El VIH no es un problema lejano ni contenido, está presente y tiene un impacto concreto. En Chile, cerca del 70% de los nuevos casos se concentra en personas entre 29 y 39 años, según datos del Ministerio de Salud. Se trata de población joven, en plena edad productiva, que en muchos casos recibe el diagnóstico en etapas avanzadas, lo que evidencia fallas persistentes en la detección oportuna y, por extensión, en las estrategias de prevención.

Pero el VIH no ocurre en el vacío, está profundamente vinculado a las condiciones sociales en las que viven las personas. En la región de Antofagasta, esa relación se vuelve evidente. De acuerdo con la encuesta CASEN, la pobreza por ingresos alcanza un 16,4%, mientras que la pobreza multidimensional llega al 17,3%. Detrás de esos porcentajes hay más de cien mil personas que enfrentan dificultades de acceso a salud, educación y condiciones básicas de bienestar. En ese contexto, la prevención deja de ser un complemento y pasa a ser una herramienta esencial.

La discusión sobre recortes suele instalarse en términos de eficiencia, priorización y responsabilidad fiscal. Son conceptos válidos, pero incompletos si no se consideran sus efectos en áreas sensibles. La prevención del VIH no es un gasto accesorio: es una de las principales barreras frente al contagio, especialmente para quienes no cuentan con acceso oportuno a información, testeo o atención continua. Reducir su alcance no elimina el problema, sino que lo desplaza y lo agrava.

A esto se suma que el VIH implica un tratamiento de por vida, con costos sostenidos para el sistema de salud. Desde esa perspectiva, la prevención no solo es más efectiva en términos sanitarios, sino también más eficiente en términos económicos. Sin embargo, el problema no es únicamente financiero. En regiones como Antofagasta, la vulnerabilidad no se limita a quienes están bajo la línea de pobreza. Existe una amplia población de clase media que depende, en distintos grados, de políticas públicas para sostener su estabilidad. Basta una crisis o una barrera de acceso para que esa estabilidad se vea comprometida.

En ese escenario, las políticas públicas no operan en abstracto. Su alcance -o debilitamiento- tiene efectos concretos sobre la vida de las personas. Por eso, la discusión de fondo no debería centrarse únicamente en cuánto se ajusta, sino en dónde se decide hacerlo y con qué consecuencias. Reducir la prevención en una región con alta incidencia de VIH no es solo una contradicción técnica, sino una decisión que tensiona el sentido mismo de las políticas sanitarias.

El costo, en ese contexto, no se mide únicamente en cifras presupuestarias, sino en aquello que se deja de prevenir y en las consecuencias que, tarde o temprano, terminan por aparecer.

Por Rosario Sardi Aguilera

Quienes la lanzan creen que con ella pueden clausurar la conversación, enterrar las preguntas incómodas y blindar privilegios que se heredaron como si fueran derechos divinos. A cualquiera que osó cuestionar ese orden lo llamaron comunista. A los líderes sindicales. A los profesores. A los campesinos. A las mujeres que exigieron ser tratadas como personas. A los trabajadores que pidieron humanidad. A todos ellos les colgaron la etiqueta para despojarlos de legitimidad antes de escucharlos.

Y sin embargo, ahí estuvieron. Los comunistas. Los porfiados. Los que insistieron, contra toda adversidad, en que Chile podía y debía ser un país menos despiadado. Los que se jugaron la vida para conquistar derechos que hoy parecen tan básicos que cuesta recordar que antes fueron considerados una amenaza. Los que no aceptaron que la desigualdad fuera destino ni que la dignidad fuera un lujo.

La historia les cobró ese atrevimiento con una brutalidad solo comparable al miedo de quienes se sintieron amenazados por la justicia.

Cuando los obreros del salitre marcharon a la Escuela Santa María de Iquique, los fusilaron sin misericordia. Cuando el norte despertó en la Plaza Colón, clamando humanidad, la respuesta fue una lluvia de balas. Cuando militantes comunistas defendieron a los desposeídos frente a los poderosos, no encontraron debate ni diálogo. Encontraron tortura. Persecución. Desaparición. Muerte.

El mensaje era claro: en Chile, soñar igualdad era un acto subversivo. Y por subversivo, imperdonable.

Un siglo después, la misma historia volvió a gritar. En 2019, Chile entero explotó harto de abusos, harto de colusiones obscenas, harto de un modelo que se alimenta de regiones que producen la riqueza del país, pero reciben a cambio contaminación, precios inflados y abandono. Antofagasta lo sabe mejor que nadie. Produce para todos. Se queda con los costos.

La respuesta del poder fue impecable en forma y vacía en fondo. Prometieron una nueva Constitución como si esa concesión simbólica fuera suficiente para calmar el clamor de millones. Hoy, años más tarde, nada esencial ha cambiado. Las mismas desigualdades persisten. El abuso quedó intacto. Y el país entendió una verdad amarga: quienes dominan la matriz económica nunca estuvieron dispuestos a ceder ni un ápice de su control.

Lo más grotesco es que durante décadas repitieron que los comunistas frenaban el desarrollo. Pero los datos cuentan otra historia. Según la OCDE, Chile es uno de los países más desiguales del mundo, y esa desigualdad no solo causa sufrimiento profundo, sino que además estanca el crecimiento económico. Existe consenso internacional: un país injusto es un país que se sabotea a sí mismo.

Entonces, ¿quién ha frenado realmente el progreso?

¿El que pedía justicia o el que temía perder un privilegio?

Aquí, justo en este punto donde la historia duele, es imposible no hablar desde mi propia sangre. Porque mi voz no nace de la ideología ni del resentimiento, sino de un cruce humano que explica a Chile mejor que cualquier tratado político.

Soy sobrino nieto de Elías Lafertte, senador, líder obrero y primer candidato presidencial del Partido Comunista de Chile.

Soy nieto de Teodoro Toledo, campesino comunista que conoció la desigualdad no como concepto, sino como herida diaria, y cuya lucha incluía algo tan básico como impedir que los dueños de fundos violaran a las hijas y esposas de sus trabajadores.

Y también soy nieto de Desiderio Flores, pinochetista y miembro de las Fuerzas Armadas, hombre de orden férreo, que incluso llegó a venderle a la familia Kast su local de Cecinas Babaria en Calama.

Ese cruce vive en mi familia como vive en Chile. La tensión. La contradicción. La fractura. Pero también la posibilidad de encuentro.

Mi mirada no nace de las circunstancias, sino del análisis de los hechos y de la convicción de que el futuro solo será posible si dejamos de confundir el privilegio con progreso. El verdadero encuentro entre todos los chilenos llegará cuando entendamos que el progreso debe ser colectivo, no un botín reservado para una minoría que levanta su miedo como si fuera una verdad inevitable.

Por eso esta columna no es un homenaje al Partido Comunista ni una reivindicación sentimental. Es una invitación. A pensar. A mirar de frente la historia. A reconocer que detrás del insulto a los comunistas lo que siempre se escondió fue el pánico de los poderosos a perder su comodidad, y también la dignidad de quienes se atrevieron a desafiarla.

Porque, aunque les hayan gritado, perseguido, torturado o matado, los comunistas siguen ahí. Llevando sobre los hombros una idea que provoca terror en quienes gobiernan desde el privilegio: un mejor país no es una amenaza, es una deuda.

Decía ya Cristián Palazzi Nogués bajo el término acuñado por el sociólogo Zygmund Bauman que, en una modernidad líquida, como la actual, “casi ninguna estructura conserva su forma suficientemente para garantizar confianza y cristalizarse en una responsabilidad a largo plazo”. Esta situación se refleja perfectamente con el nacimiento de las redes sociales en los años 2000. En sus inicios, se presentaba como una forma llamativa de entretenimiento que permitía conectar personas de distintos lugares del mundo en segundos.

Las mismas redes sociales que hoy en día tiene un papel protagónico en el determinismo tecnológico con escenarios como la manipulación electoral, el ciberacoso, el deterioro de la salud mental de niñas, niños y adolescentes, la manipulación consumista, la violación de la privacidad y la desinformación. Esta última causa gran preocupación, sobre todo en la profesión periodística.

Finalmente podemos ver con mayor claridad las razones del desgaste que tienen las personas sobre el periodismo. Ahora no es solo la carencia de sistemas mediáticos robustos y diversos que garanticen la democratización de la información, sino también el sobreconsumo de información al que se somete la sociedad con las redes sociales y sus técnicas implícitas de desinformación.

Si bien la información falsa o inexacta no es un fenómeno que nació con las redes sociales, Eleni Kapantai y otros afirman que lo diferente es la velocidad, la escala y el volumen del alcance global que hoy alcanza la información con las redes sociales.

Según los autores, en ocasiones los motivos detrás de la desinformación son maliciosos para promover creencias preestablecidas con un impacto social dañino o con fines de lucro, propagando emociones como la incertidumbre, el miedo y el odio. Esto se refleja en incidentes de crímenes de odio contra minorías étnicas o en la asociación errónea de la migración con el descenso de la calidad de los servicios sanitarios y el aumento de las tasas de delincuencia y desempleo, entre otros.

Bajo este fenómeno parece imperante proteger la profesión periodística, la misma que tiene un rol educativo en la sociedad, que fiscaliza el poder, da voz a los que no la tienen y aporta al debate público. Según Kapantai, la única forma de hacerlo es a través de la comprensión del fenómeno de la desinformación, actuando contra ella con la articulación de enfoques teóricos y computacionales, la preparación de material educativo, el desarrollo de plataformas de verificación de datos y, lo más importante: la legislación.

Esta problemática esconde un problema mayor: la información y la opinión pública, sobre todo de los grandes países como Estados Unidos (donde ocurrió este suceso), están en manos de la gran multinacional Meta. El debate sobre el control del contenido de las redes sociales se ha escudado en la complejidad de perseguir los discursos para ser censurados, pero la historia de esta empresa ha demostrado que su censura algorítmica es fácilmente manejada para responder a intereses económicos y políticos.

En diciembre del año pasado la BBC reveló que Meta restringía el contenido de 20 medios palestinos. Los perfiles digitales de medios como Palestine TV, la agencia de noticias Wafa y la agencia palestina Al-Watan News (todos de Cisjordania), se volvieron vitales para mostrar la realidad palestina. Los periodistas destacaron que luego de la incursión de Hamás el 7 de octubre y los posteriores ataques de Israel, observaron una disminución del 77% de su audiencia en redes sociales.

La libertad de expresión y el pluralismo en los medios de comunicación parecen estar en una constante amenaza a medida que los usuarios pierden poder sobre lo que puede ser publicado y lo que no, convirtiéndose en un riesgo para el rol de la prensa en la sociedad y para la democracia.

Además, el medio también publicó el testimonio de una extrabajadora de Meta, quien denuncia que luego del ataque modificaron el algoritmo para ser más agresivo con el pueblo palestino, perpetuando la visión israelí e invisibilizando la realidad palestina, la que día a día debe enfrentarse a la baja de contenido violento, por publicar imágenes de esta cruda realidad.

Este tipo de censuras algorítmicas impiden al usuario formar una opinión crítica de los acontecimientos y del contenido que consume a través de estas plataformas, en un mundo en donde las redes sociales cobran mayor relevancia que los medios de comunicación, quienes también se han tenido que adaptar a este nuevo contexto digital e hiperconectado.

Es urgente plantear políticas que protejan el rol fiscalizador e informativo de los medios de comunicación. Lamentablemente el poder de estas multinacionales es mucho mayor y responde a los intereses de un grupo de magnates. Con todo esto quedan más dudas e incertidumbre: ¿Qué podemos hacer los y las periodistas frente a esto? ¿Qué pueden hacer los usuarios de internet ante este escenario?

Las autoridades municipales electas y reelectas, llegan en un momento en que nuestra región enfrenta desafíos significativos en términos de seguridad, salud, educación, infraestructura y la necesidad de promover un desarrollo sostenible. Por lo anterior, es fundamental trabajar de la mano para abordar dichas problemáticas con un enfoque colaborativo y efectivo.

En un escenario en que la falta de comunicación y coordinación entre las distintas entidades obstaculiza el progreso, es imperativo potenciar el diálogo y la colaboración, para ello se requiere voluntad política.

La magnitud de los recursos gracias a las nuevas fuentes de ingresos como lo es la nueva ley del royalty minero, que el año 2024 implicó una inyección de recursos a las arcas municipales de las 9 comunas con más de 6 mil millones de pesos que se duplicarán en 2025, impone un desafío mayor en la gestión de los organismos del estado para elaborar proyectos que aborden las urgencias de las personas.

Aspectos urgentes como la inversión, recuperación de espacios públicos y los servicios básicos, no pueden seguir a la espera, es momento de implementar estrategias conjuntas que promuevan el crecimiento urbano y un modelo de desarrollo regional que ponga en el centro a las personas. Recursos como el Royalty Minero, que en Antofagasta beneficiará a la totalidad de las comunas, contribuirán como soporte a la implementación de políticas públicas.

Juntos podemos transformar las realidades de nuestras comunidades y que estas respondan a las expectativas de la ciudadanía. Invito a las autoridades a sumarse a este esfuerzo que será el motor de consolidación para el desarrollo de la región.

*Paulina Larrondo Vildósola es Seremi de Gobierno de Antofagasta.

Vivir como producimos, principio que pulsa en el corazón del municipio que Iriarte liderará, no solo viene a establecer un presente portentoso, sino que recupera el sentir más noble de nuestra identidad. Es bramido irrumpiendo desde lo más profundo de nuestras raíces.

Vivir como producimos martilla, retumba, resuena desde la memoria de nuestros abuelos salitreros, desde nuestras abuelas, en el alma de los que con sus manos construyen su presente y en el anhelo eterno de tener la vida que nos merecemos.

Hoy, esas mismas energías resuenan en las propuestas de Pablo, quien busca rescatar ese legado para ponerlo al servicio del presente. Legado que pervive cada día en trabajadoras y trabajadores que mediante su esfuerzo construyen la vida merecida. «Siempre he vivido y viviré en esta tierra que me ha entregado tanto», dice Pablo, demostrando así su anclaje a la historia nuestra, demostrando así su pasión eterna, que es nuestra pasión eterna, para que nuestro hogar rebose en bienestar.

Esfuerzo que no merece que se lo siga llevando el viento, que no merece la omisión, que no merece el olvido. Valioso esfuerzo que merece estar presente, que debe ser valorado y reconocido.

Esfuerzo que merece una ciudad económicamente más justa, en el que el sueldo permita encumbrar vuelo hacia una vida mejor. Esfuerzo de trabajadoras y trabajadores que desean estar en el centro de las preocupaciones, que no quieren más postergación, que desean que sus familias sean verdadera prioridad para el goce en conjunto de una vida placentera.

Iriarte no está solo, cada camino ensanchado guarda en sí la riquísima diversidad existente en nuestro habitar. Impulso colectivo, oleaje incontenible que fluye y arrastra las apáticas sombras que intentan envolvernos, transitando en la senda de un Antofagasta renovado que brilla con fuerza.

«Queremos que Antofagasta siga siendo una ciudad para trabajar, pero que también pueda llegar a ser una ciudad para vivir plenamente». Asunto que es manifestación de un deseo colectivo, un llamado a la acción, un llamado a la hermandad, al diálogo, al entrelazamiento de confianzas, al reencuentro, a la esperanza.

Donde cada una, donde cada uno cuenta. Donde los protagonistas seremos nosotros y nosotras, vecinos y vecinas que cumplirán una tarea trascendental: hacer posible un vivir y convivir sin miedo, justo, feliz, digno y en paz.

Una vida repleta de amor.

Nunca he tenido la complejidad de cuestionar a aquellos que ocuparon la movilización social para delinquir, pues tengo absolutamente claro que la violencia no se combate con violencia, sino con más apertura a procesos democráticos, que permitan solucionar los problemas de fondo.

Haciendo memoria honesta, justa y consecuente, creo firmemente en el espíritu de esperanza que se apropió de la gran mayoría del país, quienes, en forma completamente pacífica, tal como en “La Marcha más grande de Chile” y en un sinnúmero de manifestaciones en Antofagasta, fuimos parte de un movimiento cultural histórico, que se cansó de la injusticia social y de la forma en que los grupos de poder manejan a la población común y corriente. Es más, me tocó marchar codo a codo con personas de todos los colores políticos, incluyendo a muchos personajes de la centro derecha que hoy borran con el codo publicaciones, fotos y videos, olvidándose del llamado de la ciudadanía a cuestionar la injusticia.

Los últimos hechos de corrupción, develados en el Caso Audios, no hacen sino volver a confirmar que el Chile desigual, el Chile donde una minoría se apropia del Estado para hacer negocios sin ninguna ética, con nuestra Salud, con nuestras pensiones, con nuestro Medio Ambiente e incluso con nuestra seguridad, ese Chile sigue existiendo. Ese, lamentablemente, es el verdadero Estallido Delictual que algunos tratan de proyectar en el malestar ciudadano.

Sobre ello, fue en agosto de este año que el último informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, reveló que el 57% de la población aún quiere cambios profundos. Pero, realizados en forma gradual. Por esto y más, es importante sacar lecciones sobre lo ocurrido estos cinco años. Hoy no queremos quedarnos en el descontento ni en la rabia. Queremos avanzar en propuestas, y me parece lamentable que quienes siempre han negado los avances necesarios para nuestro país, como las pensiones justas, hoy sean los primeros en obstruir esos avances.

¡Lo mismo sucede en Antofagasta! Queremos una ciudad limpia y ordenada, donde podamos ver todos los recursos que producimos de vuelta en nuestras calles, en nuestros parques, en nuestra salud, en nuestra educación y en todo cuanto nos hace falta. Creemos en el desarrollo económico, en la familia y en reglas claras para vivir en un país justo, donde las personas no tengan que hacer un bingo para enfrentar un problema de salud, ni tampoco tengan que salir asustados a la calle porque los pueden asaltar.

Creo en una ciudad que no sea solo para trabajar, sino donde también podamos vivir en ella.

Una ciudad para Vivir como Producimos. 

Durante la revuelta popular de 2019, se evidenció una desconexión profunda entre las demandas ciudadanas y la capacidad del Estado para canalizarlas. Las personas comunes y corrientes fueron las protagonistas de estas movilizaciones, exigiendo soluciones a problemas históricos que habían sido desatendidos por décadas. La crisis de “inseguridad social”, provocada principalmente por la mercantilización de los derechos fundamentales como la educación, la salud y las pensiones, junto a una extendida sensación de abandono y desprotección estatal, fueron el detonante.

Cinco años después, si bien los problemas originales de la revuelta permanecen sin solución —y muchos de ellos incluso se han agravado—, las preocupaciones en la agenda pública parecen haber cambiado. Hoy, los temas que copan el debate son la seguridad, la migración y el crecimiento económico. Es importante subrayar que, aunque estos son problemas reales que no se pueden ignorar, también han sido aprovechados políticamente desde la postdictadura para reprimir protestas sociales bajo el manto de la “seguridad ciudadana”. La seguridad se ha utilizado no solo para abordar la “delincuencia común”, sino para frenar la oposición al neoliberalismo.

Frente a este escenario, es fundamental que la izquierda no se vea arrinconada ni ceda terreno en estos debates. Si bien es crucial abordar el problema de la seguridad —sin dejar que la derecha lo monopolice—, debemos tener cuidado de no perder de vista el trasfondo de desigualdades que persiste en nuestro país. El énfasis debe estar en distinguir entre los problemas reales y la manipulación política de los mismos. La izquierda no debe limitarse a soluciones reactivas que reproduzcan el discurso hegemónico de seguridad represiva. Debe ofrecer alternativas que, sin traicionar sus principios, respondan tanto a las preocupaciones inmediatas de la gente como a las causas estructurales que originaron la revuelta.

A partir de nuestros propios ideales, la tarea es clara: formular soluciones concretas que vayan más allá de la narrativa simplista y efectista que ha promovido la derecha. Esto implica abordar temas como la seguridad y la migración, pero siempre desde una perspectiva de justicia, igualdad y dignidad. Sin embargo, también es imprescindible no relegar a un segundo plano los problemas históricos que permanecen intactos, como las desigualdades, la continuidad del pinochetismo en la postdictadura y las implicaciones del neoliberalismo en nuestras vidas cotidianas.

Mientras mantengamos un sistema político anclado a un modelo incapaz de adaptarse a las nuevas realidades sociales, después de un intento fallido de cambiar la Constitución, Chile seguirá atrapado en un marco institucional que bloquea las reformas estructurales necesarias para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Mientras tanto, la corrupción y los escándalos políticos continúan, minando la confianza ciudadana y alimentando la indignación que dio origen a la revuelta.

Las demandas de millones de chilenos y chilenas en 2019 siguen sin ser satisfechas. La izquierda no puede permitirse perder de vista este descontento; al contrario, debe convertirlo en el motor de propuestas viables que hagan de Chile un país verdaderamente libre y soberano.

*Felipe Cuevas
Candidato a CORE

El continente que hoy conocemos como América no fue llamado así hasta que el cartógrafo suizo Martin Waldseemüller publicó un mapa (Universalis Cosmographia) en el que aparecía, por primera vez, el nuevo continente separado de Asia. Nombrado aquí como América en honor de Américo Vespucio, por ser éste el primero en darse cuenta de que los suelos en los que andaba eran propios de un continente que no tenían contabilizado –Cristóbal Colón tildó de indios a los taínos (indígenas) que vio por primera vez, puesto que creyó haber llegado a la India-.

En el continente recientemente cartografiado, las relaciones entre los diferentes pueblos indígenas y la dominación de Aztecas e Incas tampoco eran de color rosa. Existía un complejo sistema de alianzas, formas de dominación, conflictos entre pueblos, divisiones, traiciones y todo el culebrón propio de nuestras formas humanas de socialización. Lo que explica que huancas, chancas, cañaris, taínos, totonacas, tlaxcaltecas, huejotzingos, cempoaleses, michoacanos, cañaris, chimúes, chachapoyas, tallanes, yungas, guaraníes, entre otros, se aliaran con los ibéricos para hacer caer a aztecas e incas; el historiador José Carlos Cueto indica que el 95% de conquistadores eran indígenas.

Sumado a esto, existiendo hoy predominancia del pensamiento mágico, pululan revisionistas y negacionistas (decoloniales) encubiertos en teorías que parecieran inocuas y benefactoras con los pueblos indígenas. Teniendo como gran logro la popularización, entre los que dicen querer otro mundo, de la denominación de este territorio como Abya Yala; supuesto nombre con que identificaban los indígenas a este continente, mentira. Abya Yala es, entre varios, uno de los nombres con que el pueblo guna, en lo que hoy es Panamá, daba al territorio por ellos conocidos («Mayab», como ejemplo, fue el nombre dado por los mayas a la península que habitaban). Aba Yala surgió como consenso denominador en la II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas celebrada en 1977 en Kiruna, Suecia.

También algunos rebeldes han comenzado a hablar del «día de la resistencia indígena», cuestión falsa y contradictoria. Falsa porque a la llegada de los ibéricos no hubo resistencia, sino más bien ésta, y en un reducido número, solamente se desarrolló durante el proceso colonial. Falsa porque los pueblos indígenas oprimidos por Aztecas e Incas se rebelaron contra estos por medio de alianzas con los ibéricos. Contradictorio porque al agregarle unidad política a la diversidad indígena de la época, echan bajo la alfombra las propias formas de dominación existentes, incurriendo en una justificación de las mismas.

Es sabido que la conmemoración de ciertos hitos responde más a propósitos políticos que a la búsqueda de la comprensión de los procesos históricos, cuestión que no escapa a lo aquí tratado. Por esto, aunque cueste, es necesario escapar de esa categorización moral y ética de los hechos históricos, sobre todo si realmente queremos encaminarnos en el desarrollo del pensamiento científico y, por tanto, democrático.

Debemos hacer lo posible por atenernos a los porfiados hechos: La porfía de los hechos que demuestran que el proceso iniciado por el acontecimiento de 1492 no es de buenos contra malos.

Es cierto que hoy la disciplina histórica corre peligro, pero se hace necesario revalorizarla no solo para evaluar el pasado en toda su complejidad, sino para evaluar críticamente el presente y, desde aquí, construir uno que nos permita dotarnos de alternativas viables. Esto porque, cosa más que demostrada, dependemos del relato y conocimiento del pasado para construirnos en el ahora como sujetos y tener conciencia de todas las potencialidades que guarda el aquí y ahora; la construcción de identidad y la proyección de ella misma depende de la memoria.

A los que quieren mantener el mundo para el beneplácito de sus intereses les sirven estas narrativas que se han instalado desde ambos lados, narrativas que solo buscan silenciar, de alguna u otra manera, con distintos propósitos, el conflicto y, de paso, dotarla de una negatividad moral para lograr el rechazo inmediato de cualquiera que pretenda poner en cuestionamiento alguna situación. Narrativas que, por un lado, tratan como salvajes a los indígenas y que, por otro, los dotan de total ingenuidad y rebeldía (hacia los ibéricos). Narrativas que buscan, sin más, anular la diversidad propia de los pueblos y, de paso, anular las alternativas que nos pudieran permitir subvertir el ordenamiento actual. Narrativas solo serviles a conservadores y que perpetúan el orden actual de las cosas, justificado porque este orden proviene desde el ayer. 

Carla Cordua

El reciente anuncio del inminente cierre del Jardín Infantil Taqinki por parte de la Universidad Católica del Norte (UCN), ha causado una profunda preocupación en la comunidad local. Aunque se han señalado motivos económicos como la razón principal de esta decisión, es crucial ir más allá de las cifras y reflexionar sobre el rol social y comunitario que una universidad como la UCN debe desempeñar en su entorno.

Las universidades no solo son centros de formación académica, sino también pilares del desarrollo social y cultural. En este sentido, el Jardín Taqinki representa mucho más que un simple servicio educativo: es un símbolo tangible del compromiso de la universidad con el bienestar de su comunidad. A través de él, se ha fomentado el aprendizaje desde la primera infancia, promoviendo valores y consolidando lazos con las familias y el vecindario.

Lejos de considerar el cierre del jardín como una medida inevitable, la UCN podría transformar esta situación en una oportunidad para reafirmar su compromiso con Antofagasta. La creación de un nuevo jardín infantil dentro del campus Angamos no solo sería un acto de gran visión, sino también un gesto profundamente significativo. Esto permitiría a las familias, tanto de funcionarios, estudiantes como de los vecinos, acceder a un espacio educativo integral, reforzando la imagen de una universidad abierta, inclusiva y comprometida con la educación en todos sus niveles.

Así, Antofagasta vería en la UCN a una institución que no solo se preocupa por la formación académica, sino también por el bienestar de la ciudad, fortaleciendo el lazo entre la universidad y la cuidad, y consolidando un entorno que valora la educación desde la primera infancia hasta la formación profesional.

La UCN tiene hoy la oportunidad de marcar una diferencia crucial y transformar esta crisis en una nueva forma de conexión con su comunidad. Al apostar por la educación infantil en su propio campus, no solo cumpliría con su rol académico, sino también con su responsabilidad social, promoviendo un entorno que favorezca el buen vivir y el desarrollo integral de las personas.

Este llamado lo hago como alguien que se formó en esta casa de estudios y que ahora, como docente, ve de cerca cómo la existencia de un jardín infantil ha permitido a varios estudiantes seguir su formación con la tranquilidad de saber que sus hijos están en un entorno seguro y enriquecedor. También lo hago desde mi experiencia personal como hijo de padres que fueron la primera generación universitaria en nuestra familia. Asistí al jardín infantil de la Universidad del Norte del aquel entonces, y gracias a esa oportunidad, mis padres pudieron terminar sus estudios de manera exitosa, lo que ayudó significativamente a mejorar nuestra calidad de vida familiar.

Es tiempo de que la UCN, fiel a los principios del humanismo cristiano, reitere su compromiso con la comunidad y continúe construyendo un futuro donde todas y todos puedan crecer y aprender en un entorno cercano, seguro y acogedor.

*Felipe Cuevas es trabajador de la educación.