En el marco de los procesos de licitación pública anunciados recientemente, Puerto Antofagasta informó la extensión del plazo para solicitar bases en cinco licitaciones actualmente en desarrollo, correspondientes a proyectos de infraestructura portuaria, logística terrestre y estudios de planificación.

De acuerdo con lo establecido en las Aclaratorias N°1, el plazo original para solicitar bases, fijado para el 8 de febrero, se extiende hasta el 24 de febrero de 2026, ajustándose en consecuencia el calendario posterior de consultas, respuestas y presentación de ofertas técnicas y económicas.

Las cinco licitaciones son:

-Mejoramiento del dragado de los sitios 1 y 2 del Puerto de Antofagasta. 

-Renovación de las defensas de muelle del Frente 1. 

-Construcción de una zona de descanso para camiones en el sector La Negra. 

-Construcción de una caletera de tránsito asociada a la Zona de Desarrollo Logístico La Negra. 

-Diagnóstico y evaluación preliminar del desarrollo portuario en Tocopilla.

«Esta actualización forma parte de una gestión transparente y orientada a promover una participación amplia y bien informada, entregando más tiempo a las empresas para analizar los antecedentes y preparar sus propuestas», señalaron desde Puerto Antofagasta.

Cabe señalar que el proceso de licitación para los Servicios de Inspección Técnica de Obras (ITO) mantiene sus fechas originales, dado que su plazo para solicitar bases aún se encuentra vigente, conforme a lo establecido en las bases administrativas de dicho proceso.

Las empresas interesadas pueden solicitar información adicional y realizar consultas respecto de los procesos a través de los canales oficiales de Puerto Antofagasta, escribiendo a rnunez@puertoantofagasta.cl con copia a nvera@puertoantofagasta.cl

Según explicó la Dirección General de Concesiones, la medida responde a “complejidades detectadas durante el proceso licitatorio”, particularmente asociadas a las condiciones de construcción y operación de la futura concesión. El proyecto será reformulado y las bases de licitación revisadas íntegramente, con el objetivo de incorporar nuevos requerimientos.

No obstante, el anuncio fue duramente criticado por la diputada electa Marcela Hernando, quien calificó la decisión como una señal de abandono hacia la región. “Como despedida de la actual administración es un mal chiste que el MOP tire nuevamente por la borda las necesidades de nuestra región, condenándonos a seguir lamentando muertes, inseguridad y pérdida de eficiencia con carreteras del tercer mundo”, afirmó.

Hernando cuestionó además que el Ejecutivo intente compensar la postergación con otros proyectos viales en la macrozona norte. “¡No nos sirven sus premios de consuelo!”, enfatizó, en alusión a la variada cartera de iniciativas en la zona.

La parlamentaria electa también apuntó a la falta de liderazgo regional frente a la decisión ministerial. “¿Dónde están las autoridades regionales y la descentralización? ¿Por qué tanta pasividad cuando se rompen así los compromisos?”, cuestionó, advirtiendo que la postergación del proyecto mantiene a Antofagasta y Atacama expuestas a una infraestructura vial que no responde a los estándares de seguridad y desarrollo que requiere la zona.

La suspensión del proceso licitatorio vuelve a instalar el debate sobre la capacidad del Estado para ejecutar proyectos estratégicos en regiones clave para la economía nacional, especialmente en un eje vial marcado por altos flujos de transporte minero, accidentes graves y una demanda histórica por una ruta moderna y segura.

La expansión de Sacyr en Chile no pasa desapercibida en el norte del país, donde la empresa mantiene un historial de graves cuestionamientos. El grupo económico es parte de la operación del Hospital Regional de Antofagasta a través de la concesionaria Salud Siglo XXI, gestión marcada por filtraciones, problemas estructurales, fallas en sistemas de climatización, deficiencias en servicios críticos e incluso un incendio que obligó a evacuar el recinto.

Pese a este historial, Sacyr sigue acumulando concesiones en nuestra región y en todo el país. En abril se adjudicó un contrato por 300 millones de dólares para el tratamiento, reúso y comercialización de aguas servidas en Antofagasta por los próximos 35 años, proceso que generó controversia por resolverse en menos de cinco días corridos, incluyendo un fin de semana y un feriado.

Sacyr está presente en Chile desde los años 90’s y controla un amplio portafolio de concesiones, entre aeropuertos, carreteras, hospitales y diversas obras de infraestructura y tratamiento de aguas. Su nuevo contrato en Coquimbo refuerza su posición estratégica en el país, pero mantiene abierto el debate sobre las críticas al desempeño de la empresa.

En el caso del Hospital Regional de Antofagasta, según denuncias de gremios y autoridades regionales, las fallas estructurales en el sistema de cañerías y el mantenimiento general del recinto han puesto en riesgo la seguridad de pacientes y trabajadores.

“El tema de la concesionaria es un tema de larga data. Llevamos ocho años en el hospital y, como comprenderás, han pasado múltiples fallas en que la concesionaria de alguna u otra manera se ha visto involucrada”, comentó Danilo Gómez, dirigente de Fentess (asociación de técnicos del Hospital de Antofagasta), en una reciente entrevista con Diario Regionalista.

El representante explicó que uno de los problemas más graves es el desgaste de las cañerías de agua y aire acondicionado, denunciadas en el informe Ramae, contratado por la misma empresa concesionaria. “Solo se inspeccionaron tres de los ocho pisos del hospital y ya se encontraron cañerías en pésimo estado”, agregó.

«Tras conocerse este hecho, mediante oficio, desde la Seremi de Educación solicitamos antecedentes al alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, y a la Corporación Municipal de Desarrollo Social», señaló la autoridad a Diario Regionalista, añadiendo que además se derivaron los antecedentes a la Superintendencia de Educación.

«Asimismo, derivamos los antecedentes del caso a la dirección regional de la Superintendencia de Educación, entidad que tiene la función de fiscalizar el uso de los recursos públicos que se entregan a los sostenedores y garantizar que efectivamente se utilicen en los procesos educativos de las y los estudiantes», agregó Fernández.

La polémica licitación, adjudicada en marzo de este año y revelada públicamente por el programa Sentido Común en el mes de mayo, contempla una campaña comunicacional que incluye publicaciones en prensa escrita, podcasts y seminarios. Lo que encendió las alertas fue que la propuesta consigna explícitamente que el financiamiento proviene en un 45% de la Subvención Escolar y en un 55% de los fondos Per Cápita de Salud, recursos que por ley deben ser destinados exclusivamente a fortalecer la educación pública y la atención primaria en salud.

Las críticas se han centrado en la legalidad y pertinencia del uso de estos fondos, más aún en un año electoral. El escándalo provocó la remoción del entonces jefe de comunicaciones de la CMDS, Francisco Salazar, además de la reciente salida de la secretaria ejecutiva de dicho organismo, Belguin Cisternas.

Nuevos antecedentes revelados en el último capítulo de Sentido Común (coproducción de Diario Regionalista, El Diario de Antofagasta y El Hashtag) dan cuenta de un documento clave: Una advertencia legal contenida en el certificado de visto bueno de la resolución N°147/25 que aprueba las bases del proceso licitatorio, firmada por Isabel Calisto Hernández, del Departamento Jurídico de la CMDS. En ella se señala expresamente que «no existe ítem en subvenciones estatales para la publicidad institucional, salvo sea en exclusividad con beneficio educación y salud, lo que debe ser controlado por quienes estarán a cargo. Ante ello, dejo a su decisión”.

Sin hacer un mea culpa, Cisternas defendió la polémica licitación y sostuvo que estaba facultada para firmar el acto administrativo, asegurando que el gasto se ajusta a lo establecido por la Superintendencia de Educación y el clasificador presupuestario.

«Las bases de licitación para este proyecto fueron elaboradas (con la posibilidad de contener errores, como en todo proceso), aprobadas por varios funcionarios competentes, y firmada finalmente por mi persona, sin ninguna intención de dolo, asumiendo la responsabilidad administrativa propia del cargo. Las bases fueron publicadas, y contó con la participación de tres oferentes, resultando la adjudicación a una empresa local», señaló.

Belguin Cisternas aseguró, además, que hasta la fecha no existe contrato firmado ni se ha realizado pago alguno a la empresa El Mercurio. La profesional también reivindicó su historial de más de 25 años en la CMDS, donde asegura haber enfrentado decisiones difíciles con rigurosidad técnica, negando cualquier vinculación política.

