Según lo expuesto por la abogada Karina Riquelme, en una escucha telefónica autorizada por la justicia, Juan Carlos Morstadt Anwandter, un empresario forestal con quien la víctima mantenía un conflicto territorial, habría señalado que a Julia Chuñil «la quemaron». Esta declaración se produce a casi un año de la desaparición de la presidenta de la comunidad Putreguel, ocurrida el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.

Las abogadas, respaldadas por el Comité de Ética contra la Tortura y Amnistía Internacional, denunciaron que a pesar de la gravedad de esta evidencia, el Ministerio Público habría mantenido el audio en segundo plano. Al mismo tiempo, acusan a la Fiscalía de llevar adelante una línea investigativa enfocada en los propios familiares de la víctima, utilizando testigos con identidad reservada para inculparlos, lo que ha generado una doble victimización.

El principal sospechoso, Morstadt, fue identificado desde un inicio por su conflicto con la dirigente mapuche por 900 hectáreas de bosque nativo que ella defendía, pero a la fecha no ha sido formalizado.

Ante este grave antecedente y la exigencia de esclarecer el caso, diversas organizaciones a nivel nacional han convocado a manifestaciones. En Antofagasta, se ha llamado a la comunidad a sumarse a la protesta que tendrá lugar hoy, miércoles 1° de octubre, a las 18:00 horas en la intersección de Prat con Matta, en demanda de justicia para Julia Chuñil.

La familia de Julia del Carmen Chuñil Catricura, mujer de 72 años desaparecida el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, solicitó formalmente al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, el traslado de la investigación a una fiscalía de otra región, acusando graves vulneraciones a sus derechos como víctimas y cuestionando la actuación de la Fiscal Regional, Tatiana Esquivel.

En la solicitud, presentada por la abogada Karina Riquelme, se detallan hechos que comprometerían la objetividad y eficacia de la investigación: una denuncia penal por apremios ilegítimos contra la fiscal y un fiscal jefe; la filtración de información reservada a medios de comunicación que sindicaron falsamente al núcleo familiar como sospechoso; y el cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena reforzar la búsqueda y proteger a la familia.

La querellante denuncia que en nueve meses la fiscal regional nunca recibió personalmente a la familia, limitándose a dos reuniones por videoconferencia con fiscales adjuntos sin poder de decisión. Asimismo, critica el abandono de líneas de investigación y el uso inadecuado de herramientas de búsqueda, como el georradar, cuya dirección fue entregada a un funcionario de Carabineros investigado por apremios ilegítimos.

“Hemos esperado un tiempo prudente para que Fiscalía de Los Ríos diera cuenta de acciones destinadas a investigar objetivamente todas las líneas de investigación. Hemos solicitado, además, reunión con Fiscal Regional, sin que se pudiera concretar, existiendo entonces una nula comunicación con fiscalía. Tomando en consideración además las investigaciones paralelas por filtraciones y apremios, que se suscitan en la dirección de la fiscal Tatiana Esquivel, es que como querellante hemos solicitado se nombre otra fiscalía regional para llevar adelante una investigación que cumpla con los estándares mínimos comprometidos por el Estado a nivel nacional e internacional”, declaró Karina Riquelme.

Esta solicitud se presenta luego de que la CIDH ordenara al Estado de Chile redoblar los esfuerzos en el caso de Julia Chuñil y proteger a la familia en el proceso. El máximo organismo también solicito se actualice sobre las medidas que tomará el Estado para cumplir con la cautelar en un plazo máximo de 15 días.

Denuncian filtraciones selectivas

En paralelo, Pablo San Martín Chuñil presentó una querella por violación de secreto contra quienes resulten responsables de la filtración de información reservada de la investigación. La acción judicial apunta a la divulgación en marzo de 2025, a través de un reportaje de Meganoticias, de antecedentes falsos que atribuían la presencia de sangre de Julia Chuñil en la casa de una de sus hijas, señalando como sospechoso al núcleo familiar.

Según la querella, dicha información solo pudo provenir de funcionarios públicos con acceso a la carpeta investigativa y vulnera la presunción de inocencia, provocando un grave daño a la honra de la familia.

Además, sostiene que las afirmaciones divulgadas eran falsas y que su uso mediático fue tendencioso y malicioso, estigmatizando a la familia en un momento de profundo dolor.

Para los querellantes, este episodio es una de las pruebas más claras de la falta de objetividad y de las graves irregularidades que han marcado la investigación, y refuerza su llamado a que el caso sea trasladado a otra fiscalía regional que garantice transparencia, imparcialidad y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de derechos humanos.

El acto busca denunciar los impactos ambientales y laborales de distintas faenas en la región, con énfasis en el aumento de enfermedades y accidentes. También pondrá en el centro el caso de Julia Chuñil, defensora del bosque nativo desaparecida en el Wallmapu, reclamando su aparición y “juicio y castigo a los responsables”, junto con críticas al rol del Estado y al avance del “extractivismo y saqueo”.

Otro eje será el rechazo al proyecto minero Comahue, que se emplazaría a 8 km. del sector La Chimba y a 4,5 km. de la reserva nacional, con riesgos para la biodiversidad y sin participación suficiente de comunidades locales. En esa línea, cuestionan la llamada “transición energética verde”, advirtiendo efectos en ecosistemas por iniciativas como el hidrógeno verde.

A nivel urbano, exigirán un plan de remediación para el exvertedero La Chimba, ante las recurrentes quemas que afectan a barrios del norte de la ciudad. En el plano internacional, el llamado incluye un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo palestino que es víctima de genocidio, solicitando al Gobierno “romper relaciones diplomáticas, comerciales, culturales y militares con Israel”.

Las demandas expresadas también incluyen causas laborales y sociales: apoyo a huelgas, educación pública gratuita y de calidad, fin de la violencia machista, entre otras temáticas. Los organizadores invitan a sumarse con la idea de “unir luchas hoy dispersas” y “recuperar el protagonismo” de la movilización social en la región.

Cabe recordar que Julia Chuñil fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2023 en una zona rural de la comuna de Máfil, Región de Los Ríos. Desde entonces, se mantiene una investigación por presunta desgracia, sin que hasta la fecha se haya dado con su paradero, lo que ha generado preocupación y denuncias por falta de avances efectivos.

El encuentro en Antofagasta comenzó este viernes 6 de junio con el foro “¿Dónde está Julia Chuñil?”, realizado en el sitio de memoria La Providencia. Hoy sábado 7 continuó con el conversatorio “Extractivismo y defensa ambiental”, en la sede del Colegio de Profesoras y Profesores.

Finalmente, la jornada concluye con una actividad político-cultural en la Plaza 18 de Octubre que comenzó a las 17 horas y que incluye música en vivo, feria popular, murales y expresiones artísticas, en un espacio de memoria, denuncia y solidaridad.

«Denunciamos al Estado de Chile y sus políticas ecocidas y represivas, que de manera sistemática arremeten contra defensores y luchadores, mientras nos llenan de zonas de sacrificio para garantizar el saqueo empresarial», enfatizaron las organizaciones convocantes.

«Mediante esta declaración expresamos nuestra exigencia irrenunciable por la aparición con vida de Julia Chuñil y hacemos un llamado a la comunidad y a las diversas organizaciones sociales, políticas, feministas, culturales, barriales, de derechos humanos, a que se sigamos fortaleciendo las instancias de articulación y coordinación de las luchas, para que desde todos los territorios sigamos alzando el grito contra su desaparición», agregaron.

Cabe recordar que la presidenta de la comunidad indígena Putreguel fue vista por última vez el 8 de noviembre del año pasado, momento en el cual se inició una investigación por su presunta desgracia.

Las labores de búsqueda se han concentrado en los alrededores de la zona rural de la comuna de Máfil, donde habita. Sin embargo, las diligencias no han tenido éxito.

Desde Amnistía Internacional Chile se pronunciaron sobre este hecho, afirmando que «el Estado tiene la obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente».

«No podemos tolerar más ataques ni amenazas contra quienes alzan la voz en defensa del planeta. Dicho esto, exigimos y seguiremos exigiendo que se hagan todos los esfuerzos para encontrar a Julia Chuñil», precisaron.

Cabe recordar que desde la ONG Escazú Ahora, entidad que patrocina una querella contra quienes resulten responsables del delito de secuestro, homicidio o femicidio de Julia Chuñil, afirmaron que tienen documentados seis años de amenazas en contra de la dirigenta, por parte de personas identificadas, esperando que la Fiscalía investigue esta arista.

El presidente de la organización, Sebastián Benfeld, recordó que Chuñil ha dedicado gran parte de su vida a proteger 900 hectáreas de bosque nativo, sin tener el reconocimiento del Gobierno como defensora ambiental, pese a haber compromisos internacionales sin cumplirse, como el Acuerdo de Escazú.

Cabe recordar que la presidenta de la comunidad indígena Putreguel, fue vista por última vez el 8 de noviembre del año pasado, momento en el cual se inició una investigación por su presunta desgracia.

Las labores de búsqueda se han concentrado en los alrededores de la zona rural de la comuna de Máfil, donde habita. Sin embargo, las diligencias no han tenido éxito.

En ese contexto, el Gobierno, a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, manifestó su preocupación por la falta de resultados en el caso, como lo expresó la seremi del ramo en Los Ríos, Francisca Corvalán.

Desde la ONG Escazú Ahora, entidad que patrocina una querella contra quienes resulten responsables del delito de secuestro, homicidio o femicidio de Julia Chuñil, afirmaron que tienen documentados seis años de amenazas en contra de la dirigenta, por parte de personas identificadas, esperando que la Fiscalía investigue esta arista.

El presidente de la organización, Sebastián Benfeld, recordó que Chuñil ha dedicado gran parte de su vida a proteger 900 hectáreas de bosque nativo, sin tener el reconocimiento del Gobierno como defensora ambiental, pese a haber compromisos internacionales sin cumplirse, como el Acuerdo de Escazú.

Han pasado tres meses desde la desaparición de Julia Chuñil, una mujer mayor indígena en Chile, y el silencio sigue siendo el mayor ruido en su caso. Tres meses en los que el eco de su nombre no ha resonado con la misma fuerza que otros casos de desapariciones, donde el país entero parece conmoverse solo cuando la víctima encaja en el molde. Julia es mayor, es indígena y es mujer: una triple invisibilización que nos grita en la cara la urgencia del gerofeminismo como respuesta a las opresiones que se acumulan en los cuerpos de las mujeres mayores.  

El patriarcado y el viejismo han construido una sociedad que considera a las mujeres mayores prescindibles, irrelevantes e incluso, en términos cruelmente prácticos, desechables. Cuando una mujer desaparece, el impacto mediático y social depende de su «valor simbólico» dentro del imaginario colectivo. Las jóvenes son vistas como víctimas inocentes, las niñas como símbolo de una tragedia nacional, pero las mujeres mayores… ¿a quién le importan? ¿Quién clama justicia por ellas?  

Pero el caso de Julia Chuñil es más que un reflejo del abandono estructural: es también un testimonio de la hostilidad que enfrentan las mujeres mayores indígenas en sus propios territorios. Durante años, Julia vivió bajo la presión y las amenazas de terratenientes que han impuesto su dominio con violencia, persiguiendo a quienes resisten la apropiación de tierras y la devastación del entorno. La desaparición de Julia no puede entenderse sin este contexto. No es solo el descuido de un sistema indiferente, sino la consecuencia de un territorio en disputa donde las mujeres mayores son vistas como obstáculos en la expansión de un poder que se ejerce sin consecuencias.  

El problema no es solo el viejismo, sino el viejismo machista, que refuerza la idea de que las mujeres mayores ya no tienen valor porque han dejado de ser deseables, porque ya no cumplen el rol de madres o cuidadoras que se espera de ellas. Mientras que algunos hombres mayores logran mantenerse visibles en el espacio público —como «sabios», «líderes» o simplemente como figuras con derecho a ser escuchadas—, las mujeres mayores son empujadas al margen. Ya no son jóvenes para ser protegidas ni madres para ser respetadas; se les niega incluso la autoridad de la experiencia.  

Estamos ad portas del 8 de marzo, una fecha en la que se habla de justicia para las mujeres, pero ¿de qué mujeres? Porque Julia Chuñil sigue desaparecida y la rabia colectiva que moviliza no la incluye. En las marchas feministas veremos consignas por las jóvenes asesinadas, por las que han sufrido violencia de género, por las que exigen igualdad laboral, pero ¿dónde están las mujeres mayores en estas demandas? ¿Cuántas veces las hemos escuchado nombrar?  

El gerofeminismo nos dice que las mujeres mayores no solo existen, sino que resisten. Resistieron el machismo que las relegó al rol de cuidadoras, sobrevivieron la precarización de la vejez, enfrentaron el racismo y el clasismo. Y en el caso de Julia, resistieron incluso las amenazas de quienes quieren borrar su historia y su derecho a habitar la tierra.  

No podemos aceptar que la vejez femenina sea sinónimo de silencio. Julia Chuñil merece ser buscada con la misma intensidad con la que se buscan a otras personas desaparecidas. Merece justicia, memoria y que su nombre no se pierda en el tiempo.  

El viejismo machista nos quiere calladas, pero el gerofeminismo es, ante todo, un grito político. Es decir que ninguna mujer, por mayor que sea, debe ser reducida a una estadística de olvido. Julia Chuñil sigue desaparecida, pero nosotras estamos aquí. Y no dejaremos de nombrarla.

Julia Chuñil, de 70 años, desapareció el pasado 8 de noviembre tras recibir múltiples amenazas vinculadas a su lucha por la recuperación de tierras ancestrales. Los terrenos en disputa involucran a un empresario forestal y a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Según la ONG Escazú Ahora, la activista había enfrentado amedrentamientos reiterados debido a su resistencia a abandonar estas tierras.

La querella interpuesta por la ONG detalla que CONADI favoreció al empresario, quien habría recibido el pago íntegro por los terrenos, pese a no cumplir las condiciones del contrato. Además, se critica el rol negligente del organismo en la protección de la comunidad mapuche y sus líderes.

Investigación bajo reserva y respuesta tardía

La investigación sobre el caso fue declarada bajo reserva por la Fiscalía Regional de Los Ríos en diciembre, tras denuncias de la familia sobre irregularidades y temor por su seguridad. No obstante, los avances han sido limitados.

Fue recién el pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando el presidente Gabriel Boric reconoció a Julia Chuñil como una defensora ambiental y comprometió recursos para intensificar su búsqueda. Pese a ello, las acciones concretas del gobierno han sido insuficientes, según activistas y familiares.

Julia Chuñil lideraba una comunidad de 17 familias que desde 2013 ocupa el fundo en disputa, respaldada por títulos de merced reconocidos oficialmente. Durante años, enfrentó no solo intereses privados, sino también la desidia estatal, dedicando su vida a la protección del bosque nativo y los ríos de su territorio.

La desaparición de Chuñil ha desatado críticas contra el Estado chileno por no garantizar la seguridad de los defensores ambientales, en línea con las obligaciones establecidas en el Tratado de Escazú.

Movilizaciones para exigir justicia

Las manifestaciones convocadas buscan visibilizar la desaparición de Julia Chuñil y exigir respuestas concretas sobre su paradero y los responsables de su desaparición. Entre las organizaciones que apoyan la movilización destacan Escazú Ahora y el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT).

El caso de Julia Chuñil es un recordatorio de los riesgos crecientes que enfrentan quienes defienden los derechos indígenas y ambientales en Chile, y releva la necesidad de una acción decidida por parte del Estado para proteger a quienes luchan por un futuro más justo y sostenible.