Sin embargo, una sociedad se mide también por la forma en que ejerce la fuerza pública y por la capacidad que tiene de proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos: nuestros hermanos menores.

Lo ocurrido el lunes 25 de mayo durante un procedimiento de desalojo en Antofagasta, abre una pregunta que no puede ser ignorada. Mientras maquinaria pesada avanzaba sobre el terreno, organizaciones animalistas y voluntarios debieron desplegar esfuerzos de emergencia para rescatar a decenas de animales. Más de cincuenta felinos fueron retirados del lugar, mientras otros murieron aplastados o resultaron gravemente heridos. Hasta hoy, siguen los rescates.

Aquí no estamos discutiendo si el desalojo debía realizarse o no. La discusión es otra: ¿existió la coordinación necesaria para resguardar la vida de los animales presentes en el sector? ¿Se adoptaron medidas preventivas suficientes? ¿Hubo planificación adecuada entre los distintos organismos involucrados? Esto es algo que manda el ordenamiento jurídico principalmente a la Municipalidad, no es algo nuevo.

Cuando en un procedimiento de esta magnitud terminan muriendo animales indefensos, resulta legítimo preguntarse si existieron fallas de gestión y coordinación institucional. No basta con ejecutar una orden; también es indispensable prever sus consecuencias y minimizar los daños evitables.

Las municipalidades, los servicios públicos y los organismos que participan en estas operaciones tienen responsabilidades que van más allá de la mera ejecución material del desalojo. La protección animal forma parte de las obligaciones que el propio Estado ha ido reconociendo en nuestra legislación y en las políticas públicas desarrolladas durante los últimos años. Hemos evolucionado en aquello.

Por lo mismo, es necesario que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades administrativas que puedan existir. Corresponderá a la Contraloría General de la República, a través de los sumarios e investigaciones respectivas, establecer si hubo omisiones, falta de coordinación o incumplimiento de deberes por parte de las autoridades competentes.

Lo peor que podríamos hacer es transformar esta situación en una discusión ideológica entre quienes apoyan o rechazan los desalojos. Ese no es el punto. Se puede estar a favor del cumplimiento de la ley y, al mismo tiempo, exigir que el Estado actúe con planificación, humanidad y respeto por la vida animal. En el fondo, que el cumplimiento del ordenamiento jurídico sea íntegro y no a medias.

Porque el verdadero estándar de una sociedad civilizada no consiste solamente en recuperar terrenos ocupados ilegalmente. También consiste en asegurar que, al hacerlo, no dejemos atrás a quienes dependen completamente de nuestra protección.

Los animales no eligieron vivir allí. No participaron de decisiones políticas ni judiciales. Eran seres vivos bajo la responsabilidad indirecta de todos nosotros. Y cuando más de cincuenta deben ser rescatados de emergencia y otros terminan muertos bajo maquinaria pesada, la pregunta sobre las responsabilidades ya no es opcional: es una obligación moral y pública que debe ser respondida.