Sobre el trágico fallecimiento de la docente Katherine Yoma el año 2024, Cisternas recordó que fue señalada como la principal culpable, enfrentando a diario acusaciones de impunidad y falta de investigación. Sobre este punto, señaló que realizó «todas las acciones administrativas y laborales pertinentes ante esta situación y que dependían de mi cargo».

«A la fecha, ni la Fiscalía ni ninguna otra institución me ha citado para aportar a la investigación de este hecho. Empatizo profundamente con el inmenso dolor de la familia de Katherine; como hija y hermana que soy, no puedo imaginar el gran dolor y tristeza por lo que atravesaron, y el amor que tengo por mi propia familia me impide soltar la mano de los míos en un momento así», enfatizó.

«Mi carrera profesional la he construido sobre la base de mis habilidades, capacidades técnicas, honradez y valores. He asumido responsabilidades significativas, ocupando roles como Jefa de Presupuesto, Directora de Administración y Finanzas y más recientemente, Secretaria General Ejecutiva», agregó.

También acusó que «una cantidad considerable de personas, utilizando cuentas falsas o a través de programas de televisión, diarios digitales y redes sociales, han enlodado mi nombre, menospreciándome y menoscabándome. Esto ha causado un daño incalculable a mi persona, obligándome a lidiar diariamente con insultos dirigidos no solo a mí, sino también a mi círculo más íntimo».

Nota de Diario Regionalista: Contrario a lo señalado por la señora Belguin Cisternas en su declaración pública, nuestro medio de comunicación intentó en reiteradas ocasiones obtener su versión sobre los hechos a través de los canales institucionales correspondientes. Sin embargo, no hubo respuesta.

A continuación la declaración pública completa:

El episodio abordó en profundidad las múltiples aristas del contrato por $65 millones firmado entre la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) y una empresa del holding El Mercurio, destinado a una campaña comunicacional financiada con recursos provenientes de educación y salud.

Durante la transmisión, se reveló un documento clave: Una advertencia legal contenida en el certificado de visto bueno de la resolución N°147/25 que aprueba las bases del proceso licitatorio, firmada por Isabel Calisto Hernández, del Departamento Jurídico de la CMDS. En ella se señala expresamente que «no existe ítem en subvenciones estatales para la publicidad institucional, salvo sea en exclusividad con beneficio educación y salud, lo que debe ser controlado por quienes estarán a cargo. Ante ello, dejo a su decisión”.

Pese a esta observación, la propuesta fue igualmente adjudicada, en una polémica decisión que salpica directamente al alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, quien preside el directorio de la CMDS y ha asegurado públicamente que desconocía la existencia del contrato.

Como invitados del capítulo participaron el concejal Camilo Kong y la presidenta del sindicato de profesores y profesionales de la educación, Ivette Gareca, quienes expresaron duras críticas, denunciaron posibles licitaciones dirigidas y exigieron asumir responsabilidades políticas y administrativas no solo a la secretaria ejecutiva de la CMDS, Belguin Cisternas, si no también a otros personeros.

Aquí puedes ver el capítulo completo:

Esta lógica, que data por lo menos desde el período de Karen Rojo, no tuvo mayores cambios con el ex alcalde Jonathan Velásquez, y al parecer con la actual conducción alcaldicia no se darán transformaciones importantes en la gestión de servicios asociados a derechos tan importantes como la educación pública.

Este caso no es aislado: La compra de mochilas con útiles escolares con recursos del MINEDUC de la subvención escolar preferencial (SEP) en el período de Karen Rojo, con logo de CMDS, significó el desembolso de millonarios recursos de todas las escuelas y liceos municipales, dineros que las comunidades educativas perdieron para invertir en la mejora de los procesos técnico-pedagógicos y psicosociales para la mejora educativa.

Aunque seguramente la situación más atingente a recordar es el llamado “Caso MAIN”, el cual marcó el fin de la meteórica carrera política de Karen Rojo, precisamente por la compra de una asesoría comunicacional con recursos provenientes de la CMDS.

