La demanda laboral habría sido declarada admisible, mientras que desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) afirman que aún no son notificados formalmente de la acción judicial.

En su fallo, el máximo tribunal indicó que la sentencia impugnada “no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia”, por lo que el recurso de casación no procedía. De esta forma, el caso se mantiene en lo que los expertos denominan un “loop judicial”, obligando al Comité de Ministros a votar nuevamente. Después de esa nueva decisión incluso se podrán interponer nuevos recursos judiciales.

Marcos Emilfork, abogado de FIMA y representante de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, confirmó en declaraciones a El Mostrador que “la Corte Suprema no admite a trámite los recursos, lo que no implica ninguna resolución definitiva respecto del proyecto”. Con esto, la batalla legal por el futuro de Dominga continúa.

El profesional aclaró que «lo primero que hace la Corte Suprema, de hecho, es recordar que el primer Tribunal Ambiental mandó al Comité de Ministros a resolver los recursos, cosa que de hecho hizo en enero de este año rechazando el proyecto, cuestión para la que solamente es competente el Comité de Ministros. Y luego la Corte Suprema recuerda que sobre casos como este solo va a poder pronunciarse una vez que estén todas las vías agotadas, cosa que actualmente no es el caso”.

El proyecto minero Dominga, de Andes Iron, ha enfrentado un largo camino judicial y social. Este yacimiento de hierro, cobre y oro, propiedad de Carlos Alberto «Choclo» Délano, ha generado un fuerte debate entre quienes lo ven como una oportunidad económica para la región y quienes advierten sobre sus graves riesgos ambientales.

La controversia se intensificó tras revelaciones de los Pandora Papers, que expusieron la participación de la familia del expresidente Sebastián Piñera en la compraventa del proyecto. Las investigaciones periodísticas señalaron posibles delitos de cohecho y fraude, lo que puso en el centro de la polémica las gestiones y el financiamiento detrás de la iniciativa.

El viaje se produce pocos días después de la controversia que protagonizó el edil durante la emergencia por alerta de tsunami tras el terremoto 8.8 que sacudió a Rusia. En esa ocasión, Razmilic publicó una historia en redes sociales minimizando la situación, calificando la alarma como una «exageración» y llamando a volver a la normalidad, en abierta contradicción con las recomendaciones de Senapred y otros organismos técnicos a cargo del manejo de desastres.

El jefe comunal viajó acompañado de los concejales Carolina Rivera y Waldo Valderrama, en el marco de una agenda que incluye reuniones y visitas en terreno para conocer el funcionamiento del modelo Gamarra, que desde 2019 opera con acceso controlado y estrategias de seguridad con tecnología y equipos humanos desplegados territorialmente.

El viaje también se da en un contexto en que ha existido creciente escrutinio ciudadano respecto al uso de fondos públicos en giras internacionales. Casos como el del gobernador regional Ricardo Díaz, quien acumula más de 110.000 kilómetros recorridos en el extranjero durante su mandato —con destinos como Japón, Australia, Brasil o Estados Unidos— han generado críticas por la falta de claridad sobre el impacto concreto de estos viajes en la calidad de vida de la población.

En ese sentido, existe inquietud sobre la real utilidad de estas actividades fuera del país, y la necesidad de que las autoridades transparenten no solo los costos, sino también los resultados concretos que puedan derivarse de estos encuentros para la comunidad local.

La agenda por Perú consideró una visita en terreno para conocer detalles del funcionamiento, medidas y despliegue de seguridad que considera tecnología y equipos humanos definidos estratégica y territorialmente. Además, resaltan aspectos de la organización de los comerciantes, las conexiones viales y de transporte público, entre otros puntos.

La comitiva también participó en exposiciones de la Universidad de Piura sobre el Smart City Gamarra y del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, acerca de las acciones municipales en este espacio clave en la economía y turismo local.

El alcalde Razmilic agradeció la instancia, destacando que el objetivo es “apoyar a las micro y pequeñas empresas para que ellas puedan desarrollarse, ya que necesitan competir en forma justa y leal”. Además, recalcó que el comercio informal no paga impuestos, permisos y servicios básicos, y lo más complejo “es que se apropia de un espacio público sin pagar por éste, lo que daña a quienes lo hacen de manera formal”.

Finalmente, el jefe comunal precisó que “al hacer un control del comercio ambulante, como lo están haciendo en Gamarra, lo que estamos logrando es darle las oportunidades a esos empresarios chicos para que puedan crecer y desarrollarse”.

