Desde una perspectiva internacional, organismos como la UNESCO y la OCDE han enfatizado la importancia de la gratuidad educativa como un componente esencial para la equidad social y el desarrollo sostenible. La propuesta chilena, al no abordar esta cuestión con claridad, parece desconectarse de las corrientes globales que reconocen la educación como una herramienta imperante para construir sociedades en las que la educación y el progreso se manifieste como una relación simbiótica.

Históricamente, Chile ha sido testigo de movimientos estudiantiles que han clamado por una educación más justa y accesible. La propuesta actual podría percibirse como una oportunidad perdida para abordar de manera concreta las demandas ciudadanas de igualdad material en el acceso a oportunidades educativas. La omisión de la gratuidad no solo ignora el clamor popular sino que también deja sin respuesta a una preocupación fundamental del mañana.

Contrastando con esta carencia, la Constitución de Uruguay establece con claridad la gratuidad de la enseñanza oficial en todos sus niveles, reconociendo explícitamente su utilidad social —Declárase de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la educación física; la creación de becas de perfeccionamiento y especialización cultural, científica y obrera, y el establecimiento de bibliotecas populares (Constitución de la República Oriental del Uruguay [C.P.] art. 71.)—. Este enfoque trasciende la mera gratuidad para incorporar la idea de que la educación es un bien social que contribuye al desarrollo colectivo.

En un contexto más amplio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) subraya que «la enseñanza superior comprende los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, que son comunes a la enseñanza en todas sus formas y en todos los niveles» (Comité DESC, Observación General N° 13, El derecho a la educación, CESCR/GC/1999/13, 8 de diciembre de 1999.). Este enfoque integral resalta que la gratuidad no es simplemente un componente adicional, sino un aspecto esencial para la plena realización del derecho a la educación.

La noción de «implantación progresiva de la enseñanza gratuita», como aclara el Comité DESC, implica una obligación para los Estados de avanzar hacia la gratuidad en todos los niveles educativos. El Comité destaca que, aunque los Estados deben priorizar la enseñanza primaria gratuita, también tienen la responsabilidad de adoptar medidas concretas para extender esta gratuidad a la enseñanza secundaria y superior (Comité DESC, 1999: párr. 14). Este principio subraya que la gratuidad educativa no solo es un ideal a largo plazo, sino un compromiso inmediato y progresivo que los Estados deben abordar.

El aspecto económico del que me centré en esta columna es fundamental que no se subestime. La propuesta chilena, al no abordar la gratuidad en la educación superior, podría seguir perpetuando las barreras económicas que limitan el acceso a la educación de la mayoría de estudiantes . La educación gratuita no solo alivia las cargas individuales de las familias, sino que también es un catalizador para la movilidad social y el desarrollo económico.

Uruguay, a través de su Constitución, ha demostrado que la gratuidad no es solo una aspiración idealista, sino una realidad tangible y beneficiosa. La inclusión de becas, bibliotecas populares y la atención al desarrollo moral y cívico de los estudiantes destaca un enfoque integral que va más allá de la simple eliminación de costos educativos.

El contraste entre esta perspectiva internacional y la propuesta chilena revela una brecha significativa. La ausencia de un compromiso claro con la gratuidad en todos los niveles educativos puede interpretarse jurídicamente como un incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Chile en materia de derechos humanos. Esta laguna no solo limita el acceso equitativo a la educación, sino que también puede socavar la posición de Chile en la arena internacional en lo que respecta a la protección de los derechos educativos.

En este crucial momento de definiciones para nuestro país, la omisión de la gratuidad educativa en la propuesta constitucional no es simplemente un olvido, sino una afrenta a los cimientos de una sociedad justa y equitativa. Al cerrar los ojos a la importancia de la educación gratuita, se cierran también las puertas a un futuro prometedor y se perpetúan las brechas que tanto nos aquejan. Negar este derecho es negar la oportunidad de construir un Chile más comprometido con la educación. Por tanto, es nuestro deber rechazar rotundamente esta propuesta y exigir un enfoque que abrace con fuerza los valores y aspiraciones que merecemos como sociedad. El camino hacia una nueva Constitución debió trazar las líneas de un horizonte donde la educación fuera el pilar de una nación que busca la prosperidad para todos y no para unos pocos. En este sentido, quiero proclamar de manera inequívoca mi firme posición En Contra de esta propuesta de Constitución.

Aunque confía en un triunfo del «En contra», dice que no hay que dormirse en los laureles y llama a la ciudadanía a concurrir a votar con convicción el próximo 17 de diciembre.

¿Cuál es el motivo de su visita a la región de Antofagasta?

El motivo de la visita es que ya estamos próximos al plebiscito del 17 de diciembre y estamos recorriendo todo Chile. Hemos estado en Iquique, en Arica, en Talca, en Curicó, en Valparaíso, en fin, haciendo campaña por el «En contra». Esa es la idea, poder venir, conversar con nuestro comando, seguir realizando actividades. Hemos hecho una agenda de medios. Estamos bien motivados y con mucha convicción.

¿Cómo evaluaría el avance de la campaña?

En términos generales, esta es una campaña bien atípica. Primero, porque es muy corta y por otro lado, estamos en un tiempo del año donde hay navidad. No hay un clima electoral, para ser muy honesto, estés en la posición que estés. Y nosotros, desde el punto de vista del «En contra», hemos ido de menos a más. Hay una sensación ambiente de que se gana, que se obtiene una mayoría importante en Chile por el «En contra». Pero la soberbia y el dormirse en los laureles nunca ha sido mi actitud ni en la vida ni en la política. Yo creo que nosotros tenemos que seguir hasta el último día de campaña para lograr un triunfo contundente del «En contra».

¿Qué le diría a las personas de la región que están indecisas?

Primero, la gente algunas veces recibe un papel y dice que no quiere votar por ningún candidato. Acá no hay que votar por ningún candidato. Segundo, la votación es obligatoria. Tercero: Aquí la situación es bien de blanco y negro. ¿Usted quiere que sigan las Isapres, que sigan las AFP? Si es que quiere que sigan las Isapres y sigan las AFP, vote «A favor». Si no quiere que sigan, vote «En contra». O está la situación de las contribuciones. Acá hay un estudio de una universidad que señala que se perderían 57 mil millones de pesos. Si usted quiere eso, vote «A favor». Si no quiere aquello, como yo, vote «En contra».

Una Constitución debe ser un texto que convoque y una…

Lo que necesitamos es construir no un programa de gobierno como han hecho los republicanos con este pseudo texto constitucional. Lo que necesitamos es poder construir una Constitución y una Constitución son marcos por los cuales poder transitar. Y eso aquí no está. Si es que quiere que se acabe la gratuidad, si es que quiere que las mujeres pierdan el aborto en 3 causales, bueno, vote «A favor». Nosotros estamos «En contra». ¿Y por qué estamos en contra? Porque este texto no asegura igualdad y equidad entre todas y todos los chilenos. Así de simple. Y para eso vaya tranquilamente, humildemente, con convicción y fuerza el 17 de diciembre. Hay que votar obligadamente, pero sobre todo con convicción. Este texto no garantiza el Chile del futuro.

En esta columna, repaso 8 razones (hay muchas más) que justifican nuestro voto en contra durante el plebiscito del próximo 17 de diciembre:

1- Derechos sexuales y reproductivos en riesgo (posible eliminación del aborto en tres causales y posible prohibición de píldora del día después).

El artículo que señala que «la ley protege la vida de quien está por nacer» ha sido señalado como un retroceso respecto a la actual Constitución, ya que el cambio de la palabra «que» por «quien» abriría la puerta a una posible derogación de la ley de aborto en tres causales.

Por otro lado, el artículo que establece que niño es «todo ser humano menor de 18 años» podría incluso ser utilizado junto a la norma antes mencionada para restringir la utilización de métodos anticonceptivos como la píldora del día después.

2- Constitucionalización de Isapres y AFP

El texto constitucional aprobado por el Partido Republicano y Chile Vamos establece la «libertad de elegir» las diferentes prestaciones sociales. En el caso de la salud se señala que «es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado»

Desde la centroizquierda han advertido que esta norma haría inconstitucional un sistema de salud público y blindaría el modelo de Isapres.

En el caso de las AFP ocurre algo similar en la propuesta de nueva Constitución, ya que uno de los artículos aprobados indica que «cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta».

Esta norma impediría generar mecanismos «solidarios» y en la práctica haría intocable al sistema de AFP.

Tanto es así que el «padre» de las AFP, José Piñera, entregó su apoyo a la propuesta de nueva Constitución, afirmando que  «se configuró un escenario ‘win-win’ para el modelo de libre mercado». También agregó que la propuesta es una «buenísima noticia» y que el texto es «una versión modernizada de la Constitución de 1980», pues «mantiene intactos todos sus principios fundamentales».

3- Detenciones en lugares no habilitados durante estado de sitio.

Según la propuesta, el Presidente de la República podrá disponer el arresto de personas en sus propias casas o en lugares que no sean centros comunes de detención durante un estado de sitio.

«Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República podrá restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Podrá, además, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión», indica.

La eliminación de las contribuciones a la vivienda principal corresponde a una norma que ha sido utilizada de manera populista por la ultraderecha. Sin embargo, los datos demuestran que la gran mayoría de los chilenos no paga este impuesto y quienes sí lo hacen son -por lo general- los propietarios de más altos ingresos.

Un estudio publicado a fines de septiembre por economistas de la Universidad Católica del Norte alertó que eliminar el impuesto territorial generaría migraciones masivas a Santiago, empobrecimiento de las ciudades, pérdida de áreas verdes y luminarias públicas y, en general, la disminución de la calidad de vida. Lo anterior, por la falta de financiamiento de los municipios de aprobarse la nueva Constitución.

7- Desprotección del Medio Ambiente.

En la propuesta queda debilitada la protección medioambiental, ya que se rechazó establecer los principios básicos de prevención, precaución, no regresión, justicia ambiental, justicia climática, contaminador-pagador, entre otros.

También se rechazó la protección del medio ambiente marino, la biodiversidad, los
glaciares y el paisaje natural.

8- Se perpetúa la propiedad de los derechos del agua.

El texto constitucional perpetúa la propiedad sobre los derechos de agua, incluso más allá que la Constitución actual, agregando la facultad de «disponer, transmitir o transferir”
las concesiones. Esta norma haría inconstitucional la última reforma al Código de Aguas, que estuvo más de 10 años tramitándose y estableció una temporalidad de las concesiones.

Lamentablemente esta norma permite que los privados puedan seguir lucrando con este recurso y sin límites.

Así lo han advertido diversas organizaciones sociales y políticas, quienes apuntan a la responsabilidad del Partido Republicano, tienda política que lidera el actual proceso, al contar con una contundente mayoría en el órgano.

En su columna del día Domingo, el reconocido periodista Daniel Matamala señalaba que la derecha está «usando la nueva Constitución como un caballo de troya para pasar subrepticiamente», una serie de normas «que atentan contra las libertades individuales».

La periodista Mayron Sills, en un artículo en El Mostrador, también advertía que Chile escribe una Constitución con predominio ultraderechista «y un discurso marcadamente ‘negacionista’ y ‘antimujeres’ que enciende la alarma sobre todo en un grupo social que participó de manera activa en el proceso anterior».

Y es que con la aprobación de una norma que establece «la protección de la vida de quién está por nacer» queda en entredicho la ley de aborto en tres causales, normativa que podría ser derogada, poniendo en riesgo un avance mínimo en los derechos de las mujeres.

A esto se suma la aprobación de una norma de «exención del pago de contribuciones de la vivienda principal», lo que beneficiaría a los más ricos del país, al tiempo que pone en riesgo el financiamiento de los municipios de Chile.

Datos del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, indican que solo el 12,3% de las viviendas paga contribuciones, recaudando $1,1 billones para el Fisco en el primer semestre del año 2023.

Un tercio de esta cifra fue aportada por las municipalidades de mayores ingresos: Las Condes, Lo Barnechea, Santiago, Vitacura y Providencia.

Tal es la aplanadora de los republicanos, con el apoyo de amplios sectores de Chile Vamos, que incluso representantes de derecha como la alcaldesa Evelyn Mathei, han formulado duras críticas.

«En este Consejo lo que se ha ido instalando es que esta es la Convención del rodeo y del no aborto», indicó la jefa comunal de Providencia, agregando que «más parece un programa de gobierno de una mayoría circunstancial que una Constitución».

«Si las cosas siguen así, naturalmente no voy a poner mi capital político para la aprobación de esta nueva Constitución que se discute, que en realidad no es una Constitución», concluyó.

La última palabra la tendrán los chilenos y chilenas en el plebiscito a celebrarse el domingo 17 de diciembre de 2023, donde deberán optar entre las opciones «A favor» o «En contra» de la nueva Constitución.