Para quienes pertenecemos al ámbito de la educación y conocemos sus políticas públicas asociadas, es clara la tendencia a definir el uso de los recursos que entrega el MINEDUC a los sostenedores para “fines educativos”, es decir, se ha ido regulando que los dineros que se entregan a la administración de la educación pública y particular subvencionada se inviertan 100% en el proyecto educativo. Esta idea se fortaleció con la aprobación de la ley de inclusión escolar, lo que generó modificaciones en distintos cuerpos normativos.

La ley de subvenciones establece que el sostenedor gestionará las subvenciones y aportes de todo tipo para el desarrollo de su proyecto educativo, las que sólo pueden destinarse a aquellos actos o contratos que tengan como objetivo directo y exclusivo el cumplimiento de los fines educativos. El incumplimiento de esta disposición es considerada una infracción grave, lo que deberá ser fiscalizado y sancionado por la Superintendencia de Educación.

El nivel de conflictividad que se produce por parte de las distintas administraciones del sostenedor municipal de Antofagasta es bastante grande, y ello ha sido transversal a los últimos alcaldes que ha tenido la comuna. De hecho, el convenio actual entre CMDS y El Mercurio no solamente genera ronchas por el origen de su financiamiento y por el contexto electoral del presente, sino también porque estamos ad portas del traspaso de las escuelas públicas al Servicio Local de Educación, que comienza a gestionar las escuelas desde el 01 de enero de 2026.

Lo anterior requiere que todos los procesos administrativos, técnico-pedagógicos y de infraestructura escolar estén saneados, considerando aspectos cruciales como la necesidad de aumentar la capacidad de matrícula con nuevos establecimientos por la creciente demanda y falta de oferta educativa, las situaciones complejas en el ámbito de la convivencia escolar y el otorgar todos los aseguramientos para el derecho a la educación y el desarrollo pleno de los estudiantes.

El revuelo generado por el reciente convenio comunicacional del sostenedor municipal recién comienza, y sus implicancias serán clarificadas en el mediano plazo. No obstante, es claro el sentido de continuidad de una gestión educativa gerencial y alejada de las realidades de las comunidades escolares, y al parecer se pierde una oportunidad por parte del alcalde Sacha Razmilic de diferenciarse de sus antecesores Karen Rojo y Jonathan Velásquez en la relación con los trabajadores de la educación.

Aún es pronto para visualizar si estamos en presencia de un caso Main 2.0, pero es fundamental que la comunidad antofagastina condene el uso de recursos educativos para otros fines que no sean los niños, niñas y adolescentes.

Por el momento, es de esperar que la representación regional del MINEDUC se pronuncie y tome cartas en el asunto, como establece la ley, y las organizaciones de la sociedad civil sean escuchadas para no repetir los errores del pasado, para así desde la educación aportar hacia la construcción de un mejor futuro, en vez de ser un sistema que reproduce las condiciones existentes de la sociedad que permiten la injusticia y los malos liderazgos.

La licitación, impulsada por ECONSSA -empresa estatal encargada de los servicios sanitarios-, fue resuelta en tiempo récord: menos de cinco días corridos, incluyendo un fin de semana y un feriado.

Este acuerdo le permitirá a Sacyr operar el tratamiento, reúso y comercialización de una parte significativa de las aguas servidas de Antofagasta por los próximos 35 años, con plazo de concesión hasta el año 2060.

Con ello, la empresa suma un nuevo proyecto a su ya abultado portafolio de concesiones en el norte de Chile, que incluye los aeropuertos de Antofagasta, Calama y Copiapó, diversas rutas viales y el polémico caso del Hospital Regional.

La adjudicación ha generado fuertes críticas debido al historial de deficiencias en la gestión del Hospital Regional, donde se han reportado filtraciones, fallas en el sistema de climatización, infraestructura deficiente e incluso un incendio que obligó a evacuar el recinto, afectando gravemente la atención médica.

El diputado por la Región de Antofagasta, Jaime Araya (bancada PPD), expresó su indignación y consideró que esta decisión «es una falta de respeto para Antofagasta».

«Hemos sido majaderos en mostrar y denunciar los incumplimientos de la concesionaria Sacyr respecto de la operación y funcionamiento del Hospital Regional de Antofagasta. Nos parece insólito. Esto es francamente una locura y una falta de respeto para Antofagasta que este proceso se adjudicara en tiempo récord. La pregunta es: ¿Quién es el padrino de Sacyr que permite este tipo de actuaciones?», concluyó.