«Tras conocerse este hecho, mediante oficio, desde la Seremi de Educación solicitamos antecedentes al alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, y a la Corporación Municipal de Desarrollo Social», señaló la autoridad a Diario Regionalista, añadiendo que además se derivaron los antecedentes a la Superintendencia de Educación.

«Asimismo, derivamos los antecedentes del caso a la dirección regional de la Superintendencia de Educación, entidad que tiene la función de fiscalizar el uso de los recursos públicos que se entregan a los sostenedores y garantizar que efectivamente se utilicen en los procesos educativos de las y los estudiantes», agregó Fernández.

La polémica licitación, adjudicada en marzo de este año y revelada públicamente por el programa Sentido Común en el mes de mayo, contempla una campaña comunicacional que incluye publicaciones en prensa escrita, podcasts y seminarios. Lo que encendió las alertas fue que la propuesta consigna explícitamente que el financiamiento proviene en un 45% de la Subvención Escolar y en un 55% de los fondos Per Cápita de Salud, recursos que por ley deben ser destinados exclusivamente a fortalecer la educación pública y la atención primaria en salud.

Las críticas se han centrado en la legalidad y pertinencia del uso de estos fondos, más aún en un año electoral. El escándalo provocó la remoción del entonces jefe de comunicaciones de la CMDS, Francisco Salazar, además de la reciente salida de la secretaria ejecutiva de dicho organismo, Belguin Cisternas.

Nuevos antecedentes revelados en el último capítulo de Sentido Común (coproducción de Diario Regionalista, El Diario de Antofagasta y El Hashtag) dan cuenta de un documento clave: Una advertencia legal contenida en el certificado de visto bueno de la resolución N°147/25 que aprueba las bases del proceso licitatorio, firmada por Isabel Calisto Hernández, del Departamento Jurídico de la CMDS. En ella se señala expresamente que «no existe ítem en subvenciones estatales para la publicidad institucional, salvo sea en exclusividad con beneficio educación y salud, lo que debe ser controlado por quienes estarán a cargo. Ante ello, dejo a su decisión”.

Sin hacer un mea culpa, Cisternas defendió la polémica licitación y sostuvo que estaba facultada para firmar el acto administrativo, asegurando que el gasto se ajusta a lo establecido por la Superintendencia de Educación y el clasificador presupuestario.

«Las bases de licitación para este proyecto fueron elaboradas (con la posibilidad de contener errores, como en todo proceso), aprobadas por varios funcionarios competentes, y firmada finalmente por mi persona, sin ninguna intención de dolo, asumiendo la responsabilidad administrativa propia del cargo. Las bases fueron publicadas, y contó con la participación de tres oferentes, resultando la adjudicación a una empresa local», señaló.

Belguin Cisternas aseguró, además, que hasta la fecha no existe contrato firmado ni se ha realizado pago alguno a la empresa El Mercurio. La profesional también reivindicó su historial de más de 25 años en la CMDS, donde asegura haber enfrentado decisiones difíciles con rigurosidad técnica, negando cualquier vinculación política.

Sobre el trágico fallecimiento de la docente Katherine Yoma el año 2024, Cisternas recordó que fue señalada como la principal culpable, enfrentando a diario acusaciones de impunidad y falta de investigación. Sobre este punto, señaló que realizó «todas las acciones administrativas y laborales pertinentes ante esta situación y que dependían de mi cargo».

«A la fecha, ni la Fiscalía ni ninguna otra institución me ha citado para aportar a la investigación de este hecho. Empatizo profundamente con el inmenso dolor de la familia de Katherine; como hija y hermana que soy, no puedo imaginar el gran dolor y tristeza por lo que atravesaron, y el amor que tengo por mi propia familia me impide soltar la mano de los míos en un momento así», enfatizó.

«Mi carrera profesional la he construido sobre la base de mis habilidades, capacidades técnicas, honradez y valores. He asumido responsabilidades significativas, ocupando roles como Jefa de Presupuesto, Directora de Administración y Finanzas y más recientemente, Secretaria General Ejecutiva», agregó.

También acusó que «una cantidad considerable de personas, utilizando cuentas falsas o a través de programas de televisión, diarios digitales y redes sociales, han enlodado mi nombre, menospreciándome y menoscabándome. Esto ha causado un daño incalculable a mi persona, obligándome a lidiar diariamente con insultos dirigidos no solo a mí, sino también a mi círculo más íntimo».

Nota de Diario Regionalista: Contrario a lo señalado por la señora Belguin Cisternas en su declaración pública, nuestro medio de comunicación intentó en reiteradas ocasiones obtener su versión sobre los hechos a través de los canales institucionales correspondientes. Sin embargo, no hubo respuesta.

A continuación la declaración pública completa: